Mientras desafía al Gobierno con su actividad en las redes sociales, Patricia Bullrich enfrenta dificultades para poner en marcha el Senado, que lleva un mes sin sesionar. La jefa libertaria ahora negocia con aliados para reunir al cuerpo este jueves por la Ley de Salud Mental, el Tratado de Patentes (un pedido de Estados Unidos) y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo.
A pesar de la conferencia de prensa, en la que Bullrich anunció las modificaciones al proyecto de Salud Mental, La Libertad Avanza no consiguió la cantidad de firmas suficientes para dictaminar el proyecto en la última reunión de las comisiones de Salud y Legislación General, hace 10 días.
Alcanzaron el despacho del proyecto recién el miércoles, cuando los peronistas de Convicción Federal presentaron un dictamen propio, de minoría.
Sin embargo, el oficialismo sigue sin tener garantizados los votos para el recinto porque los aliados provinciales que sí acompañaron lo hicieron en disidencia al advertir que al proyecto le falta especificar el financiamiento.
«Es necesario un presupuesto del financiamiento para poder cumplir la ley en su totalidad», señaló la radical Gabriela Valenzuela, quien responde al gobernador correntino Juan Pablo Valdés.
«A este proyecto le falta el financiamiento, que no está expresamente. Tiene que ser muy preciso y traducirse en partidas identificables», sentenció el misionero Carlos Arce, quien planteó que las provincias ya sufren «la discontinuidad o retraso de programas nacionales» que tuvieron que «sostener con recursos propios». «Tenemos que evitar que este proyecto llegue a ese punto», agregó.
El catamarqueño Guillermo Andrada, que firmó el despacho de minoría, apuntó sobre lo mismo: «¿De cuánto van a ser los recursos? Si no estamos escribiendo sobre algo que no se va a poder realizar».
Desde La Libertad Avanza reconocieron que tienen que «analizar algunos pedidos», aunque la cuestión de fondos requeriría del aval del Ejecutivo.
El proyecto permite las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario.
«Uno de los puntos clave es que se cambia el paradigma de riesgo inmediato al de daño grave de integridad de las personas. Es decir no esperar a que ocurra la situación violenta, sino que haya una serie de evaluaciones del equipo interdisciplinario para evaluar el riesgo. Entonces puede ser preventivo», especificó Bullrich.
Además, reconociendo el problema de la falta de psiquiatras, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención y se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y concesión del alta del paciente. El peronista Jorge Capitanich señaló que hay 100 mil psicólogos y 25 mil psiquiatras.
Se prohíbe la creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales. Se estipula que cada 180 días cualquier internación debe ser revisada.
Por otra parte, se elimina la autorización judicial expresa de las internaciones involuntarias: el juez podrá requerir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada, pero no se requiere su autorización para la internación involuntaria de un paciente.
Se mantiene la notificación al juez y al Órgano de Revisión en el plazo de 24 horas desde la internación.
Se elimina la referencia expresa a drogas legales o ilegales. El dictamen final mantiene la fórmula general que integra las adicciones a las políticas de salud mental. Esto comprende también adicciones sin sustancias, como la ludopatía.
Se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue prometido a Donald Trump en el marco del Acuerdo de Comercio firmado con Estados Unidos en febrero.
Firmado originalmente en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el convenio establece un mecanismo internacional simplificado para la tramitación de patentes.
El Senado le dio media sanción en 1998, pero la Cámara de Diputados lo trató recién este año y le hizo modificaciones; motivo por el cual ahora la Cámara Alta tiene que volver a votarlo para su ratificación.
Diputados dejó en reserva el Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional. Los laboratorios argentinos advertían que ese mecanismo podía favorecer a los titulares de patentes extranjeras y facilitar prácticas monopólicas en detrimento de la producción nacional.
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