También se dio cuenta respecto a la formalización y conservación de los libros sociales y los registros contables de la empresa LOS SAUCES, “puesto que aquellos fueron llevados en franca violación a la ley”.
Para evitar alteraciones que permitan modificar la apariencia de los hechos, el legislador ha estipulado que los libros deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada, así como también que se encuentra prohibido: a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos; c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error; d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura; y e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones”:
Tras esa aclaración, la acusación sostiene: “Sin embargo, una, varias o quizás todas las prohibiciones legales fueron cometidas, en tanto a poco que se confronten los libros sociales y contables incautados, se verificará la existencia de tachaduras, folios anulados con la inscripción “erróse” o “anulado”, registraciones de fecha anterior a la rúbrica del libro, asientos no correlativos, además de registraciones cuya operación resulta de imposible localización y discriminación, saldos materialmente imposibles, entre tantas otras falencias”.
Todo lo detallado, según los acusadores, “demuestra una integración en espejo de los órganos de administración y de gobierno, sino que al mismo tiempo deja al descubierto que, con motivo de los lazos denunciados con Lázaro BÁEZ y Cristóbal LÓPEZ y las referencias a la firma LOS SAUCES en la denuncia de noviembre de 2014 que dio origen a la causa n° 11.352/14 “Hotesur” , se intentó retirar, luego de 9 años, a Cristina FERNANDEZ del directorio y a Máximo KIRCHNER de la presidencia”.
Al tratarse de un “caso complejo de corrupción que involucraba a los ex presidentes”, se leyó en el requerimiento, se “advirtieron una serie de irregularidades en el manejo de la empresa LOS SAUCES, todas ellas orientadas a mantenerla entre las sombras mientras se ejecutaba la maniobra de blanqueo de activos”.
Así, durante el período investigado y para “ocultar lo que acontecía en el interior de la empresa, se verá que la gestión de LOS SAUCES no tuvo sede social; sus libros sociales y registros contables fueron llevados en franca violación a la ley y no se encontraban en los domicilios declarados ante las autoridades competentes ; y tampoco tuvo empleados que trabajaran para el objeto social de la firma”.
La fiscalía determinó en la acusación que “para garantizar el éxito de la maniobra, la ex familia presidencial designó y mantuvo un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar, con la finalidad de que, en forma conjunta y coordinada, garantizaran la realización de la maniobra de lavado de activos”.
Cómo el dinero a reciclar “provenía de la corrupción, los acusados colocaron personas con las que poseían un vínculo personal más estrecho prescindiendo de su profesionalidad o aptitud para el manejo de una empresa, los cuales harían su aporte a la maniobra como responsables del directorio a través de la administración de la firma LOS SAUCES”.
Así entonces, desde la constitución de LOS SAUCES, la ex presidente Cristina FERNANDEZ, su esposo Néstor y su hijo Máximo KIRCHNER, “eligieron que éste último ocupara el cargo de presidente de la empresa, y que los dos primeros se mantuvieran como directores suplentes de la firma”.
De esta forma, fue Máximo Kirchner quien, en nombre propio y en representación de su familia, se presentó en las asambleas de fechas 28 de abril de 2009, 27 de abril de 2010, 26 de abril de 2011, 26 y 29 de mayo de 2012, 22 de mayo de 2013, 27 de mayo de 2014, 18 de marzo y 30 de abril de 2015”.
Las acciones detallas y atribuidas al diputado nacional indican: “aprobó los ejercicios económicos de la empresa, ratificó las compras de propiedades, aceptó la construcción de departamentos en terrenos de la sociedad por parte de Lázaro BÁEZ, avaló los alquileres con las empresas de Cristóbal LÓPEZ, Carlos Fabián DE SOUSA, Lázaro BÁEZ y Osvaldo José SANFELICE, ratificó las ganancias de la empresa como consecuencia del flujo dinerario de origen ilícito proveniente de los empresarios mencionados y designó a las autoridades del órgano de administración de la empresa”.
Para dar cuenta de las maniobras de lavado de activos, la fiscalía se refirió a la constitución de Los Sauces SA.
De los libros sociales de la firma LOS SAUCES, las dos primeras veces que se reunió el órgano asambleario fueron el 6 de abril de 2007 y el 12 de marzo de 2008, oportunidad en la que Néstor, Cristina y su hijo Máximo Kirchner “aprobaron los dos primeros ejercicios económicos (2006-2007), en los cuales al igual que al año siguiente (2008) no existieron operaciones comerciales pues la firma, como se dijo, se encontraba inactiva”.
