Dos de los cuatro accionistas que en los próximos días tomarán el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) atravesaron esta licitación pública sin haber estado inscriptos en la Inspección General de Justicia (IGJ). Este dato es uno de los puntos grises de la inminente privatización del servicio del agua potable y desagües cloacales para la Ciudad y 26 partidos del Gran Buenos Aires, que se hará efectiva en los próximos días, tras 20 años de gestión pública sobre esta compañía.
Las acciones estatales de AySA, como se sabe, fueron transferidas por USD 340 millones a un operador estratégico integrado por cuatro sociedades aglutinadas en un consorcio. Entre esos accionistas, la participación se distribuye de la siguiente forma: Rowing SA (20%), Transclor (10%), Arcos Saneamento e Participações (15%) y PHX Aqua AR BV (55%). Pero las dos últimas de la lista, que son sociedades extranjeras, lograron entrar al negocio sin estar inscriptas en la IGJ del Ministerio de Justicia de la Nación.
El llamado para esta licitación pública se hizo el 14 de mayo de 2026, la apertura de ofertas se concretó el 8 de octubre y la adjudicación se informó el 20 de ese mes. Para esta fecha, según los registros oficiales consultados por TN, la sociedad PHX Aqua, que posee el grueso de las acciones, no había finalizado su trámite de inscripción en la IGJ (aún estaba en proceso), mientras la brasileña Arcos Saneamento ni siquiera lo había empezado.
El abogado porteño Fernando Horacio Cao se presentó en la IGJ el 7 de septiembre como representante legal de PHX y solicitó registrar como sociedad extranjera a esta entidad, que se había constituido 15 días antes en Amsterdam. Pero fue recién el 21 de octubre que esta inscripción se completó.
Más curiosa aún es la situación de Arcos Saneamento, que cumplirá el rol de socio técnico del operador que explotará por al menos 30 años la provisión de agua potable y cloacas para más de diez millones de habitantes. En este caso, el representante legal presentó los papeles en la IGJ el 3 de noviembre —un mes después de la apertura de ofertas y 15 días después de la adjudicación—. Recién en esa fecha se puso en marcha el “proceso de estudio precalificado” que debe pasar por el tamiz de la Oficina de Sociedades Extranjeras del organismo.
Idealmente, el proceso debería haber sido inverso. El abogado Salvador Paz Menéndez, especialista en sociedades, explicó a TN que “en principio, aquellas sociedades que vengan a formar parte de una sociedad anónima inscripta en la IGJ, como es el caso de AySA, deben estar inscriptas en el mismo Registro Público como accionistas extranjeros en los términos del artículo 123 de la ley General de Sociedades, N°19.550”.
Esa inscripción implica presentar varios papeles: el estatuto extranjero, un certificado de vigencia y una resolución de la casa matriz donde se aprueba la inscripción de la sociedad para participar en una sociedad anónima en Argentina, una aceptación de cargo del representante legal designado (indicando si se trata de una persona políticamente expuesta) y lo central: quién o quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad.
“La declaración jurada de beneficiario final es obligatoria, es un requisito taxativo para la inscripción de la sociedad extranjera y de cualquier entidad jurídica —detalló Paz Menéndez—. En ella debe indicarse la o las personas humanas que ejerzan el control directo o indirecto, o bien el control final de la sociedad. Se considera beneficiario final a la/s persona/s humana/s con al menos el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica u otra estructura, o quien ejerza control por otros medios”.
“Deben decir quiénes son sus beneficiarios finales, que no es lo mismo que declarar quiénes son sus accionistas, un requisito que figuraba en la resolución general anterior de la IGJ, la N° 7/2015, y en la Resolución 15/2024 se eliminó, con el propósito de alentar las inversiones en Argentina y desburocratizar los requisitos para la inversión extranjera”, agregó el abogado Salvador Paz Menéndez.
La identidad del beneficiario final de PHX Aqua es un secreto por ahora, a días de que la privatización se formalice con la firma del contrato en el edificio central de Aysa, ubicado en la calle Tucumán del microcentro. TN requirió formalmente a la IGJ este dato, pero el organismo lo denegó. “No se entregan copias simples ni certificadas de las Declaraciones Juradas de Beneficiario Final” fue la respuesta a este medio, sin explicar qué norma impediría revelar esa información.
