La especulación en los precios de los combustibles ha activado operativos de supervisión en Guatemala y ha evidenciado debilidades en las instituciones responsables de proteger los derechos de los consumidores.
José Alejandro Córdova Herrera, Procurador de los Derechos Humanos, demandó un fortalecimiento inmediato de las capacidades operativas y de los recursos humanos y financieros tanto de la Dirección de Atención y Defensa del Consumidor (Diaco), dependiente del Ministerio de Economía, como de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, en el marco del Plan Centinela, según informó la propia Procuraduría de los Derechos Humanos.
Durante su visita a las instalaciones de la Diaco, el procurador Córdova Herrera fue informado de la presentación de 69 denuncias ante el Ministerio Público por presunta especulación de precios.
De acuerdo con la información proporcionada al funcionario, 42 de estas denuncias corresponden a la ciudad de Guatemala, mientras que 27 proceden de diversos departamentos, territorios donde se han identificado fluctuaciones notables en el precio por galón de gasolina superior, regular y diésel, así como situaciones de posible desabastecimiento que afectan a la población consumidora.
Toda la información sobre la recepción de denuncias y la distribución geográfica fue recabada durante la supervisión del PDH y comunicada oficialmente por la Procuraduría.
Supervisiones en estaciones detectan limitaciones operativas
Como parte de la respuesta institucional, el procurador Córdova Herrera encabezó verificaciones de campo en estaciones de servicio con el objetivo de examinar el trabajo de la Diaco, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Según la información oficial, estas acciones buscaron constatar la calidad y cantidad de combustibles entregados, así como la ausencia de agua en los productos comercializados, procedimientos enfocados en garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras.
Durante las supervisiones, las entidades intervinientes evaluaron si existían justificaciones técnicas válidas para los incrementos observados en gasolina y diésel. En este contexto, el procurador de los derechos humanos reiteró la obligación del Estado de preservar tanto los derechos fundamentales de la población como la estabilidad económica nacional.
En el marco del Plan Centinela, la Procuraduría de los Derechos Humanos detectó una carencia significativa de inspectores en la Diaco para ejercer un control adecuado en la ciudad de Guatemala. Córdova Herrera subrayó la urgencia de ampliar el número de inspectores, mejorar su capacitación y proporcionar equipos adicionales para consolidar las tareas de verificación y control a nivel local.
Las acciones de inspección se están replicando en todo el país, con la participación de las auxiliaturas departamentales y municipales de la Procuraduría. El propósito primordial de estos operativos, oficialmente declarado por la institución, es prevenir que la especulación de precios vulnere los derechos económicos y sociales de la población guatemalteca.
Esta serie de acciones y recomendaciones institucionales buscan responder a un contexto en el que, de acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, el incremento en los precios de los combustibles ha puesto a prueba la capacidad operativa de los organismos encargados de la defensa de los derechos de los consumidores en Guatemala.
DIACO reporta nuevas quejas por presunta especulación en combustibles
El Ministerio de Economía, mediante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), reportó la recepción de setenta y nueve denuncias por presunta especulación de precios de combustibles en distintas regiones del país, ante el reciente incremento detectado en los valores de venta.
Estas medidas responden, según el Ministerio, a la tendencia alcista registrada en los precios nacionales de los combustibles, lo que llevó a la DIACO, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, a identificar posibles delitos vinculados a la manipulación de precios. De las nuevas denuncias, treinta y dos fueron formuladas desde oficinas departamentales de DIACO, cuatro provienen de sedes municipales en Pisco y Villanueva, y una pertenece a investigaciones en la ciudad capital.
El Ministerio indicó que los casos de posible irregularidad fueron trasladados al Ministerio Público, y advirtió que el proceso de fiscalización a nivel nacional continuará conforme se detecten más irregularidades durante las revisiones en el sector de los combustibles.