Desde perfumes y celulares hasta juguetes, indumentaria y bebidas alcohólicas, el comercio ilegal gana terreno en distintos sectores de la economía argentina, incluso en un contexto de consumo debilitado.
El fenómeno no solo golpea a las empresas que compiten con mercadería ingresada de manera irregular, sino que también tiene un elevado costo para las cuentas públicas: el Estado dejaría de recaudar casi USD 3.000 millones durante 2026 por el contrabando y la subfacturación de importaciones. Así lo estimó una actualización del informe de MAP LATAM, presentada este lunes ante la prensa, que analizó 15 sectores productivos y calculó que estas prácticas también impiden generar 11.300 empleos formales.
Se trata de la segunda edición del estudio Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina, correspondiente a octubre de 2026. El documento dimensionó las consecuencias sobre la recaudación tributaria, la actividad industrial y los consumidores, y advirtió sobre las dificultades de fiscalización en un contexto de apertura comercial y flexibilización de los controles aduaneros.
Uno de los datos centrales del trabajo es que los 15 sectores relevados representan apenas el 2,6% del PBI y el 14,5% del producto manufacturero. Por lo tanto, la pérdida fiscal calculada corresponde únicamente a ese universo de actividades y no al conjunto de la economía.
De los USD 2.855 millones que el Estado dejaría de recaudar durante 2026, USD 2.283 millones corresponden al contrabando y USD 572 millones a la subfacturación. La primera modalidad implica el ingreso ilegal de mercadería, mientras que la segunda consiste en declarar importaciones por debajo de su valor real para reducir el pago de impuestos.
El informe señaló que el comercio ilícito mantiene una presencia significativa incluso en un escenario de retracción del consumo y achicamiento de los mercados. Según MAP LATAM, estas prácticas afectan tanto a las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias como a los consumidores, por la comercialización de productos sin garantías, controles de calidad o trazabilidad.
Los sectores que más pérdidas generan al Estado
El mayor impacto fiscal se concentra en las bebidas espirituosas, con una pérdida estimada de USD 1.400 millones durante 2026. Se trata, por amplia diferencia, del sector que encabeza el ranking elaborado por MAP LATAM.
En segundo lugar aparece textiles e indumentaria, donde la subfacturación de importaciones representaría una pérdida de USD 470 millones. Le siguen los cigarrillos, con USD 255 millones, y los agroquímicos o fitosanitarios, con USD 230 millones.
El detalle de las pérdidas fiscales estimadas para los sectores analizados es el siguiente:
- Bebidas espirituosas: USD 1.400 millones.
- Textiles e indumentaria: USD 470 millones.
- Cigarrillos: USD 255 millones.
- Agroquímicos: USD 230 millones.
- Celulares: USD 205 millones.
- Neumáticos: USD 55 millones.
- Juguetes: USD 50 millones.
- Yerba mate: USD 50 millones.
- Calzado deportivo: USD 40 millones.
- Calzado no deportivo: USD 40 millones.
- Marroquinería: USD 25 millones.
- Perfumería árabe: USD 13 millones.
- Línea blanca: USD 10 millones.
- Televisores: USD 6 millones.
- Pequeños electrodomésticos: USD 5 millones.
Para dimensionar el impacto sobre las cuentas públicas, MAP LATAM comparó el monto estimado con distintos impuestos. Los USD 2.855 millones equivalen al 120% de la recaudación por Impuestos Internos y al 160% de lo recaudado por Bienes Personales. También representan alrededor del 25% de la recaudación del Impuesto al Cheque, el 55% de los derechos de exportación y el 56% de los impuestos a los combustibles.
El estudio incorporó equivalencias en términos de infraestructura pública. Según sus estimaciones de costos, los recursos fiscales que se pierden permitirían financiar aproximadamente 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
Del perfume a los celulares: dónde tiene mayor presencia el comercio ilegal
Más allá de la pérdida fiscal, el relevamiento identificó diferencias importantes en la participación del contrabando y la subfacturación dentro de cada actividad.
El caso más llamativo corresponde a la perfumería árabe, donde MAP LATAM estimó que el 83% del mercado proviene del contrabando. Le siguen los celulares, con una participación ilegal del 40%, y los juguetes, donde esa proporción alcanza el 33%.
En otros sectores, la principal irregularidad identificada fue la subfacturación. En textiles e indumentaria, el estudio calculó que el 30% de las importaciones están subfacturadas, una proporción similar a la registrada en marroquinería.
Para los televisores, el porcentaje alcanza el 25%, mientras que en pequeños electrodomésticos llega al 22% y en línea blanca al 16%.
En cuanto al contrabando, el informe estimó una incidencia del 15% del mercado de agroquímicos y de yerba mate, del 13% en bebidas espirituosas, del 11% en cigarrillos y neumáticos y del 10% en calzado deportivo.
El calzado no deportivo presenta una situación diferente: el 17% de su mercado corresponde, según el trabajo, a importaciones subfacturadas.
