Los casi veinte viajes de Javier Milei a los Estados Unidos, la última recepción que le ofreció Washington esta semana y los proyectos de inversiones para la Argentina que se desarrollan en la capital norteamericana, son el termómetro que sube al ritmo del boom del sector energético argentino. Ese creciente atractivo convive con dos preocupaciones desde la administración republicana: la elección del 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La principal inquietud transmitida desde la Casa Blanca no es la intensificación del reclamo de Buenos Aires a Londres por la soberanía del Atlántico Sur; es el contenido de la denominada Ley Malvinas, que agrava las sanciones para las empresas que operen en las islas. Las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcanzan no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
Estados Unidos presiona al Gobierno y reclama que la Ley Malvinas no afecte a sus empresas








