Tras conocer el posicionamiento negativo de varios partidos que anteriormente habían mostrado apertura al debate, Marisol Burón, madre de Marta Calvo —víctima de asesinato en 2019—, expresó su sorpresa por la falta de respaldo a la propuesta para endurecer las penas mediante la ampliación de la prisión permanente revisable en casos de ocultación de cadáver o reincidencia. Burón mostró su determinación para seguir insistiendo en futuras ocasiones, según reportó el medio. El debate parlamentario sobre esta cuestión desató un fuerte enfrentamiento político en el Congreso, donde solo los diputados del PP, UPN y Vox manifestaron apoyo a la iniciativa, mientras el resto de los grupos acusaron a sus promotores de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas.
Tal como publicó el medio, la proposición de ley impulsada por el Partido Popular y UPN buscaba reformar el artículo 140 del Código Penal español para ampliar el alcance de la prisión permanente revisable a supuestos vinculados con la ocultación de cadáver y la reincidencia en delitos de asesinato. La diputada Macarena Montesinos (PP) defendió que la ciudadanía demanda una respuesta penal más severa para quienes, además de quitar la vida, ocasionan mayor dolor al ocultar los cuerpos u obstaculizar su hallazgo. Montesinos enfatizó que la prisión permanente revisable cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y consideró que impulsar su ampliación responde a un deber moral hacia las víctimas y sus allegados. Durante su intervención, saludó públicamente a Marisol Burón y a Antonio del Castillo —padre de otra joven víctima de asesinato—, afirmando: «Sois unos referentes de coraje y de esperanza por ser capaces de edificar sobre vuestro sufrimiento insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando».
El diputado de UPN, Alberto Catalán, quien también respaldó la propuesta, sostuvo que la medida respondía tanto a criterios jurídicos como humanos. Catalán manifestó que la sociedad reclama firmeza en la persecución penal de los delitos más graves, si bien, a su parecer, no debe confundirse con un ánimo de venganza. Añadió que la introducción de la prisión permanente revisable en la legislación se ha asumido sin conflictos por parte de la sociedad española. Por su parte, el diputado de Vox, Juan José Aizcorbe, defendió la inclusión de la reincidencia como agravante y argumentó que la ocultación o negativa a revelar el paradero del cuerpo extiende el sufrimiento de las familias. Aizcorbe recordó que este régimen especial de pena se incorporó a la normativa en 2015 y subrayó que «el castigo no es venganza», sino una forma de protección para la ciudadanía ante hechos que definió como atroces.
La iniciativa, sin embargo, solo consiguió sumar los votos de estos tres partidos, recibiendo críticas unánimes del resto de fuerzas parlamentarias. Según relató el medio, el PSOE expresó su rechazo a la propuesta a través del diputado David Serrada, quien consideró que el PP empleaba el Código Penal como herramienta de confrontación política. Serrada sostuvo que no existe un vacío legal que justifique la ampliación de la «pena más extrema» del sistema judicial español y afirmó que el marco normativo ya contempla penas severas para el asesinato. El parlamentario socialista acusó a los impulsores de crear «falsas expectativas» a las víctimas y consideró que su propuesta no contribuye a un aumento real de la seguridad.
Enrique Santiago, portavoz de Justicia e Interior de Sumar, manifestó solidaridad con las familias de víctimas de delitos graves, pero tachó la medida de «trumpista». Santiago opinó que la propuesta representa un modelo penal enfocado en la venganza y que elimina opciones de reinserción, al mismo tiempo que definió este enfoque como regresivo desde el punto de vista democrático. El representante de IU alertó sobre los riesgos de instaurar un modelo social autoritario ligado a periodos previos al establecimiento de sistemas democráticos en España.
Desde Podemos, la diputada Martina Velarde criticó el enfoque meramente punitivo del proyecto, destacó que no representa una mejora en términos de seguridad y cuestionó el uso del dolor de las víctimas como justificación política. El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, reconoció la gravedad de los casos planteados, pero planteó que podrían abordarse con soluciones distintas a la prisión permanente revisable. Legarda describió esta pena como ejemplo del «derecho penal del miedo» y aseguró que no incrementa la eficacia en la prevención del crimen.
El debate incluyó también intervenciones desde EH Bildu y ERC. Jon Iñarritu, de EH Bildu, sostuvo que alargar las penas no conduce a una mayor seguridad y consideró la iniciativa una expresión de «populismo punitivo». Defendió la idea de que sistemas judiciales orientados a la rehabilitación y la prevención, además de instituciones eficaces, son claves en sociedades más seguras. Pilar Vallugera, representante de ERC, criticó lo que denominó «pornografía emocional» en el uso político del dolor de las víctimas, defendiendo alternativas basadas en la educación, la prevención y la reinserción.
El portavoz de Justicia de Junts, Josep Pagés, también cargó contra la prisión permanente revisable, catalogándola de «barbaridad contraria a los principios del derecho penal». Según reportó el medio, Pagés acusó tanto al PP como al PSOE de aprovecharse del sufrimiento de las víctimas y de la indignación social para impulsar reformas que, en su opinión, aportan poco al sistema.
Durante las declaraciones a los medios en los exteriores del Congreso, Marisol Burón lamentó el giro de partidos como el PSOE, que en la legislatura anterior sí votaron a favor de tramitar la propuesta. Burón afirmó que quienes atribuyen la iniciativa a reacciones «en caliente» no consideran que han transcurrido más de seis años desde el asesinato de su hija. Recalcó que, a pesar del desánimo, retomará la inciativa en el futuro.
Marino Navarro, presidente de la Asociación Marta Calvo, calificó el debate en el Pleno como un agravio para las víctimas y denunció una «revictimización total» y un sufrimiento persistente de las familias. Navarro consideró que el rechazo a la reforma deja a las víctimas sin la justicia que, a su juicio, merecen, asegurando que la propuesta no responde a deseos de venganza, sino a una demanda de justicia real, según publicó el medio.
El enfrentamiento entre enfoques punitivistas y garantistas quedó evidenciado en la sesión parlamentaria, en la que los partidos contrarios al proyecto insistieron en priorizar la prevención, la rehabilitación y la proporcionalidad del castigo frente al endurecimiento de las penas. Mientras tanto, los impulsores de la reforma reiteraron su convicción de que la prisión permanente revisable constituye una respuesta adecuada ante los delitos más graves, inspirados por el testimonio y la persistencia de las familias de las víctimas.