La causa judicial iniciada contra un hombre que amenazó al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia con mensajes antisemitas a través de Instagram llegó a su fin tras una mediación penal en la que el acusado reconoció el delito, expresó su arrepentimiento y aceptó cumplir una serie de compromisos que incluyen visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires.
El caso se remonta a marzo de este año, cuando Santiago Peralta, de 29 años, envió una serie de mensajes intimidatorios a la cuenta privada de la red social del diputado, en los que dirigió insultos antisemitas y amenazas contra su esposa e hijos. Wolff presentó la denuncia el 6 de marzo, lo que activó el trabajo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que rastreó el origen de las comunicaciones.
Las tareas de investigación digital permitieron vincular los mensajes a un domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Con la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del fiscal Miguel Kessler y la autorización del Juzgado PCyF N° 12, bajo la titularidad del juez Juan Neumann, se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que fueron sometidos a peritaje.
Una vez avanzada la instrucción, el proceso derivó en una instancia de mediación penal. Allí, Peralta reconoció la autoría de los hechos y formalizó su arrepentimiento en un testimonio grabado. Como parte del acuerdo, aceptó cumplir una probation que contempla la visita a dos espacios de memoria vinculados con el Holocausto.
En una carta dirigida al legislador y a su familia, el acusado escribió: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”.
En el mismo texto, Peralta señaló que ya había concurrido al Museo de Ana Frank y al Museo del Holocausto durante el mes de octubre, y admitió que “esas expresiones son totalmente inaceptables y que las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”.
Wolff valoró el desenlace del proceso y aceptó las disculpas. “Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó el legislador porteño.
El caso no es un hecho aislado en la trayectoria judicial del diputado frente al antisemitismo en plataformas digitales. En mayo, la justicia porteña resolvió otra causa iniciada por Wolff contra un usuario de la red social X que le había escrito “gordo jabón” en el marco de una discusión política. Esa expresión constituye una referencia directa a una de las prácticas del régimen nazi durante el genocidio: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio.
En aquella oportunidad, el propio legislador lo explicó: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”. La causa fue encuadrada en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y tramitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13, especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, bajo la conducción del fiscal general Martín López Zabaleta.
También en ese caso, el agresor —identificado como Marcelo Fredes— reconoció los hechos, pidió disculpas y se comprometió a participar de una jornada de reflexión en el Museo del Holocausto.
Con ambas resoluciones, Wolff subrayó que este tipo de procesos judiciales marca un antes y un después en el tratamiento de los discursos de odio en Argentina. “Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, afirmó el diputado en referencia al caso de la plataforma X, una advertencia que cobra mayor dimensión a la luz del cierre de la causa por las amenazas recibidas a través de Instagram.
La resolución de ambos expedientes dejó en evidencia que las herramientas de investigación digital disponibles permiten identificar a los responsables de mensajes de odio y amenazas, incluso cuando operan desde cuentas anónimas o privadas. En el caso de Peralta, la denuncia presentada ante la Policía de la Ciudad fue suficiente para que los especialistas en ciberdelitos rastrearan la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada y determinaran el domicilio desde el que se enviaron los mensajes.