Si bien la dinámica y el contenido de las asambleas ordinarias no variarían, lo cierto es que “sí se modificaría el modo en que serían aprobadas en tanto, a partir del 2009 —cuando comenzaría la empresa a alquilar propiedades a las firmas de los empresarios amigos—, Máximo KIRCHNER se encargaría individualmente de conformar el órgano de gobierno y de tomar las decisiones por “unanimidad”, representando también a su madre Cristina FERNANDEZ, a su padre Néstor KIRCHNER —hasta su fallecimiento en octubre de 2010— y a su hermana Florencia —a partir de aquella fecha—“.
Se reconstruyó el andamiaje delictivo desde su origen y determinó que el puntapié inicial de la maniobra consistió en «la formación de una sociedad comercial que permitiera ser utilizada por los integrantes de la familia Kirchner para diseñar y ejecutar la maniobra de lavado de activos que se proponían encarar junto con los empresarios amigos».
La investigación judicial expuso un punto de quiebre patrimonial determinante: hasta 2006, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni sus hijos registraban antecedentes «como accionistas o directores de sociedades comerciales ni tampoco contaban en su patrimonio con ninguna propiedad destinada al hospedaje de pasajeros».
Fue recién a partir de ese año cuando, a título personal y mediante firmas creadas a medida como Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., comenzaron a incorporar de forma masiva inmuebles, terrenos y complejos hoteleros con el propósito deliberado de convertirlos en «el objeto del mecanismo para canalizar ganancias ilícitas».
Las cifras volcadas en el expediente reflejan con exactitud la correlación entre las decisiones del Poder Ejecutivo y el crecimiento patrimonial familiar. Entre 2006 y 2008, las compañías de Lázaro Báez resultaron adjudicatarias de contratos viales en suelo santacruceño por «más de tres mil millones de pesos». En ese idéntico lapso, y a partir de sucesivos cruces y transacciones con las empresas del contratista, los Kirchner obtuvieron «los fondos necesarios para adquirir las propiedades, terrenos y hoteles» que luego sirvieron para montar la estructura que garantizó el retorno del dinero público mediante contratos de alquiler sistemáticos y permanentes a favor de las firmas del propio Báez.
Una matriz idéntica se replicó de manera paralela con las empresas del Grupo Indalo, comandadas por Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa. La pesquisa judicial detalló cómo este conglomerado fue beneficiado con «distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos», ramificaciones que sustentaron expedientes conexos en los tribunales federales de Retiro. Sobre esa base, el dictamen fiscal concluye que tras la constitución societaria y la articulación interna de sus órganos de administración, se desencadenó a partir de 2006 «un proceso vertiginoso de adquisición de propiedades, terrenos y hoteles como parte fundamental para el desarrollo de la maniobra de lavado de dinero».
Para los acusadores, según se leyó en la audiencia, la sincronía de las fechas echa por tierra cualquier hipótesis de una iniciativa comercial espontánea.
El dictamen fiscal remarcó que «no es casual que este proceso inicial de la maniobra en el que la ex familia presidencial constituyó la empresa y adquirió propiedades haya ocurrido entre los años 2006 y 2008». Por el contrario, la instrucción comprobó que esa etapa fundacional se desplegó «en simultáneo a que desde el Estado los propios ex presidentes le garantizaban a las empresas del Grupo Báez el mayor flujo de fondos como consecuencia de la asignación de obra pública vial en Santa Cruz», tal como quedó acreditado en la causa conexa por fraude a Vialidad Nacional.
El requerimiento sostiene que los “notables beneficios recibidos por LÓPEZ y DE SOUSA y los pagos efectuados a favor de la sociedad LOS SAUCES, ya fuera sin causa que los justifique o enmarcados en contratos de alquiler que resultaban innecesarios o más costosos que los valores de mercado, resultan a todas luces la disimulación de la entrega de fondos que —y como hipótesis mínima— resulta el agradecimiento por los favorecimientos otorgados bajo su gestión, sin perjuicio que en la futura instancia su conducta resulte subsumida en un delito más grave”.
