La Corte Suprema de EEUU reactivó este viernes una base de datos de inmigración ampliada que, según la administración del presidente Donald Trump, tiene como objetivo combatir el voto de los no ciudadanos, pero los críticos sostienen que podría privar del derecho al voto a los votantes elegibles.
Los magistrados concedieron la solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la orden de un juez que había impedido a los funcionarios estatales utilizar los números de la Seguridad Social y otra información para realizar verificaciones exhaustivas del estado de ciudadanía de los votantes registrados cotejándolas con los registros federales.
El Tribunal Supremo de EEUU restableció la verificación masiva de votantes de Donald Trump
El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, mientras sus tres magistrados liberales discreparon de la orden del viernes. La mayoría afirmó que los argumentos de los demandantes probablemente fracasan porque la ley federal autoriza expresamente al Departamento de Seguridad Nacional a solicitar y recibir información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio de otras agencias, incluida la Administración del Seguro Social.
El acuerdo de intercambio de datos de la administración es una de las medidas que impulsan la participación del gobierno federal en las votaciones de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos, correligionarios de Trump, buscan mantener el control del Congreso. La Constitución de EEUU otorga a los estados la autoridad principal para organizar y administrar las elecciones.
El Departamento de Seguridad Nacional rediseñó el año pasado una base de datos federal conocida como Sistema Sistemático de Verificación de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), utilizada para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de una persona.
La renovación permitió a los usuarios buscar en múltiples registros simultáneamente y realizar búsquedas utilizando los números de Seguro Social de las personas. Desde entonces, varios estados gobernados por republicanos han comparado sus listas de votantes con la base de datos, y a algunos votantes señalados como posibles no ciudadanos se les ha cancelado el registro.
Los críticos afirman que estas acciones relacionadas con las elecciones por parte de los republicanos están motivadas menos por la preocupación por la seguridad electoral que por un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, lo que conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a electores elegibles, a menudo de tendencia demócrata.
Trump aplicó políticas de línea dura en materia de inmigración y ha hecho afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado, incluso en su derrota en las elecciones de 2020 ante el expresidente demócrata Joe Biden.
El intento de bloqueo del SAVE y el temor al riesgo de «una base de datos poco confiable»
Los grupos de defensa que interpusieron una demanda para bloquear el sistema SAVE revisado afirmaron que el nuevo enfoque provocó que personas identificadas erróneamente como no ciudadanas sean excluidas del padrón electoral.
Argumentaron que el sistema SAVE puede estar desactualizado, lo que significa que los inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, tienen derecho a votar, a veces son etiquetados como no ciudadanos.
No se conoce públicamente la tasa de error general del sistema modificado. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no facilitaron esa información cuando se les solicitó.
La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, que representa a los demandantes, calificó la decisión del viernes de «profundamente decepcionante», afirmando que pone a los estadounidenses «en riesgo de ser blanco de forma ilegal por parte de la base de datos poco fiable de depuración de votantes de la administración semanas antes de las elecciones de mitad de mandato».
