El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para 10 personas condenadas por su participación en el intento de golpe vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro.
La medida, adoptada este sábado por el magistrado Alexandre de Moraes, intensifica las restricciones judiciales tras el reciente intento de fuga de Silvinei Vasques, ex director de la Policía de Carreteras.
La decisión afecta a condenados cuyos procesos judiciales aún se encuentran en fase de apelación. La Policía Federal ejecutó la disposición en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.
Hasta el momento, estas personas cumplían únicamente medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, pero ahora deberán permanecer recluidas en sus domicilios, manteniendo el dispositivo de geolocalización.
Las nuevas restricciones establecen además la prohibición de utilizar redes sociales, recibir visitas o mantener contacto con otros investigados. Se exigió también la entrega de pasaportes y la suspensión de permisos para portar armas de fuego.
El endurecimiento de las disposiciones judiciales se produjo a raíz de la fuga frustrada de Silvinei Vasques, quien intentó abandonar el país al romper su tobillera electrónica durante el día de Navidad.
Vasques viajó en un automóvil alquilado hacia Asunción, acompañado solo por un perro y provisiones. Fue interceptado en el aeropuerto de la capital paraguaya cuando se disponía a volar a El Salvador, tras ingresar al país de forma irregular utilizando la identidad de un ciudadano paraguayo. Finalmente, fue expulsado de Paraguay y detenido por las autoridades brasileñas en Foz de Iguazú.
Vasques, que cumple una condena de 24 años y seis meses de prisión por organizar operaciones destinadas a dificultar el acceso de votantes a los centros electorales durante la segunda vuelta de 2022 —favoreciendo así a Bolsonaro—, se encontraba en libertad provisional hasta que su sentencia quedara firme.
Por su parte, Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, permanece en una celda especial de la Policía Federal en Brasilia. Actualmente, se encuentra ingresado en un hospital privado de la capital, donde se recupera de una cirugía de hernia bilateral mientras sigue bajo custodia.
La resolución del Supremo amplía las restricciones sobre los condenados del caso, limitando severamente sus posibilidades de comunicación, movimientos y acceso a documentación, con el objetivo de prevenir nuevos intentos de fuga y reforzar el control judicial sobre quienes están involucrados en la trama golpista.