Para el ofrecimiento de la dádiva por parte de los empresarios al matrimonio Kirchner, “instauraron un mecanismo de reciclaje a través de la actividad inmobiliaria y hotelera conjuntamente con sus hijos, para ello entre otras cosas, crearon la empresa LOS SAUCES, la nutrieron de propiedades, y luego se las alquilaron a las empresas INVERSORA M&S y ÁLCALIS DE LA PATAGONIA del GRUPO INDALO”.
Pusieron a disposición todo un “esquema de reciclaje de activos con el objetivo de que la canalización de los fondos se realizara en forma disimulada a través de una actividad lícita —como es la inmobiliaria y la hotelera— pero que en realidad permitía ocultar el origen espurio de los bienes y, así, luego mediante distintos mecanismos retirar los fondos de la sociedad para poder disponer libremente de ellos”.
En definitiva, dijo la fiscalía, los hechos detallados permiten exponer la existencia de un “esquema de beneficios que decantaba desde distintos organismos dependientes del PEN —antes DNV y ahora AFIP— a favor de los empresarios LÓPEZ y DE SOUSA, sino que además, se ha podido acreditar cómo el producido de aquél beneficio era canalizado hacia las empresas del grupo —Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia— que luego contratarían a la empresa de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia KIRCHNER”.
Todo lo expuesto, permite sostener que mientras Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ ocuparon el PEN, “Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA verificaron un aumento patrimonial fenomenal en forma personal y a través de sus empresas, en esferas de negocios que dependían del control o la autorización estatal, así como también, como consecuencia del otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos, por lo que aquellos a través de algunas de sus empresas entregaban en concepto de dádiva —en agradecimiento— dinero que era canalizado mediante el alquiler de propiedades y servicios a una de sus empresa”.
De esta forma, los contratos otorgados en materia de obra pública vial a una de las empresas del grupo Indalo y las “ganancias que ello necesariamente implicaba, en parte eran transferidas en simultáneo a la firma del conglomerado que contrataba con la sociedad de los ex presidentes a precios más altos de los de mercado y/o por conceptos que resultaban innecesarios”.
Así, dice el requerimiento, “según ha podido acreditarse en dichos actuados, en el período comprendido entre los años 2011 y 2015, en la AFIP se estableció un circuito por el cual deliberadamente los funcionarios a cargo de la recaudación de las rentas públicas —encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray— no le exigirían a la empresa petrolera de Cristóbal LÓPEZ y Carlos DE SOUSA, OIL COMBUSTIBLES, el pago del ICL, permitiendo que se acumularan sumas miles de veces millonarias de deuda con el Fisco y frente a esta situación, en vez de exigir el pago de lo adeudado, le concedieran en forma ilegítima planes de facilidades de pago de índole general y particular, generando así una deuda a favor del Estado Nacional superior a los 8 mil millones de pesos —$8.926.740.758,91—“.
Todo esto ocurría mientras los empresarios desde el lado privado “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos —incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP— tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permitió aumentar su patrimonio, expandir su conglomerado societario financiándose espuriamente con los fondos públicos y descapitalizar a la firma que era deudora del Estado, merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales”.
A la hora de detallar el beneficio obtenido por el Grupo Indalo durante los doce años de administración kirchnerista, se escuchó en la audiencia: “esos beneficios constituyen el fundamento del ofrecimiento de dádivas y el paso previo a la canalización de fondos a favor de los ex mandatarios y sus hijos a través de la actividad de la empresa LOS SAUCES”.
Mientras que desde el lado privado en el año 2009 la empresa INVERSORA M&S comenzó a alquilar los amenities del edificio “Madero Center” y a partir del 2012 también el dúplex de los pisos 8 y 9 de dicho complejo, desde la faz pública el Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad, le otorgó al menos cuatro obras públicas viales a la firma CPC S.A. —empresa del Grupo Indalo dedicada a la construcción vial— que había sido adquirida a principios de 2009 por la propia INVERSORA M&S”.
Mientras la firma CPC S.A. resultaba adjudicataria de obras públicas viales y, por lo tanto, cobraba dinero del Estado Nacional producto de dichas obras, la firma le “transfería en concepto de “préstamos” millones de pesos a INVERSORA M&S, que como dijimos, a su vez le canalizaba fondos a la empresa de los ex mandatarios enmarcados en contratos de alquiler que resultaban innecesarios y/o más costosos que los valores de mercado”.
