En menos de 48 horas, la Justicia Federal de Misiones archivó la denuncia por el supuesto ingreso y egreso ilegal de Flávio Bolsonaro de la Argentina, luego de recibir informes de Interpol y Migraciones que descartaron la existencia de irregularidades.
El fiscal federal de Puerto Iguazú Fabián Ramírez concluyó que no existió delito y desestimó la presentación. Posteriormente, la fiscal revisora Silvia Gutiérrez confirmó la decisión y dispuso el archivo definitivo de ese tramo de la denuncia.
Sin embargo, la investigación por el presunto uso indebido de recursos del Estado para facilitar la salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos continúa abierta en los tribunales federales de Comodoro Py.
La denuncia había sido presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza, y cuestionaba tanto los movimientos migratorios de Bolsonaro como la participación de funcionarios y organismos argentinos en el operativo.
La rapidez del archivo se explica, en parte, porque en Misiones ya rige el sistema procesal penal acusatorio. Bajo ese régimen, los fiscales pueden desestimar denuncias sin necesidad de una resolución judicial, con los controles previstos por la ley.
En este caso, Ramírez desestimó la denuncia por inexistencia de delito y la fiscal superior Gutiérrez confirmó esa decisión, sin que fuera necesaria la intervención de un juez federal.
El fiscal, sin embargo, remitió a su colega de Comodoro Py Paloma Ochoa la parte de la presentación de Pagano referida al eventual uso irregular de vehículos, personal y otros recursos estatales.
Ochoa solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti medidas preliminares de prueba, entre ellas la obtención de fotografías y videos del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú.
Pero todavía no presentó un requerimiento de instrucción para abrir formalmente una causa penal ni formuló imputaciones contra el asesor presidencial Santiago Caputo y los demás funcionarios que habrían intervenido en el operativo, informaron a Clarín fuentes judiciales.
De esta manera, mientras la investigación migratoria quedó archivada en Misiones, la actuación de funcionarios argentinos y la utilización de bienes públicos siguen bajo análisis en Buenos Aires.
En su dictamen, Ramírez sostuvo que Interpol informó que, tras consultar sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura internacionales vigentes contra Flávio Nantes Bolsonaro.
El organismo también comunicó que no existían antecedentes de restricciones internacionales anteriores contra el dirigente brasileño.
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó a la Argentina desde Brasil el 27 de octubre de 2026, a las 22.37, por el Puente Internacional Tancredo Neves.
Según ese mismo informe, egresó del país a las 23.52 de esa jornada desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, a bordo de un vuelo privado con destino a Ecuador.
Es decir, de acuerdo con los registros migratorios citados por el fiscal, Bolsonaro permaneció apenas una hora y quince minutos en territorio argentino, antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos.
La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, que se encontraba en Puerto Iguazú desde el lunes al mediodía, según la reconstrucción del operativo.
Sobre la base de esos informes, Ramírez concluyó que no había existido ningún ingreso ilegal ni delito atribuible al dirigente brasileño.
El fiscal sostuvo que Bolsonaro contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y salir del territorio argentino.
También consideró acreditada la inexistencia de irregularidades en los procedimientos migratorios y en la actuación del personal de los organismos de control que intervinieron dentro de su jurisdicción.
En consecuencia, desestimó la denuncia registrada bajo el legajo Coirón N.º 194241/2026, por inexistencia de delito, y dispuso su archivo conforme al artículo 248 del Código Procesal Penal Federal.
La decisión fue posteriormente confirmada por la fiscal revisora Gutiérrez, con lo cual quedó cerrado el capítulo referido a la supuesta ilegalidad de los movimientos migratorios.
Otro aspecto del dictamen es que Ramírez rechazó la necesidad de producir una serie de medidas solicitadas por uno de los denunciantes para reconstruir el operativo.
El fiscal calificó esas diligencias como «enteramente inconducentes, innecesarias y superfluas» para determinar si Bolsonaro había ingresado y salido ilegalmente del país.
