El plan de financiamiento para el 2027 del ministro Sánchez se tratará el jueves en la Legislatura. Foto: M. Ochoa.
El gobernador Alberto Weretilneck presentó a la Legislatura un pedido de autorización para utilizar tres instrumentos financieros durante 2027, por un total de $370.000 millones, equivalentes a unos US$ 240 millones.
El proyecto tendrá tratamiento en una sesión convocada para el jueves. Prevé un límite de $180.000 millones para los sobregiros del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), de $160.000 millones para las Letras del Tesoro y de $30.000 millones para la emisión de cheques de pago diferido.
El Gobierno sostiene que no se trata de financiamiento de largo plazo, sino de «herramientas de administración financiera y liquidez». Sin embargo, su utilización puede generar compromisos de pago futuros que deberán atenderse en las condiciones previstas para cada operación.
En principio, las autorizaciones requeridas superan en $ 146.000 millones a los cupos actuales (unos US$ 94 millones), lo cual, representa un 65% más. Un alza bastante superior a la evolución inflacionaria del 31%.
En rigor, el proyecto establece autorizaciones de uso con límites máximos. El instrumento más utilizado es el FUCO, que permite sobregirar la cuenta de Rentas Generales en el Banco Patagonia, agente financiero provincial.
Para 2027, el Ejecutivo solicita elevar ese margen a $180.000 millones, casi US$ 117 millones. El límite vigente para este año es de $80.000 millones, equivalente a unos US$ 52 millones en ocasión de su aprobación.
El sobregiro permite utilizar fondos por encima de los saldos reunidos en las cuentas oficiales. Su uso es transitorio y depende de las necesidades financieras diarias de la Provincia, con mayor incidencia al inicio de cada mes, cuando se concentra el pago de salarios.
Para las Letras del Tesoro, el Gobierno solicita una autorización de hasta $160.000 millones, unos US$ 104 millones. El límite aprobado para 2026 se fijó en $120.000 millones, casi US$ 79 millones, pero la emisión efectiva se aproximó a los $70.000 millones, equivalentes a unos US$ 45,4 millones.
Estos títulos constituyen instrumentos de deuda de corto plazo, con vencimientos que no pueden superar el año. El proyecto establece que su emisión estará destinada a cubrir deficiencias estacionales de caja.
La tercera herramienta son los cheques de pago diferido. El Ejecutivo solicita autorización para emitirlos durante 2027 por hasta $30.000 millones, cerca de US$ 19,5 millones, cuando el tope autorizado el año pasado para el presente ejercicio llegó a los $ 24.000, es decir, unos US$ 15,8 millones.
El esquema financiero para el próximo año se tratará antes que el presupuesto provincial, con el objetivo de avanzar en las gestiones ante los organismos nacionales y garantizar que las herramientas estén operativas desde el 1 de enero.
El Ministerio de Hacienda, a cargo de Gabriel Sánchez, argumenta que necesita instrumentos ágiles para afrontar los desfasajes temporales entre la recaudación y los vencimientos de gastos. Entre las obligaciones mencionadas figuran los salarios públicos y los compromisos de las áreas de salud, educación y seguridad.
Los fundamentos también destacan el uso de los cheques diferidos para cancelar obligaciones con proveedores de bienes y servicios esenciales, en particular del sistema sanitario. La lista incluye proveedores de medicamentos e insumos médicos y prestadores de salud.
Según el Ejecutivo, estos instrumentos permitirían fijar fechas ciertas de cobro y entregar a los acreedores títulos negociables que podrían descontar o ceder para obtener liquidez anticipada. Para la Tesorería provincial, el mecanismo posibilitaría diferir temporalmente los desembolsos.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
