El Gobierno apunta a llevar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto de Diputados el jueves 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina. La fecha fue transmitida este martes durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, según confirmaron a TN fuentes de la Casa Rosada. La Libertad Avanza consiguió además el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tras aceptar modificaciones al texto original.
“La idea es sesionar el 12 por Malvinas”, aseguran en Nación. La fuente explicó que la fecha fue comunicada durante un encuentro con los aliados, aunque todavía no existe una convocatoria formal para el recinto. En el Ejecutivo sostienen que el objetivo es completar los pasos parlamentarios pendientes y avanzar con una iniciativa que Javier Milei considera prioritaria para su gestión.
La nueva hoja de ruta se definió después de que el Gobierno aceptara modificaciones sustanciales al proyecto que envió al Congreso el 17 de septiembre. En Nación reconocen que las concesiones permitieron acelerar las conversaciones con el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas. “Admitimos modificaciones y se aceleró. Estamos tirando todos para el mismo lado”, expresó otra fuente oficial involucrada en las negociaciones parlamentarias.
El oficialismo consiguió este martes la aprobación del dictamen en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El avance se produjo después de varias reuniones sin alcanzar los respaldos necesarios y de una postergación durante la semana pasada. La nueva redacción incorpora parte de los cambios reclamados por los aliados y deja al proyecto en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
El calendario legislativo es uno de los factores que explican la decisión de apuntar al 12 de noviembre. En el Ejecutivo advierten que varios diputados viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11, limitará la actividad parlamentaria. La intención es retomar las sesiones apenas concluya la agenda del pontífice en el país.
La decisión también busca ordenar una agenda que tiene al Presupuesto 2027 entre sus principales prioridades. El oficialismo mantiene como objetivo llevar la ley de gastos y recursos al recinto durante la segunda mitad de noviembre y necesita distribuir las negociaciones para evitar que se acumulen proyectos sin tratamiento. En Nación consideran que adelantar la votación de Malvinas permitiría concentrar después los esfuerzos parlamentarios en el Presupuesto y otras reformas pendientes.
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Uno de los cambios más importantes del dictamen está en el alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El Gobierno aceptó delimitar la responsabilidad de proveedores y accionistas para evitar que las penalidades alcancen indiscriminadamente a compañías con relaciones económicas indirectas. La modificación se produjo después de los planteos de los aliados y de las observaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias que podía tener el proyecto para sus empresas y fondos de inversión.
El texto aprobado en comisión exige que los proveedores suministren bienes o servicios esenciales e indispensables para las actividades prohibidas y que conozcan, o no puedan razonablemente desconocer, su destino. También excluye a personas humanas con participaciones accionarias de hasta el 2%, siempre que no designen autoridades, y a determinados vehículos de inversión que no ejerzan discrecionalidad sobre los valores adquiridos. El régimen mantiene alcanzados a quienes controlen directa o indirectamente a las empresas responsables de las explotaciones.
La negociación también incluyó modificaciones a las multas y sanciones penales previstas para las actividades alcanzadas por el régimen. El dictamen establece multas administrativas de entre 4000 y 500.000 barriles de petróleo para las infracciones principales, además de suspensiones de habilitaciones e inhabilitaciones de cinco a veinte años. También fija penalidades de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido para quienes celebren nuevos contratos con sujetos sancionados. Cuando ese beneficio no pueda calcularse, la multa será equivalente a entre 2000 y 40.000 barriles.
Otro de los puntos centrales es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, que supervisará las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional. El texto establece que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores y que podrá solicitar informes, formular observaciones y realizar recomendaciones. El organismo deberá recibir información sobre determinadas decisiones y medidas urgentes dentro de un plazo máximo de 48 horas.
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La nueva redacción también incorporó precisiones sobre las facultades del Consejo de Seguridad Nacional y la intervención del Congreso ante decisiones de especial gravedad. El dictamen contempla mecanismos de información parlamentaria sobre medidas que impidan la continuación del vuelo de aeronaves o impliquen el hundimiento de embarcaciones. También establece que, cuando esas actuaciones involucren medios militares extranjeros y generen un riesgo inminente de guerra o represalias, el Congreso intervendrá conforme a sus atribuciones constitucionales.
El oficialismo reformuló además el artículo que contemplaba penas de prisión para determinadas campañas de desinformación financiadas desde el exterior. La nueva versión reemplaza ese concepto por el de injerencia extranjera y exige elementos vinculados con actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas. También excluye expresamente del tipo penal el ejercicio periodístico, la investigación académica, la actividad diplomática y otras formas de representación pública de intereses.
