El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es protagonista nuevamente de una batalla judicial que se desató en los últimos días, cuando el medio The Intercept y la fundación Freedom of the Press acudieron a los tribunales de Nueva York para realizar una presentación para frenar Truth API, un servicio de suscripción lanzado este mes por Trump Media and Technology Group, la compañía que cotiza en el Nasdaq y es propietaria de Truth Social.
La herramienta permite a firmas de negociación acceder a las publicaciones de las cuentas más relevantes de la plataforma antes de que aparezcan en el cronograma público. La diferencia es de apenas unas fracciones de segundo, pero ese margen puede ser suficiente para que los algoritmos de alta frecuencia ejecuten miles de operaciones antes de que el resto del mercado procese la información.
Truth Social, Trump y las suscripciones para acceder a las cuentas más relevantes
Las suscripciones tienen un costo de entre u$s60.000 y u$s100.000 mensuales e incluyen las diez cuentas con mayor cantidad de seguidores de Truth Social. Entre ellas se encuentran las de Donald Trump, la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance, el director del FBI Kash Patel y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.
Durante la presentación de resultados del lunes, el CEO interino Kevin McGurn reconoció que los abonados reciben las noticias «ligeramente más rápido» que el resto. La empresa había presentado Truth API como un canal en tiempo real para acceder a las publicaciones de mayor impacto sobre los mercados.
Trump controla aproximadamente el 41% de Trump Media and Technology Group a través de un fideicomiso revocable supervisado por su hijo mayor, Donald Trump Jr. Esa participación tiene actualmente un valor cercano a u$s1.000 millones.
Los denunciantes sostienen que los comunicados oficiales son información de dominio público y no deberían quedar reservados para quienes puedan pagar por acceder a ellos antes que el resto.
Las bases de la demanda contra la empresa de Trump
La demanda incluye entre los acusados a Donald Trump, al jefe adjunto de gabinete Dan Scavino, a la asistente ejecutiva Natalie Harp y a la Oficina Ejecutiva del Presidente. El escrito califica el acuerdo de «profundamente corrupto».
Los demandantes sostienen que Truth API viola la Primera Enmienda al establecer un acceso desigual a los anuncios presidenciales. También argumentan que vulnera la Quinta Enmienda al condicionar ese acceso al pago de sumas que consideran desproporcionadas.
El planteo agrega que Trump publicó entre 9.000 y 11.000 mensajes desde enero de 2025 y que muchos de ellos no estuvieron acompañados por un comunicado oficial de la Casa Blanca. «Trump está intentando enriquecerse privatizando información gubernamental», afirmó el redactor jefe de The Intercept, Ben Muessig.
Desde Trump Media respondieron que las críticas demuestran «una incapacidad para entender la diferencia entre información pública y no pública» y acusaron a activistas de izquierda de utilizar los tribunales como arma. La Casa Blanca no se pronunció sobre la demanda. El caso se conoce después de que los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaran el mes pasado a la Comisión del Mercado de Valores que analizara si Truth API afecta la integridad de los mercados.
La demanda apunta a un mecanismo que, según sus impulsores, no comenzó con el lanzamiento de la suscripción. Durante varios episodios de este año, los mercados de futuros registraron ráfagas inusuales de actividad pocos minutos antes de que importantes anuncios vinculados con la guerra con Irán aparecieran en la cuenta de Donald Trump.