MAP LATAM aclaró que el problema también afecta a otras actividades que quedaron fuera de la estimación, como alimentos envasados, huevos, medicamentos, productos médicos, materiales de construcción, materiales eléctricos y minerales no ferrosos, entre ellos cobre y bronce.
El impacto sobre el empleo industrial
El informe también calculó las consecuencias del contrabando sobre la generación de puestos de trabajo registrados. Para ello, tomó siete sectores en los que fue posible contar con información comparable de producción y empleo.
Según las estimaciones, el contrabando impide crear 11.300 empleos formales, lo que representa un 22% adicional sobre los aproximadamente 51.500 trabajadores que ocupaban esas actividades durante 2025.
La mayor cantidad de puestos potenciales corresponde a la yerba mate, con 3.400 empleos, seguida por los juguetes, con 2.600, y los celulares, con 1.900.
El resto de los puestos se distribuye entre otras cuatro actividades: 1.100 en cigarrillos, 1.000 en agroquímicos, 800 en neumáticos y 500 en calzado deportivo.
El caso de los juguetes presenta una particularidad: los 2.600 puestos adicionales equivaldrían a cuatro veces el empleo registrado por el sector durante 2025. En celulares, el incremento potencial alcanzaría el 67%, mientras que en yerba mate representaría un aumento del 18%.
En términos agregados, los 11.300 puestos equivalen al 0,92% del empleo industrial formal registrado en 2025 y al 0,17% del empleo privado registrado total. El cálculo contempla exclusivamente el contrabando y no la subfacturación, ya que esta última corresponde a importaciones registradas legalmente, aunque declaradas por debajo de su valor real.
Las advertencias sobre los controles aduaneros
Otro de los ejes del estudio es la relación entre el avance del comercio ilegal y los cambios introducidos en los mecanismos de control de las importaciones.
MAP LATAM sostuvo que la apertura y la desregulación de la economía debilitaron mecanismos tradicionales de fiscalización, al tiempo que señaló limitaciones estructurales vinculadas con la tecnología disponible y la capacitación del personal de control.
Entre las modificaciones mencionó la eliminación, en abril de 2024, de la obligatoriedad del canal rojo para textiles, calzado y productos alcanzados por medidas antidumping. Estas operaciones pasaron a un sistema de verificación aleatoria.
También destacó la eliminación de los valores criterio de importación, en octubre de ese año. Según el informe, esa herramienta permitía detectar posibles casos de subfacturación antes del despacho de la mercadería, mientras que el nuevo esquema trasladó el control de valor a una instancia posterior y selectiva.
A estos cambios se sumó la eliminación de la participación de veedores sectoriales en las verificaciones físicas de mercadería y la ampliación del régimen de envíos por courier, cuyo límite pasó de USD 1.000 a USD 3.000 por operación.
El trabajo aclaró que la apertura comercial resulta necesaria, pero planteó la importancia de acompañarla con mecanismos de fiscalización acordes con las prácticas internacionales.
En una comparación con la Unión Europea y Estados Unidos, MAP LATAM consideró que Argentina cumple los estándares vinculados con información anticipada de cargas, gestión de riesgo y operadores económicos autorizados.
Sin embargo, calificó como parcial el cumplimiento de los mecanismos de control de valor, inspección no intrusiva e inspección física. Además, señaló que el país no cumple con el estándar de publicación de indicadores de resultados de fiscalización.
Argentina, entre los países con peores indicadores
El relevamiento incorporó indicadores internacionales para dimensionar la situación argentina.
De acuerdo con el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT en 2025, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países, en una clasificación donde las primeras posiciones corresponden a las economías con mejores resultados.
Otro indicador, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), ubicó al país en el puesto 16 entre 193 naciones por criminalidad asociada al comercio ilícito de bienes gravados.
En esta última medición, Argentina empeoró su posición respecto de 2023, cuando ocupaba el puesto 27. Su puntaje pasó de 6,5 a 7 sobre una escala de 10, donde los valores más elevados representan una mayor incidencia del fenómeno.
El informe también examinó las medidas que aplicaron otros países para combatir el comercio ilegal. Entre los antecedentes mencionó los sistemas de trazabilidad digital de Colombia, las regulaciones sobre plataformas de comercialización de celulares en Brasil y las obligaciones de identificación de vendedores en marketplaces de Estados Unidos.
En el caso europeo, destacó la Ley de Servicios Digitales, orientada a detectar y retirar productos ilegales de las plataformas de comercio electrónico. También identificó iniciativas de trazabilidad de productos de tabaco en la Unión Europea, Reino Unido, Polonia y Kenia.
El estudio distinguió entre medidas generales de fiscalización aduanera y otras dirigidas específicamente a plataformas digitales como Temu y Amazon, que contemplan la identificación de vendedores, la homologación de productos y la trazabilidad de mercaderías comercializadas a través de esos canales.
