El Gobierno de Javier Milei se jugó el último martes una carta muy fuerte, en algún sentido, definitiva, al solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (el TIDM) para que ordene al Reino Unido que cesen todas sus actividades hidrocarburíferas en las disputadas Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, consideradas por los británicos parte de su Territorio de Ultramar. Cualquiera sea la resolución del TIDM, a favor o en contra de la Argentina, ello caerá además en un año electoral. Las audiencias del caso deberían empezar en noviembre y no debería demorarse el anuncio de si se impondrán o no medidas provisionales.
Fuente: Clarín – Política — ver publicación original.
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