Agentes del Servicio Penitenciario Federal advierten sobre la desinformación en torno a sus nuevos destinos laborales y denunciaron maltratos por parte de la Policía Federal durante la mudanza de reos. La Cámara del Crimen ordenó frenar el secretismo en los traslados a Marcos Paz.
El Gobierno nacional calificó como “un éxito” el masivo traslado de presos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el nuevo penal de Marcos Paz. Sin embargo, el operativo desató un profundo malestar en las bases de la fuerza de custodia. En un diálogo en estricto off the record con PERFIL, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que presta servicios en Devoto aseguró: «Los agentes del Servicio Penitenciario Federal nos enteramos del traslado por la prensa. Tampoco se nos informó cuáles serían nuestras funciones durante el operativo hasta el mismo día del operativo».
«Esto abarca a los agentes ‘comunes’ como nosotros, no sé si los jefes estuvieron al tanto de antemano y si ellos sí participaron del planeamiento de la operación», añadió la fuente penitenciaria. Esta falta de comunicación interna coincide con las presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y los informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambos organismos documentaron severas fallas de coordinación logística durante el vaciamiento del penal porteño.
La tensión administrativa y el descontento de los uniformados se suma a la sorpresiva decisión del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, quien presentó su renuncia indeclinable este viernes. El funcionario, perteneciente al ala de la senadora Patricia Bullrich, aclaró que daba un paso al costado por desacuerdos precisamente sobre sobre la gestión penitenciaria. Sus diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva se centraron en el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia para abordar la problemática sobrepoblación carcelaria, y las obligaciones que recaen sobre la estructura del SPF.
Mientras las autoridades políticas defienden la velocidad del despliegue que trasladó a los 1.400 presos desde la cárcel de Devoto hasta el nuevo penal en Marcos Paz, el personal subalterno manifiesta, además, preocupaciones por el impacto del desarraigo, las condiciones de traslado de los internos y el desfasaje de sus ingresos frente a las nuevas exigencias operativas.
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Incertidumbre y reclamos en las bases del Servicio Penitenciario Federal
«La relación con los agentes de la Policía Federal siempre fue complicada. Al ser agentes federales ellos no tienen una visión de que somos colegas, se creen más que nosotros. Eso se refleja ya en los modos con los cuales se dirigen a nosotros, ninguneando e incluso con insultos. Pero nosotros también somos agentes federales, solo que del Servicio Penitenciario», detalló la fuente interna de la fuerza sobre los roces registrados durante la ejecución del Comando Unificado.
A las fricciones con la Policía Federal Argentina se suma un escenario de desinformación interna respecto a la reasignación de los puestos de trabajo de los agentes que cumplían funciones en Villa Devoto. Según explicaron a PERFIL las fuentes de las bases del organismo, el traspaso masivo de los reclusos se realizó sin clarificar de manera formal el cronograma de traslados ni las futuras tareas del personal. La falta de certezas administrativas afecta la organización de los hogares.
«No te puedo brindar un número exacto, pero creo que debemos ser cerca de un centenar los que todavía no sabemos cuál será nuestro próximo destino de trabajo«, manifestó el agente del Servicio Penitenciario Federal en sus declaraciones a este medio. Las estimaciones de los trabajadores de base reflejan el impacto de la reestructuración. El vaciamiento de los pabellones metropolitanos modificó el esquema de guardias y la distribución técnica de los agentes asignados a la unidad.
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«La incertidumbre es un poco parte de esta profesión. Uno nunca sabe del todo desde qué penal van a requerir nuestro servicio, pero este nivel de desinformación yo no lo viví nunca en todos los años que llevo como agente del SPF«, continuó el oficial penitenciario en estricto off the record. Los trabajadores señalan que la velocidad impuesta por el Poder Ejecutivo impidió establecer canales orgánicos de consulta para los cuadros subalternos de la institución.
«Nosotros no tenemos ningún problema de ningún tipo con las autoridades del Ministerio de Seguridad. Son nuestras autoridades políticas y los respetamos y queremos que les vaya bien en su gestión. Lo que pedimos es que nos tengan al tanto«, aclaró la fuente de la fuerza de seguridad. Los agentes desvinculan su reclamo de cualquier intencionalidad política y centran su demanda en la necesidad de obtener información oficial para regularizar sus vidas.
«Hay oficiales que tienen hijos en edad escolar. Si vamos a cambiar de destino laboral, eso requiere una planificación que impacta no solo en nosotros sino también en nuestras familias, principalmente en los chicos«, advirtió el uniformado de base a esta redacción. El traslado geográfico hacia el partido de Marcos Paz incrementa de manera sustancial los tiempos de viaje de los agentes, alterando el régimen de descanso y las dinámicas familiares de quienes residen en el ámbito capitalino.
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«Mi último sueldo, el de septiembre, fue de un poco más de $1.500.000 en mano. Con eso yo tengo que mantener a mi familia, pagar los servicios, el transporte público y todos los gastos que conlleva el día a día, más si tenes hijos chicos», describió la fuente penitenciaria respecto al cuadro económico. El descontento salarial se ve agravado por los nuevos costos fijos en viáticos y logística vial que deberán afrontar aquellos agentes destinados al Complejo Federal VIII.
