El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó el desafuero de un concejal acusado de abuso sexual simple contra una víctima menor de edad. El pedido se realizó ante la proximidad del juicio que se realizaría a partir del 9 de diciembre, con el objetivo de evitar posibles planteos de nulidad vinculados con la inmunidad que le otorga su función pública.
El abogado del sujeto se opuso a la solicitud cuya resolución será informada el próximo 2 de noviembre.
En la audiencia judicial, la Fiscalía, integrada por Francisco Marano y Ricardo Pridebailo, explicó que, si bien el hecho por el que será juzgado el imputado es ajeno a su condición de concejal, “es necesario avanzar con el desafuero antes del inicio del debate para despejar cualquier cuestionamiento posterior que pudiera formular la Defensa en relación con las inmunidades propias del cargo”.
Por su parte, el defensor particular del acusado Santiago Guenumil cuestionó el pedido. Argumentó que el delito atribuido no tiene ninguna relación con el ejercicio de la función pública y que, por lo tanto, no corresponde solicitar el desafuero. Además, sostuvo que su defendido se mantuvo a derecho durante todo el proceso, compareció cada vez que fue requerido y tiene previsto presentarse al juicio.
En la instancia también estuvo presente Juan José Álvarez Costa, defensor oficial de niñas, niños y adolescentes, quien adhirió a lo requerido por la acusación y, ante el planteo de reserva de la identidad del hombre realizado por su abogado defensor, enfatizó especialmente que el resguardo y la protección debe estar centrada en la víctima y no en la identidad del imputado.
El planteo será resuelto por el juez de juicio Guillermo Bustamante, quien dará a conocer su decisión el 2 de noviembre, en una audiencia prevista para las 9:30 horas. En cuanto a los pedidos relacionados con las restricciones a la difusión de información sobre el caso, el magistrado aclaró que la única prohibición es la de revelar la identidad de la víctima.
La investigación que dio origen a este pedido se vincula con una causa iniciada por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una adolescente. En ella hay otras dos personas que ya atravesaron procesos judiciales: un joven acusado de un único hecho de abuso sexual simple, que accedió a una suspensión de juicio a prueba que se encuentra vigente, y otro hombre condenado a seis años de prisión por haber admitido que abusó sexualmente de la víctima mediante acceso carnal.
