Hay dos denuncias, que presentaron el dirigente del PO Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulon. Quedaron unificadas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti e instruye la fiscal Paloma Ochoa, que ya dictó las primeras medidas de prueba.
Este miércoles, a pocas horas de que se conociera que Flavio Bolsonaro y su familia habían salido de Brasil vía Puerto Iguazú, el dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
El mismo miércoles el diputado Esteban Paulon (Provincias Unidas-Santa Fe) denunció al presidente Milei, al canciller, Pablo Quirno; a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva -a la que señaló como responsable política de Migraciones- y al asesor del presidente Santiago Caputo. Ambas denuncias se unificaron en una causa que está en el juzgado federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, e instruye la fiscal Paloma Ochoa, que este jueves pidió las primeras medidas.
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Ochoa, con el aval de Capuchetti, dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos. Según trascendió, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en los controles fronterizos y si funcionarios del Gobierno facilitaron la llegada de Bolsonaro al país y su posterior salida desde el aeropuerto de Iguazú.
Capuchetti además exigió las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina, buscando determinar todos los movimientos de Bolsonaro en territorio argentino.
Las denuncias de Solano y Paulon
Solano acusó a Milei “por organizar un operativo para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil. El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”.
El dirigente de PO subrayó también la información que circuló sobre la presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú “para dirigir personalmente la fuga”. “Estamos ante hechos gravísimos que deben investigarse como el uso de la estructura del Estado para encubrir a una persona alcanzada por restricciones judiciales y el posible empleo de recursos públicos para garantizar su impunidad”, manifestó Solano, que adelantó a PERFIL que este lunes hará una ampliación de la denuncia.
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Pidió que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia. “Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales. La Justicia debe investigar hasta el final y determinar las responsabilidades de quienes organizaron y ejecutaron este operativo clandestino”, dijo el ex legislador porteño.
Paulón destacó en su denuncia que “no existe mención por parte del gobierno de la existencia de un pedido formal o informal de asilo político ante nuestro país o terceros, como tampoco salvoconducto diplomático”.
La causa que se archivó
Tras el ingreso al país de Flavio Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas, se radicó una tercera denuncia en Puerto Iguazú por averiguación de delito y el fiscal subrogante Aníbal Fabián Martínez la cerró este jueves al considerar que no existió delito en la acción de pasar por la frontera argentina.
El caso se había iniciado un día antes con dos denuncias vinculadas con el supuesto ingreso ilegal de Bolsonaro a la Argentina, una posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la zona de frontera de Puerto Iguazú y la eventual violación de medidas cautelares extranjeras.
Según el dictamen del fiscal, Interpol informó que, al consultar sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flávio Bolsonaro al momento del informe.
En esa línea, el fiscal Martínez consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas.
No obstante, la fiscalía de Puerto Iguazú señaló que remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de Capital Federal, a cargo de Paloma Ochoa, donde tramitan las denuncias del dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, y el diputado Esteban Paulon.
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