«Hubo familiares que vinieron a Devoto estos días a preguntar cómo iba a ser la modalidad de visitas de ahora en más. Acá quedaron varios presos que son los que van a recibir al Papa, si la visita se concreta. Esos presos siguen con el régimen habitual. Ahora, lo que pasará en Marcos Paz, la distancia, los horarios y esas cuestiones, tampoco tenemos ninguna información«, concluyó el agente del Servicio Penitenciario Federal sobre el limbo informativo generalizado.
Denuncias por «agresiones físicas» en el nuevo penal de Marcos Paz
La Cámara del Crimen emitió un fallo taxativo que dio la razón a un hábeas corpus colectivo interpuesto por la PPN, ordenando al SPF cumplir con el protocolo de notificación previa de 72 horas a familiares y defensores antes de realizar traslados. La Justicia determinó que la velocidad del operativo lesionó las garantías básicas de defensa, obligando a las autoridades a permitir el ingreso inmediato de los órganos de control.
Por su parte, el CNPT emitió un comunicado oficial tras realizar una inspección en Marcos Paz. En su comunicado, el CNPT asegura que «el ingreso de los organismos de monitoreo pudo concretarse recién ocho días después del inicio de los traslados y luego de la presentación de una acción de hábeas corpus interpuesta conjuntamente por el CNPT y la PPN el miércoles 14 de octubre, ante las restricciones que impedían el ejercicio de sus funciones de supervisión».
Durante la fiscalización en el Complejo VIII, las autoridades sanitarias detectaron anomalías logísticas derivadas de la falta de planificación progresiva. En su comunicado, el CNPT asegura que «los organismos advirtieron con especial preocupación que entre las pertenencias personales que aún no habían sido restituidas a las personas trasladadas se encontraban medicamentos de uso personal, una situación que podría comprometer la continuidad de sus tratamientos».
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La falta de previsiones básicas en el nuevo penal afectó también la provisión de indumentaria elemental para la población reubicada. En su comunicado, el CNPT asegura que «en algunos pabellones, menos de la mitad de las personas alojadas había recibido su ropa al momento del monitoreo», precisando que «numerosas personas continuaban utilizando exclusivamente la ropa que llevaban puesta al momento del traslado, en algunos casos desde el lunes o martes».
El informe de supervisión recopiló denuncias contra el accionar de las fuerzas federales involucradas en el traslado físico. En su comunicado, el CNPT asegura que «se recibieron alegaciones coincidentes sobre agresiones físicas y otros hechos de violencia atribuidos a agentes del Servicio Penitenciario Federal, que habrían ocurrido tanto en el establecimiento de Devoto como durante los operativos de traslado, así como en el propio complejo de Marcos Paz».
Los evaluadores institucionales cuestionaron el criterio de la mudanza. En su comunicado, el CNPT asegura que «el operativo de traslado fue planificado y ejecutado priorizando criterios de seguridad penitenciaria, sin contemplar adecuadamente las consecuencias que su implementación tendría sobre los derechos de las personas privadas de libertad«, señalando que una mejor organización logística previa habría mitigado las deficiencias detectadas.
La tensión en el sistema coincide con un estado de alerta en las dependencias transitorias. El colapso del alojamiento local se evidenció este jueves al registrarse un efectivo policial tomado de rehén en la Alcaidía 1 del centro porteño, un episodio violento en Lavalle al 400 que expuso la saturación y la falta de plazas en la Ciudad de Buenos Aires mientras la Nación celebra el vaciamiento de sus estructuras metropolitanas.
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La duda sobre la continuidad del UBA XXI y el aislamiento de los familiares
La reubicación en la provincia de Buenos Aires interrumpió las actividades de formación universitaria del Centro Universitario Devoto (CUD). En su comunicado, el CNPT asegura que «advierte con preocupación la interrupción de las trayectorias educativas de las personas que cursaban estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), dado que el nuevo complejo de Marcos Paz no cuenta con una oferta educativa equivalente«, bajo el programa UBA XXII.
Las autoridades penitenciarias informaron a los inspectores que prevén trasladar a los estudiantes al Complejo de Ezeiza para garantizar la continuidad pedagógica, pero reconocieron que no existe una fecha cierta para ejecutar la medida. El vaciamiento se produjo sin coordinar de forma previa las equivalencias de infraestructura con la Universidad de Buenos Aires, dejando a los internos en un bache académico por tiempo indeterminado.
Asimismo, la fisonomía del nuevo predio representa una barrera física para los lazos afectivos elementales. En su comunicado, el CNPT asegura que «la oferta de transporte público que llega hasta el complejo es muy limitada y, desde el punto más cercano al que pueden acceder por estos medios, los familiares deben recorrer a pie más de dos kilómetros hasta el ingreso«, transformándose en un obstáculo para las visitas de niños y adultos mayores.
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El lunes 19 de octubre, el predio de Villa Devoto se convirtió en el escenario de la presentación del operativo. La transmisión por los canales de Presidencia se interrumpió de manera intempestiva en el instante exacto en que finalizó el breve discurso leído de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien protagonizó su debut oratorio con notorios furcios y tropiezos de lectura que evidenciaron su dependencia del texto.
El corte de la señal pública evitó que salieran al aire las preguntas de los cronistas de prensa apostados en el lugar. Las consultas debieron ser respondidas fuera de la emisión oficial, en la vereda del penal, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra Alejandra Monteoliva, quién celebró que el operativo se había realizado «sin conflictos, sin motines y sin fugas».
ML
