El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que el sábado solo se autorizarán las manifestaciones convocadas por los sindicatos y el Gobierno ofrecerá recorridos alternativos para proteger los “centros urbanos”, los comercios y los edificios. Tras un consejo de seguridad, recomendó que no haya protestas en los próximos días y advirtió de que se rechazarán las peticiones de “gente que no tiene ninguna legitimidad para ello”.
Las autoridades francesas impusieron el jueves prohibiciones o restricciones a nuevas protestas. “La prioridad es volver a la calma”, dijo Macron.
Macron atribuyó la violencia del 17 de octubre a grupos organizados de ultraizquierda cuyo objetivo, afirmó, es “hacer caer la República”. Calificó los hechos de políticos e incluso sediciosos. Aseguró que el estado de emergencia no está sobre la mesa. Habló al término de una reunión con los servicios de inteligencia, a los que el Ejecutivo reprocha no haber anticipado la magnitud de la protesta.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, admitió ese fallo, y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que la policía perdió el control durante el fin de semana. Macron ha sido además criticado por haber emprendido una gira por Oriente Medio en plena crisis.
La jornada del 17 de octubre, convocada contra el encarecimiento de la vida, reunió a unas 550.000 personas según Nuñez y a 800.000 según los organizadores. En varias ciudades derivó en saqueos, incendios y ataques a edificios públicos. Ardieron el ayuntamiento de Limoges y la oficina de turismo de Lyon. Unos 3.000 comercios fueron vandalizados o saqueados en todo el país.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó de que 2.700 personas fueron detenidas desde el fin de semana. De ellas, 217 ingresaron en prisión y otras 1.000 siguen en proceso judicial. Pidió a los fiscales que recurran las penas que consideren demasiado leves.
Las autoridades impusieron toques de queda parciales en zonas de París, Lille, Lyon, Burdeos y Niza. Lecornu rechazó aplicarlos a toda la capital. Para el sábado, el Gobierno desplegará vehículos blindados, unidades de élite de la policía y la gendarmería y a los militares de la misión Sentinelle, que vigilan habitualmente lugares concurridos y monumentos.
Las autoridades de Lyon, Marsella, Rouen y Toulon prohibieron las protestas, una decisión que parte de la oposición considera liberticida —esto es, atentatoria contra las libertades fundamentales—. El jueves, un juez anuló en el último momento la prohibición policial de una marcha estudiantil en París, en la que participaron cientos de personas.
Lecornu recibió ese día a los partidos. La mayoría envió a sus líderes, pero Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, se hizo representar por un responsable de menor rango. El primer ministro verá después a los alcaldes y, el lunes, a estudiantes, sindicatos y patronal.
El debate sobre la respuesta oficial está dividido. Una parte de la oposición denuncia una represión brutal. La derecha, en cambio, ve falta de firmeza. El Gobierno acusa a La Francia Insumisa de haber avivado la ira. El partido replica que quienes comparten la lucha de los manifestantes nada tienen que ver con el saqueo.
Macron afronta protestas sociales desde su llegada al poder, en 2017. Las imágenes de estos días recuerdan a los chalecos amarillos, cuya revuelta estalló en noviembre de 2018 contra el alza de un impuesto al combustible y dejó barricadas e incendios en el centro de París. En septiembre de 2025, el movimiento Bloquons tout (“Bloqueémoslo todo”) volvió a las calles contra los recortes presupuestarios, tras la caída de François Bayrou y el nombramiento de Lecornu.
El detonante actual es la subida de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo. La convocatoria del 17 de octubre se propagó en redes sociales tras un video publicado el 7 de septiembre. Los chalecos amarillos y los sindicatos, organizadores de la protesta, prevén nuevas marchas el sábado y una huelga general el 5 de noviembre.
La presión política es máxima. Las presidenciales se celebrarán el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027, y Macron no puede presentarse. El 7 de julio, un tribunal de apelación redujo a 15 meses firmes la inhabilitación de Le Pen por la malversación de fondos del Parlamento Europeo, lo que le permite competir. Ese mismo día anunció su candidatura. Los sondeos de julio le atribuían entre el 34% y el 36% en primera vuelta.
El sábado será la primera prueba del nuevo dispositivo de seguridad. La huelga general del 5 de noviembre pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para contener el malestar con la campaña presidencial ya en marcha.
Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.