Se detalló que el segundo inquilino de Los Sauces -más del 66% de la facturación- fueron los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
¿Cómo fue la operatoria? El segundo conglomerado empresarial desde el que se canalizaron fondos a la empresa Los Sauces “para ser sometidos al proceso de reciclaje que era instrumentado a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desarrollada por aquella firma, resultó ser el denominado GRUPO INDALO perteneciente a Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA”.
El conglomerado societario de Cristóbal Manuel LÓPEZ, Carlos Fabián DE SOUSA durante los gobiernos de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ “verificó un crecimiento exponencial principalmente en esferas de negocios que dependían del control o la autorización estatal, así como también, como consecuencia del otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos”.
Así, leyó el secretario del TOF 5, mientras los ex presidentes de la nación les”garantizaban a las empresas de Cristóbal LÓPEZ y Carlos DE SOUSA el otorgamiento y concesión de distintos beneficios y negocios, por el otro, a través de sus empresas aquellos le alquilaban a la firma LOS SAUCES los dos departamentos que tiene la firma en el edificio “Madero Center” del barrio de Puerto Madero que devenían innecesarios a los fines de su objeto y lo hacían a valores mayores que los de mercado; y además por separado, los amenities de dicho complejo aunque los empresarios ya contaban con acceso a dichos servicios y pese a que un copropietario no tiene derecho a dar en locación las partes comunes del consorcio”.
Después de detallar toda la obra pública que recibió el Grupo Báez, se hizo particular énfasis en un dato: Kank & Costilla, propiedad de Lázaro Báez, “triplicó sus activos a más de 59 millones de pesos y al año siguiente —en 2008— los vuelve a duplicar superando los 102 millones de pesos, hasta alcanzar en el año 2014 activos por más de 279 millones de pesos”.
Mismo escenario se verifica en relación a la firma LOSCALZO y DEL CURTO S.R.L. la que recibió obras públicas en la provincia de Santa Cruz por $43.608.524,62 y que según se pudo corroborar era subcontratada por AUSTRAL CONSTRUCCIONES para ejecutar trabajos en otras obras que eran adjudicadas a esta última empresa.
Finalmente, dice la fiscalía en su acusación, “se logró establecer que las empresas del GRUPO BÁEZ que resultaron contratistas de obra pública —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto— y otras sociedades del grupo que recibían fondos provenientes de aquellas —Badial, Don Francisco, La Estación, Alucom Austral, La Aldea del Chalten, Diagonal Sur Comunicaciones— canalizaron sumas millonarias a favor de la firma V ALLE MITRE S.A”.
Con Lázaro Báez, dentro del rubro de la construcción vial, los ex presidentes “instauraron una estructura permanente de funcionarios públicos que conjuntamente con ellos se encargarían de direccionar la mayor cantidad de fondos hacia la provincia de Santa Cruz, la que durante los años en los que Néstor y Cristina KIRCHNER estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional sería la provincia más beneficiada en materia de obra pública vial”.
De esta forma, convertirían a las empresas del socio de los ex presidentes —Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Sucesión de Adelmo Biancalani SA, Loscalzo y Del Curto SRL, y Gotti SA— en el mayor contratista de obra pública vial en la referida jurisdicción austral, gracias a la asignación de prácticamente el 80% de las obras —51 obras— por un monto de $16.447.135.922,59 que actualizado a agosto de 2016 representa un total de $45.947.946.238”.
El requerimiento explica que una vez que las empresas del GRUPO BÁEZ habían sido adjudicatarias de las obras, “mediante procedimientos licitatorios plagados de irregularidades se le garantizó al devenido empresario de confianza de los expresidentes un esquema de beneficios que implicaría mediante esta operatoria un importantísimo perjuicio para las arcas del Estado Nacional”.
Todo ello, le permitió a Báez quien en el año 2003 era empleado bancario y monotributista con un patrimonio neto de poco más de 800 mil pesos ($822.717,30), “tener un patrimonio personal que en 2014 superaba los 67 millones de pesos, bienes por más de 137 millones de pesos ($137.373.319,53), y su principal empresa, AUSTRAL CONSTRUCCIONES, activos por más de 1000 millones de pesos ($1.729.267.669,04)”.
Las investigaciones llevadas a cabo se “enlazan unas con otras puesto que el dinero que había sido defraudado al Estado Nacional mediante el favorecimiento ilegítimo de las empresas del conglomerado societario de Lázaro BÁEZ, constituye a todas luces el paso previo a la maniobra que se describe, ya que es aquél ilícito una de las fuentes de donde provienen los fondos con los que luego las firmas de BÁEZ enfrentarían los sucesivos pagos a la firma LOS SAUCES”, leyó durante la audiencia de este lunes.
