El recinto del Senado, donde la reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 21 en contra. (Foto: Prensa Senado)
El Senado dio media sanción en la madrugada de este viernes a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que modifica los criterios para las internaciones involuntarias y refuerza el rol de los psiquiatras en los equipos de atención. El proyecto del Gobierno nacional obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
El texto aprobado tiene diferencias importantes con el que redactó la Casa Rosada, porque sufrió modificaciones hasta minutos antes del debate para conseguir los votos. Según publicó La Nación, la prohibición de crear manicomios que fijó la ley de 2010 seguirá vigente, y la internación sigue siendo una medida excepcional. El oficialismo también aceptó incorporar un esquema de financiamiento federal para las provincias, mediante convenios bilaterales coordinados en el Consejo Federal de Salud (COFESA).
El debate giró en torno a los recursos. El senador catamarqueño Guillermo Andrada reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional y sostuvo que la falta de presupuesto fue una de las causas del fracaso de la ley vigente. En el cierre, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la reforma: “Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales. Esto salva vidas”.
Para disponer una internación involuntaria, el proyecto exige verificar un riesgo grave de daño para la vida o la integridad de la persona o de terceros, con la firma de dos profesionales. La medida deberá notificarse en 24 horas al juez, que tendrá tres días para convalidarla, pedir peritajes o disponer la externación. Además, desde el primer día deberá elaborarse un plan de egreso, y las internaciones que superen los 180 días serán consideradas prolongadas, lo que activa de oficio la intervención del Órgano de Revisión.
La reforma amplía el concepto de adicciones e incluye la ludopatía. Autoriza también las teleconsultas con psiquiatras en las zonas donde no haya especialistas. Las personas podrán fijar directivas anticipadas para aceptar o rechazar tratamientos y designar a alguien que exprese su consentimiento cuando no puedan hacerlo.
En cuanto a las familias, el proyecto limita la intervención a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales, según detalló Infobae. Si no aparecen responsables, el Estado queda obligado a garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. Para niños y adolescentes, la atención deberá darse en dispositivos diferenciados de los adultos, con derecho a ser escuchados y sin criminalización de los consumos.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
