El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, compareció este martes ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre los disturbios del 17 de octubre y asumió ser “el único responsable” del dispositivo de seguridad desplegado ese día, al que calificó de “fracaso”.
Durante la sesión, Núñez sostuvo que “el fracaso constatado no presupone por sí mismo una falta de los servicios del Estado” y reconoció una “falta de anticipación” ante la confluencia de cuatro situaciones que se produjeron de forma simultánea aquella jornada: una concentración de 110.000 personas que requería control, activistas radicalizados que neutralizaron la presencia policial en la Plaza de la República, marchas no autorizadas que intentaban llegar a los centros de poder y la llegada de grupos dedicados al saqueo y la destrucción de comercios.
En ese marco, el ministro informó que había presentado su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien decidió rechazarla. Como falla puntual, admitió no haber convocado el regreso anticipado de vacaciones a los efectivos de Policía y Gendarmería previstos para esa fecha. Señaló además al “movimiento de ultraizquierda” como responsable de que la situación se descontrolara, con la intención, según su versión, de desestabilizar a las fuerzas del orden, en particular en la capital.
El funcionario explicó que la estimación inicial de asistentes resultó inferior a la cifra real, aunque consideró que ese desfase no constituyó el principal problema de la jornada. “La diferencia no radicaba tanto en la previsión del número de participantes como en la intensidad de la violencia de aquel día”, afirmó, y atribuyó las dificultades del operativo a la presencia de delincuentes, saqueadores y vándalos en una proporción mayor a la anticipada.
El titular de Interior remarcó que los servicios de inteligencia habían alertado con antelación sobre el potencial insurreccional de la movilización y sobre la posible intervención de colectivos de ultraizquierda que podrían atacar negocios, inmuebles oficiales y efectivos desplegados en la vía pública. A partir de esos informes, el 16 de octubre remitió instrucciones a los prefectos para gestionar eventuales bloqueos, supervisar las marchas bajo un principio de desescalada e intervenir de forma sistemática ante episodios de violencia contra personas o bienes.
Según los datos aportados por el Ministerio, el 17 de octubre se contabilizaron 441 acciones de protesta con 550.000 asistentes en todo el territorio francés, de los cuales 110.000 se concentraron en París. Los hechos derivaron en el saqueo de aproximadamente 3.000 comercios y en incendios de edificios públicos, entre ellos el Ayuntamiento de Limoges, cuyas imágenes circularon en medios de todo el mundo.
Núñez precisó que de las 75 unidades de fuerzas móviles disponibles se emplearon prácticamente todas, con excepción de cinco que debieron cubrir otros compromisos programados esa misma fecha. Justificó la decisión de no sumar más personal por el desgaste acumulado tras semanas de protestas estudiantiles iniciadas a fines de septiembre, con el objetivo de preservar el descanso de los agentes y garantizar tanto su integridad física como el control en sus intervenciones. Agregó que los grupos de ultraizquierda actuaron antes de lo previsto y con mayor autonomía, lo que generó enfrentamientos desde el inicio mismo de las marchas en Marsella y en París, a diferencia de lo observado en convocatorias anteriores, cuando ese tipo de incidentes solía registrarse hacia el cierre de las movilizaciones.
Para los sábados posteriores, el 24 y el 31 de octubre, el funcionario reconoció haber diseñado un esquema “muy diferente” al del 17, que incorporó vehículos blindados, cañones de agua, una distribución anticipada de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos y una mayor capacidad de movilidad de los agentes en el terreno.
Lamentó también los heridos graves registrados entre manifestantes y estudiantes de secundaria, entre ellos un joven que sufrió la amputación de una mano en Lens, en el norte del país. Pese a esto, defendió el uso de “armamento intermedio”, como ciertos tipos de granadas, frente a lo que calificó de violencia “sin precedentes” por parte del movimiento estudiantil. Las granadas aturdidoras, prohibidas en el marco de las protestas escolares, fueron utilizadas de todos modos en esas jornadas.
Pese a la propuesta del Gobierno francés de reformar el sistema de ingreso universitario conocido como Parcoursup, los alumnos de secundaria mantuvieron las movilizaciones durante el fin de semana y reclaman directamente su eliminación. A esas marchas se sumaron también los llamados “chalecos amarillos” junto con distintas organizaciones sindicales, que manifestaron su rechazo al costo de vida y a la actuación policial, en vísperas de la huelga general convocada para el 5 de noviembre.
(Con información de EFE y EP)
Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.