Durante los últimos doce años -misma ventana temporal a de las maniobras de lavado a través de Los Sauces y Hotesur-, “existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de asignar fondos públicos al socio de la familia, Lázaro Antonio Báez, para ello días antes a la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003, Báez constituyó la empresa Austral Construcciones”.
¿Cómo se constituyó la firma insignia de Báez? Mediante el aporte de tres mil pesos ($3.000), lo que representaba el 25% del capital social de la empresa que apenas ascendía al mínimo legal de doce mil pesos ($12.000)”.
Toda maniobra de lavado de dinero, exige la determinación del delito precedente esto es: de dónde se obtuvo el dinero espurio que se vuelca a las operaciones de blanqueo, para darle apariencia de licitud.
En ese sentido, el requerimiento detalla: “La investigación llevada a cabo en el presente sumario no se despliega en soledad ni deber ser aislada de la hipótesis criminal que se juzga en el marco de la causa n° 5048/16 “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” (el caso Vialidad) en tanto ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad”.
Para dar cuenta de cómo se arribó a la conclusión de las operaciones de lavado realizadas a través de las empresas de la familia Kirchner, se avanzó con el detalle de la operatoria.
“La mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—, lo que exhibe que los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez”.
Otra vía de ingreso de los fondos, dice la acusación, eran las dádivas: “ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos”.
Finalmente, detalla la elevación a juicio que a través de la actividad inmobiliaria y hotelera “se instrumentaron las maniobras de lavado de dinero y la necesidad de complejizar los 81 diferentes mecanismos, a través de la creación de sociedades, el otorgamiento de poderes, la compraventa de propiedades en forma cruzada”.
Todo eso requirió , requirió la participación de los escribanos Ludueña y ALbornoz, “quienes aportaron a la organización las funciones y conocimientos que su rol como notarios le otorgaban”.
De esta forma, se escuchó en la audiencia “cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó, el que ha podido demostrarse a partir de las pruebas recolectadas en los distintos sumarios de los que se desprende no solo el acuerdo de voluntades de los nombrados, sino también se verifica la actuación coordinada de aquellos, que ensamblándose como piezas de un rompecabezas, permitieron diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes”.
Por otro lado, se continuó leyendo durante la segunda audiencia, los ex presidentes “contaron con otra persona de confianza, Carlos Sancho quien además de intervenir desde su rol como gobernador de Santa Cruz participaría en las maniobras de lavado de dinero, desde el órgano de directorio de Hotesur, a través de un poder general que Sanfelice le extendió respecto de la firma Negocios Patagónicos y mediante cobro y gestión de alquileres del condominio de Máximo y Florencia Kirchner correspondiente a los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner”.
Del otro lado del “negocio espurio”, versa el requerimiento de elevación a juicio, “se encontraban como dijimos los empresarios Báez, López y De Sousa, quienes aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable a los fines de, por un lado, hacerse de los fondos públicos y de los beneficios que se le garantizaban desde la esfera pública, y luego fueron quienes organizaron los canales por los cuales una parte de aquellos fondos retornaban a la familia de los ex presidentes”.
Más personas intervinieron en las operaciones, definidas por la justicia federal como “ ello, personas de confianza”, como Martín Báez y Emilio Martín “quienes emitían los cheques a favor de las empresas Los Sauces y Hotesur y se encargaban desde su función gerencial en la estructura administrativa de las empresas del Grupo Báez de organizar los pagos, suscribir los documentos por los cuales la empresa Austral Construcciones, compró propiedades pertenecientes a los ex presidentes con el objetivo de que le ingresen fondos limpios”.
En relación a Víctor Manzanares, siguió leyendo el secretario del Tribunal, las pruebas reunidas durante l investigación, “permiten concluir que aquél, en virtud de su profesión como contador, era el encargado de organizar los aspectos contables necesarios para el desarrollo y consecución de las maniobras de lavado de dinero instrumentadas a partir de las firmas LOS SAUCES y HOTESUR”.
¿Qué hizo? “Llevó adelante la administración general y la contabilidad de las empresas”.
Asimismo, dice la acusación el ex contador de la familia Kirchner, “dentro de los diferentes planes destinados a apoderarse de los fondos públicos fue quien se ocupó del manejo de la facturación de las firmas Los Sauces y Hotesur”.
