El Tribunal Oral Federal N°5 reanuda la lectura de acusaciones de la fiscalía a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo y diputado nacional K, Máximo Kirchner, en el juicio Hotesur y Los Sauces, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Las claves del proceso a la expresidenta y su hijo y diputado nacional pasan por el mecanismo que habrían usado la empresa hotelera y la inmobiliaria para blanquear retornos de la obra pública.
El proceso empezó el viernes, está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, y tiene unificadas las dos causas, por orden de la Cámara de Casación Penal.
Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio y participaron de forma virtual de esta primera audiencia. Aunque el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de forma presencial para las indagatorias.
Las claves de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner en el juicio Hotesur y Los Sauces, por asociación ilícita y lavado de dinero
En la lectura del resumen de la elevación a juicio la Fiscalía apuntó que los hechos que se imputan a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.
Según la acusación de la fiscalía “la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar.
Para la fiscalía hubo una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 liderada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.
Advirtieron que según la investigación, “los planes criminales no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos”, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que luego “elaboraron un sistema dedicado a transferir y disimular parte de las ganancias” a la familia Kirchner con préstamos, compra de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejorar en los establecimientos y alquiler de propiedades.
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En relación a la maniobra de blanqueo de dinero la acusación determinó que Néstor y Cristina Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito” de las empresas de Báez y el Grupo Indalo con la actividad hotelera e inmobiliaria.
De acuerdo a la resolución cada uno de los miembros tuvo un rol y “realizó su aporte a la asociación ilícita”. En el caso de Cristina Kirchner mencionó que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Luego junto con Néstor y Máximo Kirchner conformó la inmobiliaria Los Sauces S.A, con la que compraron varias propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111 en Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad.
En el caso de Máximo, el diputado nacional de Unión por la Patria es apuntado como organizador de la presunta asociación ilícita. El hijo de los expresidentes fue nombrado presidente del directorio de la empresa familiar. Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa también fueron imputados como organizadores.
