El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por presuntamente engañar a los usuarios de ChatGPT sobre los riesgos del chatbot y causarles daños, según un comunicado oficial de su oficina difundido este viernes.
La demanda invoca la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, la principal norma de protección al consumidor del estado, y sostiene que OpenAI se presentó como una herramienta segura y confiable sin advertir sobre los peligros reales de su tecnología.
El comunicado enumera los daños atribuidos a la compañía: tiradores que recibieron ayuda del chatbot para cometer ataques, personas vulnerables alentadas al suicidio, profesionales humillados públicamente, usuarios que perdieron capacidad de pensamiento crítico y menores que se volvieron adictos a una herramienta que simula afecto humano para recolectar sus datos sin supervisión parental.
“Con el rápido avance de la tecnología de IA, OpenAI tiene la responsabilidad de proteger a los usuarios y advertirles sobre los numerosos peligros de su plataforma”, afirmó Paxton en el comunicado. “Voy a luchar para proteger a los tejanos de los daños de la IA y asegurarme de que las poderosas empresas tecnológicas no estén por encima de la ley”.
Texas se suma a una ola de demandas contra OpenAI
La acción de Texas no es aislada. Florida fue el primer estado en demandar a OpenAI, en junio, por comercializar ChatGPT como un producto seguro pese a conocer sus riesgos para los usuarios.
En octubre, otros ocho estados —Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana— presentaron demandas coordinadas con reclamos similares: ocultar que ChatGPT brindó consejos médicos peligrosos, alentó a usuarios a lastimar a otros y guió a personas hacia el suicidio mientras se presentaba como un amigo confiable. Con la acción de Paxton, ya son al menos diez los estados que llevaron a la empresa a los tribunales.
OpenAI respondió a las demandas de octubre asegurando que incorporó “protecciones específicas por edad que muchos otros productos de IA no tienen”, según declaraciones de un vocero de la compañía a medios estadounidenses. La empresa no había emitido una respuesta pública dirigida específicamente a la demanda de Texas al momento de esta publicación.
El historial de Paxton contra las grandes tecnológicas
Paxton, actual candidato republicano al Senado de Estados Unidos, construyó en los últimos años una de las oficinas de fiscalía más activas del país contra Silicon Valley. En 2024 obtuvo un acuerdo de USD 1.400 millones con Meta por el uso no autorizado de datos biométricos de usuarios de Texas, descrito como el mayor pago logrado por un solo estado en un litigio de este tipo. En octubre de 2025 repitió la cifra con un acuerdo similar contra Google por rastrear datos de usuarios sin su permiso.
Antes de la demanda contra OpenAI, Paxton ya había investigado a Meta y Character.AI por presentar chatbots como herramientas de salud mental, y había alcanzado un acuerdo pionero con la empresa de inteligencia artificial para la salud Pieces Technologies.
Texas también cuenta desde enero con una ley propia, la Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial, que fija reglas para proteger a los habitantes del estado de usos dañinos o engañosos de la IA y exige avisos claros cuando una persona interactúa con un sistema automatizado en ciertas situaciones.
Una empresa bajo presión legal antes de su salida a bolsa
La nueva demanda llega en un momento sensible para OpenAI, que avanza en los preparativos para una eventual salida a bolsa y que ya enfrenta decenas de juicios de particulares que responsabilizan a ChatGPT por casos de suicidio y violencia, incluido un tiroteo masivo investigado en Canadá.
Los estados demandantes piden en conjunto medidas que van desde sanciones económicas hasta cambios obligatorios en el diseño del producto: controles parentales más estrictos, verificación de edad y restricciones a conversaciones de tipo afectivo con menores.
Con la incorporación de Texas, el mayor estado en sumarse a la ofensiva legal, la cantidad de demandas estatales contra OpenAI asciende a diez, un número que previsiblemente seguirá creciendo mientras la compañía enfrenta en paralelo la revisión de su estructura societaria rumbo al mercado bursátil.