Junto con esas acciones, se le atribuyó que fue quien “analizó y proyectó las operaciones con el objetivo de que fueran compatibles con el incremento patrimonial de la familia presidencial plasmadas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción”.
Osvaldo Sanfelice, fue quien se ocupó de administrar los inmuebles de la sociedad Los Sauces a través de la firma NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA, de la que es socio también Máximo Kirchner, y mediante la empresa Negocios Patagónicos SA, transfirió a Los Sauces SAUCES la propiedad ubicada en Mascarello n° 441 de la ciudad de Río Gallegos”.
Se trata del chalet que utilizaba como residencia Cristina Kirchner cada vez que viajaba a la capital santacruceña.
Entre la prueba valorada, se determinó que además, Sancelice, “suscribió contratos de locación, se ocupó del cobro de cheques y la percepción de los cánones locativos. Contaba con un poder expedido por Negocios patagónicos S.A. a Sanfelice y cesión de boleto de compraventa entre dicha firma y Los Sauces S.A”.
Todo ello, mientras que desde el mes de junio de 2006, el propio Sanfelice además se desempeñó como empleado de la firma ÁLCALIS DE LA PATAGONIA perteneciente a López y De Sousa, que “resultó beneficiaria indirecta de la defraudación a través del ICL y en forma directa a través de la reestructuración de deuda con el Estado, mientras que en simultáneo le alquilaba propiedades a la firma Los Sauces”.
En 2013 cuando estalló el escándalo de la Ruta del Dinero K, Cristina Kirchner rompió el último lazo comercial que la unía a Lázaro Báez. Determinó que el empresario que garantizó el pago mes a mes de un millonario canon y en simultáneo fue beneficiado con la obra pública vial de forma sistemática e irregular, no debía administrar más los hoteles familiares.
Cuando fue necesario -dice la acusación- que se cambiara a la firma Valle Mitre como empresa pantalla para “canalizar fondos a través de la actividad hotelera de las empresas Hotesur, Los Sauces y a partir del hotel Las Dunas perteneciente a la sucesión de Néstor Kirchner, “abandonó su cargo como presidente de Hotesur y mediante una empresa inactiva que poseía con su esposa Marta Leiva, se hizo cargo de la explotación de los hoteles”.
Por su parte, Osvaldo Sanfelice de extrema confianza de los ex presidentes y ex socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA, tuvo un rol preponderante en la “puesta en marcha, funcionamiento y organización de los dos mecanismos de lavado de activos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria”, dice el requerimiento de elevación a juicio.
¿Cómo se sustenta esta acusación? La fiscalía determinó que Sanfelice fue quien actuó “en nombre” de Néstor Kirchner para adquirir la firma Hotesur, “fue quien llevó el dinero en efectivo a los vendedores”.
Pero además, se continuó leyendo, “actuó como apoderado de los ex presidentes y de Los Sauces, así como también se desempeñó como presidente de Hotesur desde el año 2008 hasta el año 2013”.
En igual sentido, se continuó leyendo por secretaría, Romina Mercado, sobrina de los ex mandatarios, “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos, tanto como directora y presidente de la firma Hotesur—esto último luego de que Sanfelice en el año 2013 dejara el puesto para hacerse cargo del gerenciamiento de los hoteles de la familia Kirchner a través de la firma IDEA S.A (de Osvaldo Sanfelice) y a partir del 18 de marzo de 2015 asumiría como presidente de Los Sauces en reemplazo de Máximo Kirchner”.
Asimismo, se dio constancia en el requerimiento, Mercado se desempeñó en relación de dependencia en la firma INVERSORA M&S, perteneciente al Grupo Indalo, que “recibía fondos provenientes de la obra pública vial y de la defraudación al estado a través del ICL y que le giraba fondos a la empresa Los Sauces por el alquiler de propiedades, actuando de esta forma de los dos lados del mostrador”.
Asimismo, determinó el Ministerio Público Fiscal, la participación de Máximo Kirchner “dentro de la organización criminal no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces y por lo tanto a la maniobra de lavado de activos que a través de aquella se desarrollaba, sino que además también resultó accionista de la firma Hotesur (la firma hotelera)”.
Dentro de las acciones reprochadas al hijo de Cristina Kirchner, se enumeró: “vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles, retiró fondos de aquella sociedad”.
