Desde que comenzó a funcionar la actual composición del Consejo de la Magistratura en 2022, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, cuatro jueces fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento y un quinto renunció antes del juicio de remoción.
El balance también incluye sanciones económicas contra otros magistrados y expedientes disciplinarios pendientes de resolución. Las decisiones corresponden al período iniciado en abril de 2022, cuando el organismo recuperó su integración de 20 miembros.
Ese esquema volvió a aplicarse después de que la Corte declarara inconstitucional la reforma impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner que había reducido de 20 a 13 la cantidad de consejeros y alterado el equilibrio entre sus distintos estamentos, dándole más poder al gobierno de turno.
Cristina es y sigue siendo una obsesiva por tener poder dentro del Consejo de la Magistratura. Durante las presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner se designaron 543 jueces y 166 fiscales durante sus tres mandatos, entre 2003 y 2015. En Argentina hay poco más de mil jueces, es decir que nombraron más de la mitad.
Los cuatro magistrados removidos por mal desempeño fueron Walter Bento, de Mendoza; Martín Poderti y Alfredo López, de Mar del Plata; y Gastón Salmain, de Rosario. Marcelo Bailaque, también de Rosario, dejó el cargo mediante una renuncia.
Bento, además, fue condenado en un juicio oral a 18 años de prisión por delitos que incluyeron asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.
Poderti fue desplazado por incumplir sus obligaciones de custodia de una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron monedas de oro. López, por sus reiteradas expresiones antisemitas y discriminatorias en redes sociales.
Salmain fue destituido este jueves por ocultar antecedentes al concursar para acceder a la magistratura. Entre ellos, su cesantía del Poder Judicial por hechos vinculados con un intento de manipulación de causas.
Tras la remoción, quedó detenido por orden de la Justicia de Rosario, que lo investiga por el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales.
Bailaque, en cambio, evitó una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento al renunciar antes del inicio del juicio de remoción. El Poder Ejecutivo aceptó su dimisión. El exmagistrado también se encuentra detenido.
Las cuatro destituciones fueron precedidas por investigaciones del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces nacionales y federales. Los expedientes pasaron por la Comisión de Acusación y fueron sometidos al Plenario.
Antes de esta etapa, entre su puesta en funcionamiento en 1999 y 2022, el organismo había registrado 18 destituciones.
La actual integración está encabezada por Rosatti, como presidente de la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo está representado por el viceministro de Justicia, Santiago Viola.
Por Diputados participan Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Gonzalo Roca y Álvaro González. Por el Senado, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Luis Juez y Eduardo Vischi. Pero como no pueden renovar sus cargos, deberán ser reemplazados a partir del 18 de noviembre cuatro operadores de Cristina: Taihlade, Siley, Recalde y Sagasti.
Los representantes de los jueces son Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola. Por los abogados integran el cuerpo Fernanda Vázquez, Alberto Maques, Jimena de la Torre y César Grau.
La representación académica corresponde a Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. El 18 de noviembre se renovarán representantes del organismo, lo que abrirá una nueva etapa en su composición.
El Consejo recibe denuncias, investiga, escucha a los magistrados y puede aplicar sanciones disciplinarias. Cuando considera que existen motivos para una remoción, formula la acusación y remite el caso al Jurado de Enjuiciamiento.
La decisión de destituir corresponde a ese Jurado. Durante el proceso, los consejeros designados para sostener la acusación cumplen una función equivalente a la de los fiscales.
Estos son los antecedentes de los cuatro jueces destituidos y del magistrado que renunció antes del juicio de remoción.
El extitular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por mal desempeño.
Entre las conductas acreditadas figuraron maniobras para interferir en la investigación penal en su contra, irregularidades patrimoniales y en sus declaraciones juradas, y su inscripción en un concurso pese a encontrarse procesado.
El extitular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario dejó el cargo el 1° de julio de 2025, tras renunciar antes del inicio del juicio de remoción.
El Poder Ejecutivo aceptó su dimisión mediante el decreto 443/2025, fechado el 30 de junio y publicado al día siguiente. La salida impidió que el procedimiento concluyera con una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento.
El exintegrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata fue destituido el 18 de diciembre de 2025.
El Jurado le reprochó haber incumplido sus deberes de custodia de una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron 144 monedas de oro, cuando se desempeñaba como secretario.
Consideró que esa conducta comprometía su idoneidad para continuar ejerciendo la magistratura.
El extitular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata fue destituido el 18 de agosto de 2026 por publicar reiteradamente expresiones antisemitas y discriminatorias en redes sociales.
El Jurado consideró que esas conductas constituían una falta ética grave, incompatible con el ejercicio de la función judicial.
El extitular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario fue destituido el 29 de octubre de 2026 por ocultar antecedentes al concursar para acceder a la magistratura, entre ellos su cesantía del Poder Judicial.
El Jurado entendió que esa omisión deliberada quebrantó la confianza pública necesaria para ejercer el cargo.
El Consejo también impulsó el juicio de remoción contra Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, acusado de ejercer violencia y acoso laboral.
El magistrado fue suspendido y enviado al jury. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento consideró que no había pruebas suficientes para destituirlo.
Además de impulsar procesos de remoción, el Consejo aplicó sanciones disciplinarias durante este período. Entre ellas, multas sobre los haberes de tres magistrados.
El 4 de octubre de 2023, el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal recibió una multa equivalente al 50% de sus haberes, por única vez.
La sanción respondió a expresiones ofensivas, revictimizantes y discriminatorias incluidas en una sentencia sobre abuso sexual. El Consejo también lo instó a actualizar su capacitación en perspectiva de género.
El mismo día, el integrante del mismo tribunal recibió una multa equivalente al 50% de sus haberes, por única vez, por las expresiones incluidas en aquella sentencia.
El Consejo consideró que comprometían el decoro de la función judicial y los derechos humanos. También lo instó a actualizar su capacitación en perspectiva de género.
El 10 de julio de 2024, el titular del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, recibió una multa equivalente al 30% de sus haberes, por única vez.
La sanción respondió a conductas de maltrato y hostigamiento laboral contra empleados y funcionarios del juzgado, que incluyeron violencia de género contra empleadas y funcionarias.
El caso del titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91 está pendiente de análisis por parte del Plenario.
El 19 de agosto de 2026, la Comisión de Disciplina aprobó un dictamen que propone aplicarle una multa equivalente al 35% de sus haberes, por única vez, por su actuación respecto de la Ley de Honorarios Profesionales, entre otros sancionados.
Otro expediente sin resolución es el del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, denunciado por presuntamente haber faltado a la verdad durante su exposición ante el Congreso en el juicio político contra la Corte, impulsado en 2023.
Los impulsores de los pedidos de sanción atribuyen la demora a los representantes del kirchnerismo en el Consejo.
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