El Senado buscará avanzar este miércoles con la nueva ley de Discapacidad, que garantiza recursos para las prestaciones y establece un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores durante este año. El oficialismo intentará conseguir dictamen antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina y abrir el camino para su tratamiento en el recinto durante las últimas semanas de noviembre.
El debate comenzará a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por los senadores Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista), respectivamente.
La iniciativa llegó desde la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en octubre con una amplia mayoría, y reemplaza el esquema de emergencia por un sistema permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad.
Los cambios que propone la nueva ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal.
También permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Otro de los puntos garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, y contempla la asignación de partidas presupuestarias específicas. Además, habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y otorga un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo. Luego, la autoridad competente deberá revisar cada caso.
El financiamiento, la principal concesión del oficialismo
Uno de los puntos centrales de la negociación entre los bloques fue la garantía de recursos para sostener las prestaciones.
El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. También establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa condición fue determinante para conseguir el acompañamiento de distintos espacios políticos y avanzar con una iniciativa que reemplaza la declaración de emergencia por un esquema permanente.
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El texto también contempla un cronograma para regularizar durante este año las deudas con los prestadores del sistema.
Los cuestionamientos a Economía por el Presupuesto 2027
La discusión sobre la nueva ley comenzó después de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, el pasado 15 de septiembre.
En ese momento, legisladores de distintos bloques cuestionaron las modificaciones propuestas por el Ministerio de Economía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles de los prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Incluso diputados libertarios manifestaron sorpresa por los cambios incluidos en la iniciativa presupuestaria.
Los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 modifican aspectos centrales de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no disponen su derogación completa.
En ese contexto, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, advirtió sobre el impacto político de esas disposiciones y el riesgo de que la oposición se unificara detrás de una nueva propuesta.
Finalmente, Diputados aprobó en octubre el proyecto de fortalecimiento del sistema con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, junto con el compromiso del oficialismo de modificar los artículos cuestionados del Presupuesto.
Alicia Kirchner pidió acelerar el debate antes del cierre del período legislativo
Durante la última sesión del Senado, Alicia Kirchner solicitó una moción de preferencia para acelerar el tratamiento de la iniciativa.
“Para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones y el financiamiento. Nuestra preocupación es que el tiempo legislativo cierra el 30 de noviembre, y si no se aprueba la misma quedan desprotegidas las personas discapacitadas”, señaló la exgobernadora de Santa Cruz.
Desde el oficialismo le aseguraron a TN que, si el plenario consigue emitir dictamen este miércoles, el proyecto podría llegar al recinto “en las dos ultimas semanas de este mes de noviembre”.
La intención es avanzar con la sanción antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre.
El peronismo también impulsa proyectos para sostener la emergencia
La convocatoria al plenario incluye otras dos iniciativas vinculadas con la situación del sector, presentadas por los senadores justicialistas Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares.
En su proyecto, el legislador chubutense reclama mantener la emergencia en Discapacidad y destaca el alcance de la legislación vigente.
“La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”, sostuvo Linares.
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De esta manera, el Senado debatirá tanto el esquema permanente de financiamiento aprobado por Diputados como las propuestas del peronismo para garantizar la continuidad de la emergencia, en una semana marcada por la visita del papa León XIV y la necesidad de avanzar con los proyectos pendientes antes del cierre del período legislativo.
El plenario encabezado por los senadores Agustín Monteverde (LLA) y Alicia Kirchner (Justicialista), presidentes de Presupuesto y Población, respectivamente, abordará el proyecto de Discapacidad que llegó desde la Cámara de Diputados, que incluye un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores, durante este año.
La iniciativa, denominada ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del Sistema de Discapacidad, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
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Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada a los recursos. El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de distintos bloques.
Cuestionamientos a Economía
Cuando ingresó el proyecto de Presupuesto 2027 a Diputados, el pasado 15 de septiembre, se generaron fuertes cuestionamientos desde el Congreso hacia las autoridades del Palacio de Hacienda.
En ese momento, legisladores libertarios expresaron sorpresa por los cambios que la iniciativa proponía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.
En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich, jefa de los senadores libertarios, advirtió sobre el impacto político que podían tener esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unificara detrás de una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto el pasado mes de octubre con una amplia mayoría, 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, y el compromiso del oficialismo que se modificaran los artículos mencionados.
La senadora Alicia Kirchner pidió, en la última sesión del Senado, una moción de preferencia para acelerar el tratamiento del proyecto. “Para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones y el financiamiento. Nuestra preocupación es que el tiempo legislativo cierra el 30 de noviembre, y si no se aprueba la misma quedan desprotegidas las personas discapacitadas”, señaló la exmandataria de Santa Cruz.
Desde los sectores libertarios, le aseguraron a TN que, tras el dictamen de este miércoles a las 16, el proyecto podría llegar al recinto del Senado “en las dos ultimas semanas de este mes de noviembre”.
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Otros proyectos en la convocatoria
El llamado a sesionar en el plenario del próximo miércoles también establece el tratamiento de dos proyectos del Justicialismo, uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares.
En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia en Discapacidad y sostuvo: “La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”.
