El Gobierno avanza con Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente tecnología china utilizada en redes estatales y profundizar la cooperación en seguridad. La iniciativa formó parte de la reunión que el canciller Pablo Quirno mantuvo este jueves con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, en el Palacio San Martín. El encuentro incluyó anuncios sobre ciberseguridad, narcotráfico y trata de menores, además de una discusión sobre los riesgos que Washington atribuye a determinados proveedores tecnológicos.
Uno de los principales anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para poner en funcionamiento un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. Quirno confirmó que el proyecto incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT. El objetivo es fortalecer la protección de los sistemas informáticos públicos y ampliar la capacidad del Estado para detectar y responder a ataques.
El anuncio representa un avance sobre el programa que vienen trabajando hace meses para sustituir equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales. La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y contempla una transición hacia proveedores considerados confiables por Washington. Según explicaron entonces fuentes oficiales, el Gobierno busca retirar progresivamente esa tecnología y desarrollar una estructura de monitoreo de alcance nacional.
El documento estadounidense establece expresamente que el programa debe acompañar el desplazamiento de equipamiento de origen chino de la infraestructura digital argentina. La convocatoria de financiamiento señala que la primera etapa incluirá un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos para identificar los equipos considerados no confiables. También prevé formular recomendaciones para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.
La asistencia estadounidense había sido anunciada originalmente por hasta US$13.912.185 durante un período aproximado de 36 meses. El nuevo monto informado por Quirno asciende a US$15 millones, aunque todavía no se precisó si se trata de una actualización del mismo programa o si incorpora componentes adicionales. La documentación original establece además que el Departamento de Estado tendrá participación en la revisión y aprobación de etapas y recomendaciones técnicas.
El esquema prevé destinar aproximadamente US$5 millones al diseño de la arquitectura tecnológica del centro, además de partidas para evaluar redes, revisar el marco legal y capacitar especialistas argentinos. La planificación contempla una primera etapa de diagnóstico durante seis meses y una segunda fase de implementación tecnológica entre los meses siete y dieciocho. La expectativa es que el sistema alcance autonomía operativa al finalizar los tres años.
La asistencia no implica que Estados Unidos financiará la totalidad del reemplazo de los equipos chinos. El documento establece que la Argentina deberá asumir principalmente la compra de hardware, licencias de software y costos de funcionamiento. Washington podrá cubrir determinados componentes cuando resulten indispensables para alcanzar los objetivos del programa y no exista otra alternativa de financiamiento.
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El centro funcionará dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no será administrado por ARSAT, según indicaron previamente fuentes oficiales a TN. La empresa estatal quedará alcanzada por las evaluaciones anunciadas por Quirno, mientras el nuevo organismo tendrá una función más amplia sobre distintas redes gubernamentales. En paralelo, ARSAT prepara una licitación independiente por US$49 millones para modernizar parte de su infraestructura de telecomunicaciones con financiamiento del BID.
La discusión sobre los proveedores chinos también apareció durante la conferencia de prensa, cuando los funcionarios fueron consultados por las advertencias estadounidenses vinculadas con Huawei y un proyecto tecnológico en Neuquén. El planteo estuvo relacionado con la controversia que involucró a directivos de la Cooperativa CALF y posibles restricciones migratorias por sus contactos con la compañía china.
Quirno negó que la Argentina aplique una política de discriminación contra proveedores por su origen. El canciller sostuvo que las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática y reconoció que Estados Unidos constituye un proveedor que genera confianza al Gobierno. También planteó que, en un escenario ideal, el país debería desarrollar mayores capacidades tecnológicas propias.
Landau, por su parte, defendió la utilización de las visas como una herramienta de política exterior y seguridad nacional. El vicesecretario de Estado sostuvo que Washington puede restringir el ingreso de personas cuyas actividades considere una amenaza para sus intereses. No confirmó nuevas restricciones contra empresarios argentinos ni identificó personas alcanzadas por medidas concretas.
La cooperación bilateral también incluyó la aprobación de US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos dentro de la Argentina. El resto estará destinado a iniciativas regionales. Quirno vinculó esos recursos con la participación del país en el Escudo de las Américas y con la decisión de incorporar al RePET al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC-EP y Los Tiguerones.
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El acuerdo firmado durante la jornada fue el Pacto para la Protección de la Infancia, suscripto por Landau y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El instrumento contempla asistencia estadounidense de hasta US$10 millones para fortalecer la lucha contra la trata de menores. El Gobierno no difundió todavía el detalle de los proyectos que recibirán esos recursos ni el calendario de desembolsos.
La cooperación tecnológica también se vincula con el Corredor Andes-Atlántico, presentado por ambos países en septiembre para impulsar inversiones en energía, minería, transporte e infraestructura digital. El documento oficial estadounidense contempla expresamente la utilización de tecnología considerada confiable por Washington. La iniciativa incluye instrumentos de financiamiento del Export-Import Bank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para proyectos estratégicos.
La reunión entre Quirno y Landau dejó así nuevos compromisos de seguridad y confirmó la revisión de infraestructura estatal dentro de un programa que contempla el reemplazo de tecnología china. El Gobierno todavía debe definir los plazos de sustitución, las contrataciones necesarias y el alcance de las intervenciones sobre las redes existentes. La cooperación continuará durante los próximos meses, mientras la Casa Rosada prepara la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.
