José Luis Espert apeló este martes el procesamiento que dictó en su contra el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la causa que lo investiga por los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario Federico “Fred” Machado. Para el exdiputado, el fallo en su contra es “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.
Según explicó el exdiputado nacional de La Libertad Avanza a través de un extenso posteo en X, sus abogados presentaron dos recursos de apelación ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro contra el auto del 22 de octubre, que lo procesó por lavado de activos y alcanzó también a su empresa, Varianza S.A.
En el escrito, Espert le pidió a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión y dicte su sobreseimiento. Además, solicitó la falta de mérito con el argumento de que la prueba que el propio juzgado espera, el exhorto enviado a Estados Unidos para determinar el origen del dinero, todavía no llegó al expediente.
En ese sentido, el economista pidió que se dejen sin efecto el embargo de $1000 millones y la prohibición de salir del país, por considerarlos “desproporcionados e injustos”.
Los argumentos de Espert
En su presentación, el exdiputado sostuvo que el procesamiento “se contradice a sí mismo”. Según su lectura, el juez reconoce que el exhorto a Estados Unidos sigue sin respuesta y admite que el único dato que lo distinguiría del resto de las personas e instituciones que trataron con Fred Machado no alcanza para tener por probado el dolo. También señaló que el fallo describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico “sin sospecha aparente sobre su reputación”. “¿Debo ser clarividente yo?”, se preguntó.
Espert aseguró además que “no hubo nada escondido”, remarcó que la transferencia fue bancaria, a una cuenta a su nombre, y que los dos autos que también forman parte del expediente se compraron con factura y por transferencia.
A su vez, afirmó que el contrato de consultoría nunca se exhibió ante bancos ni organismos, y que Machado no recibió de vuelta ningún dinero. “Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”, sostuvo.
Otro de los planteos apunta a que los organismos del Estado que trataron con Machado, entre ellos la Armada, la UIF, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA, no advirtieron nada irregular. Para Espert, la teoría del juez requiere que el único obligado a saberlo fuera él.
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Sobre Varianza S.A., la sociedad que constituyó en 2019 con su esposa, afirmó que nunca facturó a Machado ni a empresas ligadas a él. Dijo que el propio auto judicial califica su intervención de “escasa relevancia” y la procesa igual, con un embargo de $500 millones.
En cuanto a las restricciones, Espert planteó que el fallo señala que no existen riesgos procesales y que él se presentó a cada citación, pero que aun así le prohíbe salir del país “sin plazo”. Remarcó que, entre los tres procesados, los embargos suman $2200 millones, “por una única transferencia de 200.000 dólares”.
El exdiputado criticó especialmente el final del auto, que según su relato incluye una reflexión sobre el lavado y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”. Espert aseguró que nunca fue indagado por esos hechos, que tramitan en otra causa, y que el juez los usa como contexto de las medidas. “Revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, afirmó.
También ratificó sus cuestionamientos a la actuación del fiscal Rodolfo Domínguez y su pedido de que la causa tramite ante el juzgado que investiga los mismos hechos desde 2021. Sobre la Cámara, señaló que hasta ahora “no corrigió ninguna de las irregularidades” que denunció, aunque dijo confiar en que “esta vez sea diferente”. Y finalizó: “Seguiré luchando hasta las últimas instancias”.
La causa por lavado de dinero que enfrenta Espert
La investigación se centra en los 200.000 dólares que Espert recibió de parte de Machado, empresario condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. Según la hipótesis de la acusación, el dinero llegó a través de un contrato de asesoramiento simulado con la minera guatemalteca Minas del Pueblo.
Días antes del fallo, la Cámara Federal de San Martín había rechazado los planteos de nulidad de la defensa contra las medidas de prueba del fiscal y su recusación por “pérdida de objetividad”. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones concluyeron que los actos impugnados se desarrollaron “con arreglo a la normativa aplicable”.
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El procesamiento, dictado sin prisión preventiva, alcanzó además al contador Mariano Cosentino, como partícipe necesario, con un embargo de $700 millones.
