La economía argentina no consigue encontrar el impulso que necesita y los datos de agosto lo confirmaron. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) apenas avanzó un 0,1% en términos desestacionalizados, un registro que equivale prácticamente a un estancamiento, sobre todo después de la fuerte caída del 2,8% de julio. Ese leve repunte dejó la actividad un 2,7% por debajo del nivel alcanzado en junio. Así, la economía no solo frenó su marcha, sino que retrocedió respecto de mediados de año.
La comparación interanual muestra un panorama similar, con una contracción del 1,7% en agosto. El crecimiento acumulado de los primeros ocho meses, por su parte, se moderó al 1,2%, frente al 1,7% que registraba hasta julio, lo que evidencia el deterioro progresivo de la actividad. Los indicadores sectoriales adelantados habían insinuado una recuperación parcial para agosto, pero el resultado final defraudó incluso las expectativas más cautas.
El verdadero problema que encierran estos números es aritmético y conduce a una conclusión difícil de esquivar. El producto ya se había contraído un 0,6% en el segundo trimestre y el flojo desempeño de julio y agosto anticipa una nueva caída en el tercero. De confirmarse, la economía encadenaría dos trimestres consecutivos de contracción, lo que configuraría una recesión técnica. Un escenario que hasta hace pocos meses parecía una amenaza comienza a perfilarse como una posibilidad cada vez más concreta.
Este panorama obligó a recortar nuevamente las proyecciones de crecimiento para el conjunto del año. Para alcanzar el 1,5% que anticipaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central —una previsión que ya había sido corregida a la baja el mes anterior—, haría falta que la economía creciera a un promedio del 2% mensual entre septiembre y diciembre. Se trata de un ritmo difícil de imaginar cuando la variación mensual promedio en lo que va del año es negativa, del orden del 0,5%.
Incluso una expansión anual cercana al 1%, apenas en línea con el arrastre estadístico heredado de 2025, exigiría revertir con firmeza la tendencia recesiva en el último tramo del año. Por eso, ese 1% empieza a perfilarse más como un techo que como un piso para 2026.
El mercado laboral también refleja las consecuencias del estancamiento. En julio se perdieron alrededor de 13.000 puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado, con lo que la pérdida acumulada desde diciembre de 2025 llegó a unos 65.500 empleos.
La única señal algo más alentadora provino de los salarios: el poder adquisitivo de los trabajadores formales acumuló mejoras en junio, julio y agosto, con un avance del 1% en este último mes. Sin embargo, esa recuperación todavía no logra consolidarse ni compensar el fuerte deterioro que sufrió el ingreso real a comienzos del año.
El crédito, que debería funcionar como una de las palancas de la reactivación, tampoco aporta buenas noticias y no repunta desde mediados de 2025. Según el Banco Central, durante septiembre el financiamiento bimonetario al sector privado se mantuvo estable, aunque esa aparente quietud esconde comportamientos diferentes. Mientras los préstamos en dólares crecieron, los otorgados en pesos, incluidas las líneas destinadas al consumo, cayeron en términos reales y desestacionalizados.
En este contexto, cobra sentido avanzar hacia una remonetización ordenada que canalice liquidez hacia el crédito, aun cuando eso implique que la desinflación de 2027 resulte algo más lenta.
El frente financiero, lejos de ofrecer un respiro, sumó otra preocupación con el marcado deterioro del riesgo país. El indicador superó esta semana los 700 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones de medio término.
El contraste con su trayectoria reciente es elocuente: a comienzos de julio de este año, el indicador había tocado un mínimo cercano a los 400 puntos. En apenas tres meses, acumuló una suba de más de 300 unidades. Se trata de un aumento abrupto que refleja la creciente desconfianza de los inversores hacia los activos argentinos.
La comparación con otras economías de la región permite dimensionar cuánto de ese deterioro responde a factores específicamente argentinos. Desde el 23 de septiembre, cuando el indicador rondaba los 567 puntos, el riesgo país local subió 139 unidades, frente a los 163 puntos de Ecuador, los 56 de El Salvador y los apenas 31 del índice latinoamericano.
En el acumulado del año, la Argentina muestra un incremento del 26%, por encima del 21% de Ecuador. En cambio, El Salvador exhibe una mejora del 5% y el promedio regional se mantiene prácticamente sin cambios. De todos modos, conviene señalar que las principales agencias calificadoras elevaron recientemente la nota soberana argentina de CCC+ a B-, una categoría que todavía la ubica por debajo de Ecuador y a la par de El Salvador.
La Bolsa completa este cuadro de debilidad relativa, más allá de los recientes cambios metodológicos. El índice líder pasó a ser elaborado por un proveedor internacional que lo pondera según el volumen efectivamente negociado. Ahora está integrado por 19 empresas, tras la incorporación de una firma agropecuaria y la salida de una compañía de telecomunicaciones y otra del sector comercial. Sin embargo, ese ajuste técnico no modifica la tendencia de fondo.
Medido en dólares, el principal índice accionario argentino acumula en el año una caída del 14%, en marcado contraste con el alza del 24% del índice latinoamericano, del 26% de la Bolsa brasileña y del 15% del conjunto de los mercados emergentes.
Resulta tentador atribuir buena parte de este deterioro al contexto internacional, caracterizado por una mayor aversión global al riesgo y por la suba de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos y otras economías centrales.
Sin embargo, esa explicación es insuficiente. El escenario externo no alcanza por sí solo para justificar la magnitud del castigo que reciben los activos argentinos. La brecha respecto de otros países de la región revela que buena parte del problema tiene origen doméstico y está estrechamente vinculada con la debilidad de la actividad económica y la incertidumbre sobre su evolución.
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Respecto de los próximos meses, el panorama invita más a la cautela que al optimismo. Recuperar los niveles de riesgo país de julio, cercanos a los 400 puntos, parece improbable en el corto plazo. Un piso más realista se ubicaría entre los 500 y los 600 puntos.
De todos modos, vale recordar que en la previa electoral de 2025 el indicador había superado ampliamente los 1200 puntos. Por lo tanto, el escenario actual, aunque preocupante, dista de ser el más adverso que atravesó la economía.
Una reducción sostenida del riesgo país dependerá tanto de una mejora del contexto financiero internacional como, sobre todo, de que empiecen a aparecer señales concretas de recuperación de la actividad. Sin ese impulso, será difícil revertir la desconfianza de los inversores y recuperar las perspectivas de crecimiento.
Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.
