El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Oleksandr Poklad, destituyó a dos altos funcionarios del organismo investigados por su presunta participación en un caso de corrupción vinculado con una red de centros de llamadas fraudulentos.
Los investigadores de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) realizaron registros en el marco de la Operación Cartago y sostuvieron que altos responsables del SBU, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General recibieron sobornos para proteger las actividades de la organización. La pesquisa indicó que algunos integrantes de las fuerzas de seguridad incluso colaboraron en la organización de agresiones y secuestros atribuidos a la estructura criminal.
Uno de los funcionarios del SBU investigados amenazó con utilizar un arma de fuego e impidió el ingreso de los agentes a una de las instalaciones registradas, según señaló la agencia anticorrupción. El episodio ocurrió durante los procedimientos judiciales realizados el miércoles en el marco de la ampliación del caso.
La red operó decenas de centros de llamadas y empleó a unas 2.700 personas, de acuerdo con los datos incorporados a la causa. Desde esas oficinas, los involucrados contactaban a ciudadanos ucranianos y extranjeros para concretar engaños telefónicos. La investigación también vinculó al grupo con la comercialización de sustancias relacionadas con el cannabis, la fabricación de cigarrillos falsificados y la producción de moneda extranjera falsa.
“Gracias a la protección de las fuerzas del orden, los integrantes de la organización garantizaban el funcionamiento de estos centros, que estafaban a ciudadanos ucranianos y extranjeros, además de participar en la venta de narcóticos y en la producción ilegal de cigarrillos falsificados y moneda extranjera falsa”, señaló la agencia anticorrupción.
El SBU confirmó que sus empleados quedaron bajo investigación y aseguró que colaboró con las diligencias. Poklad expresó su expectativa de que el proceso se desarrollara sin interferencias, pese a las tensiones que existieron entre la agencia de seguridad y los organismos anticorrupción.
Además, señaló que mantuvo contactos con servicios especiales de países socios para extender las actuaciones vinculadas con el caso fuera de Ucrania. En ese contexto, se refirió a un sospechoso mencionado en la investigación como “el mexicano” y pidió que regresara al país para ponerse a disposición de las autoridades.
“Le sugiero que venga a Ucrania y se entregue a las fuerzas del orden. O lo encontraremos nosotros mismos, dondequiera que se esconda. Tenemos experiencia. El SBU trabaja y trabajará exclusivamente para Ucrania”, afirmó Poklad.
La Policía Nacional suspendió a los agentes alcanzados por la pesquisa, aunque pidió evitar “conclusiones prematuras” mientras avanzaban las actuaciones. La Fiscalía General manifestó su disposición a colaborar con la investigación, pero señaló que no conocía las actividades ilegales denunciadas por la NABU.
El caso salió a la luz por primera vez en septiembre y provocó la salida del entonces fiscal general, Ruslan Kravchenko. Las autoridades vincularon a un subordinado suyo con la gestión de los centros de llamadas, mientras la administración de la Fiscalía quedó bajo sospecha por una posible participación en las actividades investigadas.
Kravchenko negó irregularidades y no recibió cargos penales. Sin embargo, la expansión de la causa situó bajo escrutinio a funcionarios de varias áreas de seguridad y justicia, en un contexto de rivalidad entre la NABU, que opera con independencia, y el SBU, un organismo dependiente de la Presidencia ucraniana.
La investigación avanzó sobre un sector que, según estimaciones de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, organización internacional dedicada al análisis del crimen organizado, reunió a cerca de 60.000 trabajadores en Ucrania. Ese volumen equivalió a alrededor de dos tercios de la plantilla del sistema bancario del país y pudo generar ingresos de hasta USD 1.000 millones mensuales.
(Con información de AFP y Reuters)