Entre ellas figuraban los registros peatonales y vehiculares del Centro de Frontera, además de las grabaciones de sus cámaras de seguridad.
También se había solicitado información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre bitácoras, manifiestos de pasajeros, cámaras y comunicaciones relacionadas con el vuelo.
Los requerimientos incluían documentación sobre el Gulfstream matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly, y registros de la empresa de turismo Iguaçu Dallas Travel, que habría participado en los traslados terrestres.
Aunque Ramírez consideró innecesarias esas pruebas para la investigación migratoria, algunas podrían resultar relevantes para establecer si existió una utilización irregular de recursos públicos.
Por eso, corresponderá a la fiscal Ochoa evaluar cuáles de esas medidas resultan pertinentes para la investigación preliminar que continúa en Comodoro Py.
Uno de los puntos centrales de la investigación pendiente es la participación de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, en el operativo que permitió la salida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú.
Según la reconstrucción publicada por Clarín, Caputo se trasladó en una Toyota Hiace blanca, conducida por Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General del Ente Binacional Yacyretá.
El vehículo era acompañado por una camioneta Ford Ranger, también blanca, conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad e Informaciones de ese organismo binacional.
Ambos vehículos fueron identificados durante un control policial sobre la ruta nacional 12, alrededor de las 2.50 de la madrugada del miércoles 28 de octubre.
La utilización de esos vehículos plantea un interrogante: si fueron destinados a una operación vinculada con un dirigente político extranjero, ¿existió una autorización administrativa que justificara su uso?
Otro de los funcionarios mencionados es Diego Adúriz, titular de Yacyretá, organismo al que pertenecían los vehículos utilizados por Caputo y sus acompañantes.
Clarín también informó que Cancillería facilitó una camioneta Toyota blanca con chapa diplomática para trasladar a Bolsonaro y su familia, aunque no está confirmado que fuera la misma utilizada por Caputo.
Por otra parte, TN registró una combi Fiat gris, con patente brasileña, perteneciente a Iguaçu Dallas Travel, que habría trasladado a la familia Bolsonaro hasta el aeropuerto.
Según esa reconstrucción, el vehículo fue escoltado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, otro de los organismos cuya intervención podría ser examinada por la Justicia.
Waisman, quien conducía la Ford Ranger, registra antecedentes vinculados con organismos de seguridad estadounidenses. También se mencionó una presunta relación con la DEA, aunque esa vinculación no fue confirmada oficialmente.
La investigación deberá establecer qué funcionarios participaron efectivamente, qué instrucciones recibieron y si la utilización de vehículos, personal y recursos públicos se ajustó a las normas administrativas correspondientes.
Otro aspecto llamativo del operativo fue la elección de Guayaquil, Ecuador, como primera escala del vuelo que trasladó a Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos.
Fuentes judiciales señalaron que esa ruta pudo haber sido elegida para evitar el espacio aéreo brasileño, donde existen normas que permiten a las autoridades aeronáuticas intervenir ante determinadas situaciones. Sin embargo, esa hipótesis no está acreditada.
Bolsonaro había recorrido previamente unos 1.600 kilómetros por territorio brasileño, desde Brasilia hasta Puerto Iguazú, sin que las autoridades de ese país impidieran su desplazamiento.
Ese recorrido plantea interrogantes sobre el conocimiento que pudo haber tenido el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la ausencia de una detención no demuestra por sí sola una decisión de facilitar su salida.
Por ahora, la única investigación que permanece abierta en la Argentina es la referida a la posible utilización indebida de recursos estatales para facilitar el traslado del dirigente brasileño.
La fiscal Ochoa deberá determinar si existen elementos suficientes para impulsar formalmente una causa penal y solicitar medidas que permitan reconstruir las decisiones adoptadas por los funcionarios involucrados.
Así, mientras la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú cerró en menos de 48 horas el expediente migratorio, la investigación en Comodoro Py mantiene pendiente una pregunta: quién autorizó y con qué fundamento el despliegue de recursos del Estado argentino.
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