En la previa a la visita del Papa León XIV crece la presión al Senado por la Ley de Ludopatía, que fue aprobada por Diputados en 2024 pero la Cámara Alta nunca la trató. Si no lo hacen antes del 30 de noviembre el proyecto perderá estado parlamentario y la discusión tendría que empezar otra vez de cero.
La ley de prevención de la ludopatía tuvo media sanción en noviembre de 2024. En el Senado el oficialismo lo congeló porque estaba en contra del texto aprobado porque lo consideraba demasiado restrictivo y planteaba que podía afectar libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales sobre el juego.
En mayo de este año Javier Milei envió un proyecto propio del Gobierno sobre el tema. Sin embargo, tampoco eso garantizó que se inicie la discusión.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una juntada de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir que el proyecto de ley avance en el Congreso.
«Pedimos al Senado aprobar con urgencia el proyecto de ley que regula las apuestas online y prohíbe su publicidad, antes de que pierda estado parlamentario. Nadie se salva solo. Esta problemática no es una amenaza futura: ya está haciendo daño a miles de chicos y familias», señala la petición.
A su vez, respaldan la petición con informes sobre el tema producidos por Unicef, la Cruz Roja, la UCA y Consejo Publicitario Argentino.
Entre ellos datos de Unicef señalan que «el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años apostó online alguna vez y más del 60% de los de 9 a 17 conoce a alguien que lo hizo» y el de la Cruz Roja que indica que «tres de cada cuatro escucharon sobre apuestas a través de publicidad». También que «el 79% de quienes apuestan reconoce riesgos de adicción y 1 de cada 8 quedó endeudado».
En la última sesión del Senado, la peronista catamarqueña Lucía Corpacci presentó una moción de preferencia para que el texto se discuta cuanto antes y en votación, a mano alzada, todo el recinto apoyó la propuesta.
Sin embargo, todavía no fue convocado el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales que presiden tres libertarios: Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita.
«Tenemos que hablar de lo que está pasando, de las necesidades de tantas familias, chicos y jóvenes y, sobre todo, de la responsabilidad que tiene el Estado de dar respuestas», sentenció Corpacci quien además sentenció que es un problema de salud mental y que «no puede ser que las entidades deportivas hagan propaganda de esto».
El proyecto de ludopatía no puede seguir esperando. Tenemos que hablar de lo que está pasando, de las necesidades de tantas familias, chicos y jóvenes y, sobre todo, de la responsabilidad que tiene el Estado de dar respuestas. pic.twitter.com/WpPuNmiI1w
Incluso, adelantando el problema de tiempos- porque este 30 de noviembre termina el periodo de sesiones ordinarias- pidió que se extiendan las ordinarias o que el Ejecutivo incluya el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias.
Por otra parte, la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, en su carácter de presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, le envió una nota a Arrascaeta, Márquez y Coraita para solicitarles una reunión y pedirles avanzar con la iniciativa.
La carta también tiene la firma de legisladores de otros bloques como Mónica Frade de la Coalición Cívica y la neuquina Karina Maureira.
«La eventual pérdida del estado parlamentario de esta iniciativa no implicaría, por lo tanto, únicamente la caducidad de un expediente que cuenta con media sanción, sino también la interrupción de un proceso legislativo que demandó un considerable esfuerzo institucional, técnico y parlamentario», sentencian en la carta.
Las claves del proyecto aprobado en Diputados, que lo vuelve más riguroso es que prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online incluyendo televisión, radio, redes sociales, camisetas de fútbol, estadios e influencers.
A su vez, exige controles de identidad estrictos para evitar el ingreso de menores de 18 años a as plataformas de juego. Concretamente, la implementación de sistemas de identificación biométrica obligatorios integrados con las bases del ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) cada vez que el usuario ingresa a la plataforma.
El proyecto de La Libertad Avanza sólo veta la publicidad y patrocinio de plataformas ilegales y para las empresas autorizados fija algunos límites generales: no pueden incluir ni estar dirigidas a menores de edad, tienen prohibido vincular el juego con el éxito personal, laboral, social o la aceptación; sugerir que las ganancias del juego representan soluciones financieras; y no deben asociar las apuestas con el consumo de alcohol o tabaco.
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