El Senado activa el debate del proyecto de Discapacidad que tras las modificaciones que aceptó el Gobierno ya fue aprobado, por amplia mayoría, en Diputados. La Cámara Alta buscará dictaminarlo este miércoles y votarlo en el recinto en la sesión prevista para el 19 de noviembre.
El plenario de Presupuesto y Población se reúne a las 16 y dado que en la Cámara Baja el texto fue acompañado incluso por el peronismo (se aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones de la Izquierda) se espera un trámite exprés.
Frente a la presión opositora -y la intención de cerrar un tema que complica al Gobierno- el oficialismo cambió 180 ° su estrategia y su discurso sobre el tema: aceptó todos los pedidos de la oposición.
La llegada del Papa León XIV y su visita al Cottolengo Don Orione (hogar para personas con discapacidades severas y múltiples) también fue clave para que el Ejecutivo acepte desandar su postura.
La iniciativa sostiene los puntos centrales de esa ley de emergencia en discapacidad de la oposición: mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones, y la pensión no contributiva, junto a la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.
Solo elimina el concepto de «emergencia», que en lo concreto le daba al Gobierno mayor discrecionalidad para el manejo de los fondos.
Ahora, el oficialismo tuvo que incluir en el texto las partidas que va a utilizar para financiar cada punto de la ley y que se cumplan. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimo el costo en $598.912 millones para 2027.
También se modificó la delegación que se le otorgaba al Ejecutivo para estipular los requisitos necesarios para acceder a una pensión por discapacidad y quedaron especificados en la ley. Por ejemplo: no percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Por otra parte, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad (el actual Incluir Salud), y se fijaron plazos concretos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total dentro de los 90 días corridos.
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