La Corte Suprema de Justicia de la Nación frustró este jueves un intento del expresidente Alberto Fernández para que la causa por violencia de género, amenazas y lesiones que radicó en su contra su expareja, Fabiola Yañez, dejara de instruirse en los tribunales federales de Comodoro Py y se mudara a la justicia porteña.
En sintonía con la opinión de la Procuración General, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que debe intervenir el juzgado federal Nº 10.
La investigación se originó a raíz de mensajes y fotografías que aparecían en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández en sus comunicaciones con Yañez, hallados en el marco de la causa que investiga al expresidente, a su secretaria, a su marido y a distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.
En ese contexto, el juez Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en la que Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.
En distintos tramos del proceso, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de Comodoro Py. Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro, con el argumento de que los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos. Luego intentó llevarlo al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo, Alberto Fernández radicó una denuncia en un juzgado porteño por presunto hostigamiento de Yañez hacia su persona desde España. En octubre de 2025, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas ordenó el pedido de inhibición a Ercolini.
Frente a ese conflicto, el caso llegó a la Corte Suprema, que entendió que la causa debía continuar ante el juzgado federal N.º 10.
Actualmente, la investigación está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera apartar a Ercolini ante un planteo de recusación del expresidente, quien sostuvo que había sido amigo del juez y que ahora estaban enemistados.
Qué dice la acusación
Según la investigación, Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en un vínculo marcado por una fuerte asimetría de poder. El expediente sostiene que existió un patrón sostenido de violencia psicológica —incluyendo hostigamiento, control, insultos y destrato— junto con episodios de violencia física.
La acusación abarca un período amplio, que se extiende desde al menos 2016 hasta 2024, incluyendo tanto etapas previas a su llegada a la Presidencia como durante su gestión y después de dejar el cargo.
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La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento y consideró que existieron múltiples hechos que, en conjunto, configuraron un cuadro de violencia continuada que habría provocado daños en la salud de la denunciante.
De acuerdo con la calificación legal vigente, los delitos imputados contemplan penas que van de 3 a 18 años de prisión.
