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    El Tribunal Constitucional de Polonia retiró la inmunidad a su presidente suspendido y habilitó su procesamiento

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    El Tribunal Constitucional de Polonia retiró la inmunidad a su presidente suspendido y habilitó su procesamiento

    El Tribunal Constitucional de Polonia levantó la inmunidad de su presidente suspendido, Bogdan Święczkowski, y abrió la vía para que la Fiscalía lo procese por presunto abuso de poder y por irregularidades vinculadas al uso de información de vigilancia y material clasificado.

    La decisión se acordó el martes durante una asamblea general de magistrados y se hizo pública el miércoles, en medio de la disputa institucional que enfrenta al Gobierno proeuropeo del primer ministro Donald Tusk con la oposición nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS) y el presidente Karol Nawrocki.

    Święczkowski, aliado del anterior Ejecutivo del PiS, presidió el tribunal desde su designación durante el período en que esa fuerza gobernó Polonia, entre 2015 y 2023. Sus resoluciones como jefe de la corte provocaron choques con la Unión Europea, que cuestionó la independencia del sistema judicial polaco.

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    La Fiscalía pidió retirar la inmunidad del magistrado para formular cargos por supuestamente exceder sus atribuciones cuando ejerció como fiscal nacional, entre 2016 y 2022. La acusación también incluyó el presunto uso no autorizado de documentos procedentes de mecanismos de vigilancia y de información clasificada.

    Los fiscales señalaron además a Święczkowski y a su exvicepresidente, Bartłomiej Sochański, por impedir que jueces elegidos por el Parlamento asumieran y desempeñaran sus funciones dentro del Tribunal Constitucional. La asamblea de magistrados aceptó levantar la protección judicial de ambos, aunque rechazó la petición de autorizarlos para su detención preventiva.

    Por esa decisión, Święczkowski permaneció en libertad. El tribunal no dio consentimiento para su arresto ni para su ingreso en prisión provisional mientras avance la investigación, una de las principales solicitudes presentadas por la Fiscalía.

    El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, celebró la resolución y sostuvo que la medida permitió avanzar con el expediente penal. “El Tribunal Constitucional decidió. La Fiscalía ya puede presentar cargos. Nadie está por encima de la ley”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

    Desde la oposición, el PiS rechazó el procedimiento. Przemysław Czarnek, dirigente adjunto de la formación nacionalista, sostuvo que la decisión de los jueces careció de validez. Święczkowski también cuestionó la legitimidad de la asamblea que retiró su inmunidad y aseguró que, por esa razón, tampoco reconoció sus efectos.

    El presidente suspendido del tribunal se presentó el miércoles por la noche frente al edificio de la institución, donde simpatizantes del PiS protestaron contra su apartamiento. Allí afirmó que no acudiría ante la Fiscalía si recibía una citación, al considerar inválida la resolución adoptada por la asamblea.

    La crisis se profundizó a finales de octubre, cuando Anna Korwin-Piotrowska, la jueza con mayor antigüedad dentro de la corte, suspendió a Święczkowski y asumió de forma interina la conducción del organismo. El presidente suspendido y sus seguidores sostuvieron que Korwin-Piotrowska no tenía facultades para tomar esa medida y acusaron al Gobierno de Tusk de intentar controlar el tribunal.

    Luego de aquella suspensión, grupos de activistas de derecha y extrema derecha instalaron protestas frente a la sede judicial. La policía custodió el edificio y desplegó unidades antidisturbios durante los episodios de tensión registrados alrededor de la corte.

    La controversia también generó consecuencias administrativas. El Banco Nacional de Polonia congeló las cuentas del Tribunal Constitucional porque no logró establecer quién tenía autoridad legal para ordenar transferencias desde ellas, según informó la institución financiera.

    El conflicto por la composición del tribunal se remonta a 2015, cuando el entonces Gobierno del PiS intentó nombrar magistrados para puestos que el anterior Ejecutivo centrista ya había cubierto. El PiS sostuvo entonces que la administración saliente aceleró los nombramientos antes de dejar el poder, mientras que sus críticos denunciaron que los nuevos nombramientos alteraron la independencia del órgano constitucional.

    (Con información de AFP, DW y Reuters)

    Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.

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