Tras las tensiones por la reforma del sistema de Discapacidad, el Gobierno se enfoca en alcanzar un acuerdo con las universidades para el Presupuesto 2027.
La Casa Rosada busca negociar mayores partidas o beneficios sobre las contribuciones patronales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y reducir el conflicto judicial. En el Ejecutivo reconocen que el objetivo político es evitar nuevas movilizaciones masivas y llegar al verano sin otro frente de disputa de cara a las elecciones.
“La idea es cerrar el tema Discapacidad y meter las partidas dentro del Presupuesto 2027”, aseguró a TN un funcionario de primera línea del Gobierno. En Balcarce 50 sostienen que el costo fiscal del entendimiento alcanzado en Diputados es manejable y que los principales sectores de la conducción oficialista acordaron avanzar con esa salida durante las reuniones de la mesa política.
El próximo paso será profundizar los contactos con las autoridades universitarias para intentar cerrar el conflicto por el financiamiento. En Nación aseguran que están dispuestos a revisar las partidas incluidas en el proyecto presupuestario y a utilizar herramientas adicionales para acercar posiciones con los rectores. También pretenden que un eventual entendimiento permita reencauzar la disputa judicial por la aplicación de la ley vigente.
“Hay opciones de negociación. Una es subir en un intermedio los fondos, entre lo que damos y lo que piden, y otra es llegar a un acuerdo por las contribuciones patronales de ARCA”, explicó otra fuente oficial. La Casa Rosada todavía no definió cuál de las alternativas priorizará y tampoco descarta combinarlas para construir una propuesta que pueda obtener el respaldo de las universidades y de los bloques aliados.
La discusión parte de una diferencia de aproximadamente $3,3 billones entre las partidas previstas por el Ejecutivo y los recursos reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,7 billones para el sistema universitario, mientras que los rectores calculan necesidades cercanas a los $11 billones. El Gobierno descarta aceptar automáticamente esa última cifra y busca negociar un monto intermedio.
La segunda alternativa consiste en modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales. El Ejecutivo analiza mantener condiciones reducidas para las instituciones alcanzadas por los planes de regularización de deudas previsionales y evitar aumentos significativos de sus obligaciones. La herramienta permitiría aliviar parte de los costos salariales sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias.
El esquema vigente surge del Decreto 1571/2010 y fue modificado por el Decreto 645/2023, que estableció una escala progresiva de convergencia hacia las alícuotas generales una vez canceladas las deudas. Para las universidades comprendidas en ese régimen, la tasa correspondiente a los subsistemas previsionales alcanzados pasa del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. El Gobierno evalúa negociar cambios en esa evolución, aunque todavía no definió porcentajes ni el instrumento normativo.
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La Casa Rosada pretende utilizar un acuerdo presupuestario y previsional para impulsar modificaciones a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de recursos que el Ejecutivo cuestiona por su impacto fiscal. En Nación buscan reemplazar parte de ese esquema por otro que surja de una negociación con las universidades y pueda recibir respaldo legislativo.
El frente judicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto reglamentario que condicionó la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento. El Gobierno apeló esa sentencia y sostiene que las obligaciones presupuestarias deben analizarse dentro del marco de los recursos disponibles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó nuevas apelaciones del Ejecutivo durante octubre y dejó provisoriamente en suspenso las multas diarias de $100.000 que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, las decisiones no resolvieron la controversia de fondo ni determinaron definitivamente si el Estado cumplió con la cautelar. Un eventual acuerdo político podría modificar el escenario de la disputa, pero no dejaría sin efecto automáticamente las decisiones judiciales.
La negociación se desarrolla además después de una nueva Marcha Federal Universitaria y de un endurecimiento de la posición pública de los rectores. El CIN rechazó las críticas del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y cuestionó el incumplimiento de la ley sancionada por el Congreso. Las autoridades universitarias también entregaron al papa León XIV un documento sobre la situación presupuestaria del sistema y reclamaron respeto por las decisiones legislativas y judiciales.
Dentro del oficialismo, sin embargo, hay diferencias sobre las concesiones que se están realizando para sostener los acuerdos parlamentarios. Un sector del Ejecutivo cuestiona los cambios impulsados en Discapacidad, las negociaciones vinculadas con la venta de tierras y las propuestas sobre morosidad. Cerca de la conducción libertaria advierten que esos movimientos se alejan de la agenda original del Gobierno y generan tensiones internas.
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“Nuestro límite es el equilibrio fiscal. Esa es la línea que bajó el Presidente y la vamos a respetar”, sostuvo un funcionario nacional. En ese sector aseguran que Milei no comparte varias de las modificaciones que avanzan en el Congreso, pero reconocen que el oficialismo tiene un margen reducido para confrontar con los aliados. La prioridad es evitar nuevas derrotas legislativas sin comprometer la política económica.
Otra fuente de la Casa Rosada reconoció que el Gobierno debió retroceder en distintos puntos porque no contaba con los votos para sostener su posición inicial. “Son temas en los que ya perdimos catorce a cero y tenemos que resolverlos”, expresó. En el Ejecutivo admiten que la estrategia actual consiste en desactivar conflictos cuando no existen condiciones parlamentarias para imponerse, aunque esa orientación genera resistencias dentro del propio oficialismo.
El Gobierno buscará trasladar esa misma lógica a la negociación universitaria durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados. La intención es acordar mayores recursos o beneficios previsionales, modificar el esquema de financiamiento vigente y reducir la exposición judicial antes del cierre del año. En Balcarce 50 reconocen que todavía no existe una propuesta definitiva, pero sostienen que el objetivo es evitar nuevas protestas durante el verano y llegar al calendario electoral de 2027 con los principales conflictos presupuestarios encaminados.