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TN también pidió la declaración jurada de beneficiario final al propio representante legal de PHX Aqua, Fernando Cao, que declinó responder. En la misma sintonía, voceros del grupo comprador evitaron dar el nombre del beneficiario final. Se limitaron a afirmar a este medio que la sociedad es “un vehículo liderado por Walter Román y Mauricio Filiberti” que permitirá “acceso a inversores y financiamiento local o del exterior”.
Un piso porteño y un fondo en Curazao
Una oficina en la calle Reconquista 336 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires es el domicilio legal informado para la enigmática sociedad PHX Aqua AR. Constituida el 21 de agosto pasado en Países Bajos y sólo para entrar a este negocio (junto con Rowing, Trsansclor y Arcos Saneamento), esta suerte de cáscara corporativa declara como capital 1 euro y como único accionista a PHX Aqua Limited, una estructura encadenada que se formó al mismo tiempo pero en Londres, con un capital de 1 libra.
Detrás de estas sociedades aparece un fondo de inversión, Phoenix Global Investment Fund, constituido en Curazao en 2016 y bajo la normativa del Banco Central de Curaçao y Sint Maarten, según el sitio web de la entidad, que no proporciona nombres de personas humanas.
A esta telaraña de ropajes jurídicos confeccionados contrarreloj para entrar a la privatización de AySA hay que agregar PHX Holding Argentina SA: el 4 de septiembre, la IGJ comenzó a tramitar su “constitución urgente”.
Los nombres conocidos hasta ahora son Mauricio Filiberti y Walter Román. El primero, más conocido como “el Rey del Cloro”, es el dueño de Transclor, fabricante a gran escala de químicos para potabilizar las aguas que hasta ahora era proveedor de Aysa y en breve se convertirá en uno de sus dueños. En cuanto al segundo empresario, el ingeniero Román, es el dueño de Rowing SA, la entidad cabeza del grupo comprador, una empresa proveedora del Estado nacional que ofrece una amplia gama de servicios de ingeniería y construcción. Además, es socio de la flamante sociedad anónima PHX Holding Argentina, junto a Carla Pía Casali.
Luz, gas y agua
Pero el efecto concentrador de la privatización de Aysa va mucho más allá de un mapa de proveedores que ahora pasan al otro lado del mostrador de una compañía, porque los nuevos accionistas también participan del negocio de la energía eléctrica y del gas natural. Filiberti es indirectamente socio de la mayor distribuidora eléctrica del país, Edenor, que controlan José Luis Manzano y Daniel Vila, que abastece un área con cerca de diez millones de habitantes, y que tiene de cliente a AySA. Este vínculo se produce a través de la sociedad Rochester Holdings, de la familia Filiberti, formada en Londres igual que PHX Limited. A su vez, Walter Román también juega en el mercado eléctrico mayorista, con la empresa Alma Energía.
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Pero a la concentración de la explotación de servicios esenciales en pocos empresarios, además de la energía eléctrica, el agua potable y las cloacas habrá que agregarle ahora del gas natural, ya que recientemente YPF anunció un acuerdo para la venta a Edenor —de Manzano, Vila y Filiberti— de sus acciones en Metrogas, otra distribuidora con millones de clientes cautivos en el AMBA.
La de Aysa “es la primera gran venta de una empresa pública de esta gestión: Intercargo quedó desierta y detrás vienen Belgrano Cargas, los trenes y el sector energético. Por eso, lo que se haga con Aysa va a fijar el estándar de todo lo que sigue”, planteó el abogado Pablo Pirovano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que analizó la licitación en su artículo “Privatizar sin mostrar las cartas”, disponible en el sitio web del estudio Pasbba Abogados.
La privatización, sostuvo Pirovano, es “una decisión correcta” después del resultado de la operación estatal de las últimas décadas, pero señaló que “una privatización de esta escala sólo es legítima si los ciudadanos pueden saber qué se vende, por cuánto vale y a quién. En los tres puntos el modelo presenta déficits”.
El gobierno de Javier Milei considera que los 20 años de AySA en manos estatales son “un modelo de disfunción administrativa”. Entre 2006 y 2023, según datos oficiales publicados por el gobierno al anunciar la privatización, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones y aun así “un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas”. La cobertura no supera el 75% del área de concesión en materia de agua y el 64% en conexiones cloacales.