Para que las operaciones de blanqueo se lleven a cabo, a través de la simulación del alquiler de inmuebles que la justicia determinó que no eran necesarios ni indispensables para los empresarios, la estructura criminal contó con la intervención de otras personas.
“Con la colaboración del escribano Ludueña y del contador Manzanares, constituyeron la empresa que serviría de “pantalla”, y nombraron a Máximo Kirchner como único director y presidente de la firma, quien entonces actuaría en representación de los otros socios —sus padres— realizando los actos necesarios para el funcionamiento de la entidad, incorporando los inmuebles a la firma, suscribiendo los contratos simulados y beneficiándose con el retiro de fondos de la empresa”.
Todo comenzó, consta en el expediente, con la constitución de la inmobiliaria que después tuvo dos inquilinos exclusivos: Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes representaron el 88% de la facturación de la empresa que jamás contó con sede comercial real.
Así dice en el requerimiento de elevación a juicio: “Los ex presidentes y su hijo Máximo, en el año 2006, formaron la firma Los Sauces con la finalidad de que se canalicen por allí, disimulados tras la actividad inmobiliaria y hotelera, fondos provenientes de las empresas de Báez, López y De Sousa, que en simultáneo eran beneficiadas con contratos de obra pública, beneficios fiscales, concesiones, etc”.
El secretario del TOF 5 leyó lo referente a la “organización criminal destinada a sustraer y apoderarse de fondos públicos”.
Las acusaciones sostienen: “El cuadro probatorio ha permitido corroborar la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los aquí imputados, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos entre el 8 de mayo del 2003 y el 14 de diciembre del 2016”, sostiene el requerimiento del cual se dio lectura.
Esa asociación ilícita, comandada por Cristina Kirchner con un rol preponderante de su hijo Máximo, estaba “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
Al detallar todas las pruebas que sustentan la acusación, el Ministerio Público indicó en la elevación a juicio que “para articular dicho plan criminal y sostenerlo durante más de doce años fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”.
El detalle incluyó a “funcionarios públicos, su hijo, los empresarios beneficiados, profesionales contadores y escribanos”, así como también, de distintas personas de confianza, que “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los ex presidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios de la organización delictiva”.
Mientras que los ex presidentes, consta en la acusación, que “dirigían y controlaban la organización criminal, actuarían de ambos lados de los hechos criminales, valiéndose de su rol y jerarquía para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.
Se habló de la “complejidad de la maniobra criminal” y que para tener por acreditados los hechos que comenzaron a juzgarse desde el viernes pasado, la fiscalía dio cuenta de los fundamentos que permitieron corroborar “los hechos y la responsabilidad de cada uno de los imputados”.
“Como se ha visto, se investiga una compleja maniobra delictiva por medio de la cual los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa a expensas del erario público”, se escuchó en la audiencia.
La lectura avanzó y detalló: “antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner, que como se ha dicho se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera los que son investigados en estas actuaciones”.
A partir de las 10 se reanuda la audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.
A la cabeza de las acusaciones se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto a la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta.
Este debate a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general, Diego Velasco, involucra a otras personas que conformaron el entorno de extrema confianza de la familia Kirchner: Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho, entre otros.
Por secretaría se continuará dando lectura al requerimiento de elevación a juicio del expediente Los Sauces SA, la firma inmobiliaria.
Respecto a Los Sauces, las estimaciones judiciales situaron las maniobras de la inmobiliaria por encima de los 30 millones de pesos (valores históricos a 2015), donde más del 85% de los ingresos de la firma dependían de las empresas de Báez y de López. Solo a través de firmas vinculadas al Grupo Indalo (como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia) se canalizaron de manera directa más de 18,5 millones de pesos, sumados a contratos indirectos por medio de sociedades intermediarias que administraban las locaciones.
Por su parte, en el expediente de Hotesur S.A. —propietaria del hotel Alto Calafate—, la Justicia investigó el blanqueo de activos mediante la contratación y garantía de ocupación de habitaciones que no siempre eran utilizadas por los contingentes de las constructoras.
Según los cálculos de la acusación fiscal a valores de 2015, a través del mecanismo hotelero se habrían blanqueado aproximadamente 80 millones de pesos.
En conjunto, el circuito unificado de ambas causas contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período, maniobras que, de acuerdo con los requerimientos judiciales, derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.
Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner.
La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.
El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.
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