De Punta Arenas a Malvinas: qué dice la ley internacional que protege a la nueva ruta comercial de Chile.
El esquema logístico del Atlántico Sur cambiará de forma operativa a partir de diciembre con la puesta en marcha de una nueva traza comercial directa entre el continente y las islas Malvinas. El eje del corredor será el buque de bandera chilena Danstar, una embarcación diseñada para operar como canal de abastecimiento del archipiélago.
A diferencia del esquema tradicional que dependía de Uruguay, la nueva traza marítima acorta los tiempos y las distancias de transporte de mercaderías hacia un territorio que consume grandes volúmenes de insumos externos pero produce escasos bienes propios.
La operación logística fue planificada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC). Los datos técnicos y geográficos que estructuran el funcionamiento de la ruta son:
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, definió el impacto comercial de la ruta al señalar que la ciudad chilena funcionará como el centro de abastecimiento del territorio insular.
El archipiélago cuenta con una población estimada en 3.400 residentes, una guarnición militar desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles. Con un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas y una escasa producción local, las islas dependen de una red de suministros externa.
Un informe del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtió que la consolidación de una red logística diversificada reduce la vulnerabilidad de la presencia británica en el Atlántico Sur al sumar proveedores sudamericanos.
Según publicó Infobae, el tarifario oficial fijado por la compañía naviera detalla los costos logísticos por unidad:
A nivel provincial, el gobierno de Tierra del Fuego impulsa un proyecto normativo propio para regular la actividad marítima en las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur. El secretario de Asuntos Internacionales provincial, Andrés Dachary, explicó que la norma incluirá un régimen punitivo contra las empresas que presten servicios logísticos sin autorización del Estado fueguino, prohibiéndoles operar en el resto del territorio nacional para afectar su capital reputacional.
En el plano nacional, el centro de excombatientes CECIM de La Plata intimó por carta documento al canciller Pablo Quirno para aplicar la Ley 26.659, argumentando que el corredor logístico abastecerá al proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental.
En paralelo, legisladores de Unión por la Patria presentaron proyectos para denunciar el Tratado de Promoción Recíproca de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile, además de solicitar la citación del embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera.
Frente a los reclamos opositores, el Gobierno nacional explicitó los límites legales vigentes. El canciller Pablo Quirno reconoció que el Estado argentino no puede impedir el tránsito marítimo debido a las garantías de paso inocente establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Durante una cena del CARI, Quirno advirtió que quienes contribuyan directa o indirectamente a la explotación ilegítima de recursos argentinos no podrán compartir los beneficios del crecimiento económico del país. En paralelo, Argentina mantiene activa una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la actividad hidrocarburífera británica en la Cuenca Malvinas Norte.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
