El juez federal Lijo llamó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina por presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei.
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria para el jueves 29 a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el Gobierno de Javier Milei. Además, dispuso la inhibición general de bienes de ambos empresarios.
La decisión se conoció luego de que los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitaran 43 indagatorias. Según la acusación, la droguería habría tenido un rol central en un presunto esquema de cartelización y sobreprecios en las contrataciones del organismo.
En el mismo fallo, Lijo ordenó citar a otras 36 personas por primera vez y dispuso que tres acusados amplíen sus declaraciones. También resolvióla inhibición de bienes de 36 imputados, en su mayoría representantes de empresas que, de acuerdo con los fiscales, habrían participado del mecanismo investigado.
Las indagatorias comenzarán el próximo jueves con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina, y se extenderán hasta el 26 de noviembre. Entre los citados también figuran Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos operadores en la Andis. La medida patrimonial busca evitar que los acusados se desprendan de sus bienes mientras avanza la investigación.
Cómo será el cronograma de las indagatorias
El cronograma dispuesto por el juzgado establece que el 29 de octubre también deberá declarar Viner, mientras que el 3 de noviembre será el turno de otros tres directivos de Suizo Argentina: Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales.
Las audiencias continuarán durante noviembre con la citación de empresarios y otros involucrados en el expediente. Entre los convocados figuran Fernando Oris de Roa, además de integrantes de las familias Litmanovich, Hendler, Giudici y Macchiavello, entre otros imputados incluidos en la resolución judicial.
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En la última semana de la ronda de declaraciones deberán presentarse algunos de los nombres centrales de la investigación. Pablo Atchabahian, señalado como presunto lobbista de los Kovalivker ante la Andis, fue citado para el 24 de noviembre a las 11.30. Al día siguiente, el 25 de noviembre, deberá comparecer Miguel Ángel Calvete, quien está acusado de haber actuado como operador en el organismo.
Tanto Atchabahian como Calvete ya se encuentran procesados en la causa, al igual que Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Calvete está acusado, además, de haber sobornado al exfuncionario. La resolución de Lijo dispuso que Atchabahian y Calvete amplíen sus declaraciones indagatorias, al igual que Andrés Horacio Arnaudo, convocado para el 25 de noviembre.
Por qué Lijo ordenó la inhibición de bienes
En paralelo con las citaciones, el magistrado hizo lugar al pedido fiscal para inhibir los bienes de 36 imputados. El objetivo de la medida es evitar que los acusados se desprendan de sus patrimonios mientras avanza la investigación y preservar los activos que eventualmente podrían ser decomisados o utilizados para responder por responsabilidades económicas derivadas de una eventual condena.
En los fundamentos de la resolución, Lijo sostuvo que el escenario investigado justificaba adoptar medidas cautelares patrimoniales con urgencia. Según explicó, no es necesario contar con certeza definitiva sobre los hechos para disponer este tipo de medidas, sino que deben existir elementos suficientes que permitan considerar probable la hipótesis investigada y la posible participación de las personas alcanzadas.
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El juez también señaló que las medidas buscan evitar que el paso del tiempo vuelva ineficaz una eventual sentencia. En ese sentido, mencionó la necesidad de preservar la posibilidad de recuperar activos, garantizar restituciones e indemnizaciones y asegurar que los bienes que pudieran constituir instrumentos, productos o beneficios de un delito puedan ser recuperados por el Estado.
Para hacer efectiva la decisión, Lijo ordenó comunicar la inhibición a los registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, de la Propiedad Automotor, de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y de Buques. También dispuso notificar al presidente del Jockey Club Argentino.
La causa busca determinar si existió un esquema de presuntas irregularidades en las contrataciones de la Andis, con participación de empresas proveedoras y operadores vinculados al organismo. Con las nuevas indagatorias y las medidas patrimoniales, el expediente avanza sobre los empresarios y otros imputados que, según la hipótesis de los fiscales, habrían intervenido en el mecanismo investigado.
LMM
