Un fuerte impacto en el precio de los combustibles sacudió a Bolivia, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz eliminara el subsidio estatal al diésel, lo que provocó un aumento del 83% y llevó el valor del litro de 9,80 a 17,95 bolivianos (aproximadamente u$s1,83). La medida busca reducir el costo de la subvención y combatir el contrabando, pero generó rechazo entre transportistas y organizaciones sociales.
El presidente boliviano anunció la medida durante un mensaje transmitido por cadena nacional, en el que justificó la decisión por el elevado costo de la subvención y el contrabando de carburantes. Según el mandatario, el nuevo mecanismo permitirá garantizar el abastecimiento en el país. “Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera”, sostuvo Paz.
La decisión entró en vigor horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiación de u$s1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar el programa de estabilización económica y fortalecer las reservas internacionales.
Aunque el acuerdo contempla la eliminación de los subsidios a los combustibles a partir de 2027, el gobierno decidió adelantar la medida para el diésel. Por el momento, la nafta mantiene el esquema de subvención vigente.
Cómo funciona el nuevo precio del diésel
El Gobierno reemplazó el precio fijo del combustible por un mecanismo vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI). Este sistema contempla los costos asociados a la importación del diésel, entre ellos el transporte, el almacenamiento, el financiamiento, los tributos y otros gastos logísticos.
De esta manera, el precio del combustible queda relacionado con los costos de adquisición en el mercado internacional, en lugar de depender exclusivamente de un valor fijo establecido por el Estado.
Rechazo de transportistas y organizaciones sociales
La eliminación del subsidio generó preocupación entre los sectores que dependen del diésel, especialmente el transporte, la agricultura y otras actividades productivas. El incremento del combustible podría elevar los costos operativos y repercutir en los precios de bienes y servicios.
Transportistas y organizaciones sociales expresaron su rechazo a la medida y advirtieron sobre posibles protestas y bloqueos, según informó la agencia Xinhua.
Ante este escenario, horas después del anuncio presidencial, efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron desplegados en distintos puntos de la carretera que conecta Cochabamba con Oruro, entre ellos Suticollo y Parotani, para garantizar la circulación vehicular.
La modificación del esquema de subsidios se produce mientras permanece vigente la ampliación por 90 días del estado de excepción aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, en un contexto marcado por bloqueos previos y una prolongada crisis de abastecimiento de combustibles.
