El aumento de la presencia de traductores y asesores jurídicos en las oficinas públicas de Minneapolis, junto con las campañas informativas en varios idiomas, reflejó un esfuerzo coordinado para reducir el miedo entre las comunidades migrantes ante la intensificación de las redadas migratorias federales. De acuerdo con CNN, el ayuntamiento de la ciudad aprobó nuevas regulaciones que restringen la entrada de agentes federales de inmigración a colegios, complejos de viviendas públicas y centros comunitarios, como respuesta directa al incremento de operativos impulsados por la administración del expresidente Donald Trump. Estas acciones federales, reportó el medio, impactaron especialmente a la comunidad somalí-estadounidense en las Ciudades Gemelas.
Tal como publicó CNN, los funcionarios locales de Minneapolis decidieron reaccionar frente al aumento de redadas adoptando medidas dirigidas a proteger los derechos de los residentes y reducir la ansiedad derivada de posibles detenciones y deportaciones. Entre estas medidas se incluyeron la elaboración y distribución de materiales educativos sobre derechos legales, disponibles en varios idiomas, así como el desarrollo de programas de asesoramiento legal gratuito. Estas iniciativas parten de la premisa de garantizar a los residentes acceso a información confiable y comprensible sobre sus derechos, en particular para quienes no dominan el inglés.
El medio CNN detalló que la información entregada por el ayuntamiento incluía guías y folletos multilingües, con recomendaciones como el derecho a guardar silencio, la facultad de solicitar la presencia de un abogado antes de responder preguntas y la exigencia de presentar una orden judicial válida para permitir la entrada de agentes al domicilio. Los talleres orientados a explicar estos derechos también subrayaron la importancia de actuar conforme a la ley para minimizar riesgos ante posibles intervenciones de las autoridades federales.
La ola reciente de redadas no se limitó a Minneapolis. Según CNN, en Nueva Orleans se lanzó el operativo “Catahoula Crunch”, donde la prioridad recayó en la detención de personas catalogadas como “prioritarias” por el Departamento de Seguridad Nacional. Este grupo incluía migrantes indocumentados, así como individuos con causas pendientes o acusaciones por delitos graves, entre ellos robo armado, allanamiento de morada y agresión sexual.
La intensificación de los controles migratorios durante la presidencia de Trump marcó un aumento de la tensión entre gobiernos locales y federales, como han consignado tanto CNN como CBS. Las autoridades municipales argumentaron que una colaboración total con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría desalentar a los residentes de buscar ayuda en caso de ser víctimas de delitos o requerir acceso a servicios esenciales, lo que podría afectar la seguridad pública y el bienestar colectivo en la ciudad. Según estos medios, el temor y la desconfianza incrementados entre la población obstaculizaron procesos de integración e impactaron también a ciudadanos estadounidenses dentro de hogares mixtos.
En ese contexto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó cualquier vinculación de la población somalí-estadounidense con situaciones de inseguridad, enfatizando en declaraciones recogidas por CNN la contribución económica y social de este colectivo a la ciudad. Frey también respondió a comentarios negativos realizados por el entonces presidente Trump, reafirmando la necesidad de proteger los derechos legales de todos los residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses, ante los efectos de las redadas.
Tanto líderes comunitarios como funcionarios municipales de la ciudad respaldaron la postura de Frey y la implementación de programas de protección, argumentando, según CNN, que la estrategia federal contribuyó al aumento de la ansiedad en algunos barrios, entorpeciendo el acceso a servicios de asistencia, educación y aumentando la fragmentación social. El despliegue de una red jurídica multidisciplinaria, talleres de capacitación sobre derechos y la inclusión de personal multilingüe en instalaciones municipales formaron parte de la política local de contención frente a la coyuntura nacional.
Según CNN, la prioridad del gobierno municipal se centró en disminuir el miedo a la deportación y fortalecer el conocimiento de las herramientas legales disponibles, especialmente para la población con barreras idiomáticas. Este enfoque produjo la elaboración de materials impresos, charlas y encuentros comunitarios orientados a informar sobre los procedimientos migratorios y las vías de protección legal.
En el plano nacional, la respuesta ante los operativos federales mostró diferencias entre niveles gubernamentales. CBS reportó que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, defendió las acciones ejecutadas por autoridades federales en Nueva Orleans, justificando los operativos en términos de seguridad pública. Por otra parte, la alcaldesa de la ciudad, LaToya Cantrell, optó por no emitir declaraciones oficiales durante el desarrollo de las redadas, reflejando la complejidad política que rodeó a estos sucesos y la dificultad de los gobiernos locales para adoptar una posición pública unánime frente a actuaciones federales.
Las discrepancias entre autoridades estatales y municipales ilustran el debate sobre la cooperación en política migratoria, según lo publicado por CBS, donde la presión federal chocó con los límites y responsabilidades asumidos por los municipios. Mientras tanto, portavoces del Departamento de Seguridad Nacional, como Tricia McLaughlin, expusieron a CNN que la existencia de regulaciones propias en denominadas “ciudades santuario” dificultó la captura de personas buscadas por la justicia federal, lo que motivó la intensificación de los operativos. Según las autoridades federales, la falta de colaboración de los gobiernos locales complicó la labor de los agentes y justificó la continuidad de las medidas de control focalizadas en estos territorios.
En Minneapolis, la consulta sistemática a especialistas en derecho migratorio, el impulso de campañas informativas y el aumento de recursos financieros asignados a la traducción y la asistencia jurídica institucional se integraron como elementos centrales de la respuesta a la coyuntura migratoria, reportaron CNN y CBS. Esta red de apoyo permitió a las familias acceder a información legal relevante y entender los procedimientos administrativos, incluso en ausencia de dominio del idioma inglés. Las actividades públicas y la repartición de materiales impresos posibilitaron la difusión eficiente de información en barrios vulnerables.
El reforzamiento del enfoque multilingüe mediante la contratación de nuevos asesores y la mayor presencia de traductores en oficinas públicas fortaleció la capacidad de reacción local ante operativos federales, según el seguimiento noticioso realizado por ambos medios. Este dispositivo de protección, surgido en Minneapolis pero replicado en otras ciudades estadounidenses, subraya las diferencias entre los niveles de gobierno en torno al manejo de la migración y pone en el centro de la discusión la autonomía de los municipios para resguardar los derechos de sus habitantes.
El panorama general expuesto por CNN y CBS revela una disputa estructural entre la política migratoria federal y la protección de derechos promovida por autoridades locales. En el caso de las Ciudades Gemelas, tanto la elaboración de normativas específicas, como la capacitación regular sobre derechos y la inversión en información de acceso público, definieron estrategias orientadas a preservar la seguridad, integración y acceso a servicios de quienes resultan más vulnerables frente a los procedimientos federales. Modelos similares se observan en otras urbes del país bajo presión federal, circunstancia que mantiene vigentes debates sobre la actuación institucional ante la migración y el papel del gobierno local en la protección de su población, según la cobertura de CNN y CBS.