La postura del gobierno belga sobre el plan de préstamos destinado a Ucrania ha cobrado nueva relevancia en el contexto de las negociaciones comunitarias. El Ejecutivo belga, según publicó Europa Press, remarcó la necesidad de que cualquier riesgo jurídico derivado del uso de fondos rusos congelados para respaldar a Kiev sea repartido equitativamente entre todos los miembros de la Unión Europea, y no recaiga exclusivamente sobre Bélgica, donde se depositan la mayor parte de estos activos a través de la entidad financiera Euroclear. Esta exigencia, que incluye la extensión de coberturas sin límite de importe ni de duración y la aplicación del mecanismo a todos los fondos bloqueados en suelo europeo, centra parte importante del debate en la cumbre de líderes en Bruselas.
Tal como informó Europa Press, la capital belga es el escenario de una nueva ronda de negociaciones donde jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinan con urgencia el sostenimiento del apoyo financiero a Ucrania. El viaje a Bruselas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca conseguir compromisos claros ante la complejidad jurídica y política de desbloquear los 210.000 millones de euros de recursos rusos, la mayoría gestionados por Euroclear. La presión por llegar a un acuerdo emerge en medio de la expectativa sobre avances en los diálogos de paz y la continuidad de la ayuda económica a Kiev.
Europa Press detalló que el primer ministro belga, Bart de Wever, mantuvo recientemente un encuentro con Friedrich Merz, canciller alemán, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para analizar la solidez legal de la propuesta del Ejecutivo comunitario relativa a la utilización de fondos rusos congelados. Esta reunión acentuó las diferencias existentes entre los Veintisiete. Bélgica, junto a otros socios como Italia, Malta, Bulgaria y República Checa, se mostró proclive a una fórmula alternativa basada en la emisión de deuda conjunta para financiar el préstamo a Ucrania. No obstante, esta opción requiere unanimidad y enfrenta la oposición frontal de Hungría, motivo por el cual, citando fuentes comunitarias, Europa Press expuso que la propuesta volvió a quedar aparcada.
En el centro del desacuerdo figura la iniciativa de la Comisión, que promueve el uso de activos rusos congelados mediante garantías limitadas, bajo un esquema que permitiría decidir por mayoría cualificada. Sin embargo, la posición belga adquiere especial peso, dado que la mayor parte de estos fondos están bajo jurisdicción nacional. Europa Press subrayó que, aunque la decisión legalmente no exige el respaldo de Bélgica, la relevancia política de obtener su consentimiento es significativa, lo que complica cualquier avance sin el beneplácito de Bruselas.
Fuentes citadas por Europa Press indicaron que la Comisión Europea plantea un mecanismo para minimizar el riesgo jurídico a los Estados y entidades implicadas ante eventuales reclamaciones rusas. Sin embargo, la demanda belga de coberturas integrales difiere de la propuesta comunitaria, que restringe las garantías y se centra exclusivamente en los activos gestionados por Euroclear. El gobierno belga solicita que cualquier régimen de protección abarque la totalidad de los fondos bloqueados en Europa, a fin de repartir el riesgo y evitar que el país sea el único responsable ante posibles litigios.
Según recoge Europa Press, la historia reciente de la Unión Europea muestra que las instituciones del bloque han recurrido a excepciones jurídicas para sortear objeciones nacionales en decisiones críticas. No obstante, diplomáticos consultados reconocen que reintroducir la “cláusula de excepcionalidad” para aprobar la emisión conjunta de deuda enfrentaría dificultades jurídicas y políticas fundamentales, en tanto pondría en tensión principios clave de los tratados de la UE.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, intentó avanzar hacia un acuerdo capaz de satisfacer a los distintos sectores, pero el “signo de interrogación” sobre el desenlace de las discusiones persiste, según fuentes comunitarias recogidas por Europa Press. A pesar de que la legalidad permitiría seguir adelante sin Bélgica, la dimensión política y la concentración de fondos en territorio belga refuerzan la necesidad de un consenso amplio, mientras la presión sobre los líderes europeos apunta a garantizar un flujo estable de ayuda financiera para Ucrania.
Al margen del espinoso debate sobre la financiación de Kiev, la cumbre de Bruselas también aborda el futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El pacto, largamente negociado durante casi cinco lustros y finalizado provisionalmente hace un año, vuelve a dividir a los Estados miembros. Francia e Italia solicitaron aplazar la firma del tratado, lo que añade incertidumbre a su ratificación. Según Europa Press, aunque el tratado no figura en la agenda oficial, su futuro no está resuelto y depende de la obtención de la mayoría necesaria en el Consejo Europeo.
El medio Europa Press explicó que la presidencia pro témpore de Brasil en el Mercosur programó la ceremonia de firma para el sábado, con la asistencia planeada de Ursula von der Leyen y António Costa. No obstante, si no se alcanza el respaldo suficiente en la UE, la oficialización del acuerdo entre los dos bloques quedará suspendida. París lleva años expresando reservas ante el impacto potencial sobre los agricultores franceses y analiza conformar, junto a Polonia, Italia y otros países indecisos como Bélgica, Irlanda o Países Bajos, una minoría de bloqueo para impedir la ratificación. Este grupo podría frenar el pacto si reúne los votos necesarios en el Consejo Europeo. Las conversaciones con Italia se consideran decisivas para destrabar o en su caso bloquear la firma.
Europa Press añadió que los países del Mercosur advirtieron sobre su intención de explorar alianzas comerciales alternativas en caso de que las negociaciones con la Unión Europea fracasen. Ante este contexto, la diplomacia regional y europea trabaja a contrarreloj para acercar posturas. Así, la Eurocámara votó reformas para reforzar las salvaguardas a los agricultores europeos, medida que, según Europa Press, podría atenuar las objeciones de algunos Estados. Pese a ello, la Comisión Europea confirmó que no llevará el acuerdo a votación si no percibe la seguridad de contar con la mayoría cualificada, lo que deja improbable una definición antes del viernes.
Los obstáculos en ambas cuestiones reflejan las dificultades estructurales que enfrenta la Unión Europea al abordar decisiones colectivas con impacto estratégico, incluyendo la financiación de la seguridad en Ucrania y la consolidación de relaciones comerciales internacionales. Bruselas se convierte así en el centro de atención ante la posibilidad de que se registren avances relevantes o estancamientos en estas áreas clave, según destacó Europa Press.