Marta Sánchez, periodista y corresponsal en el Reino Unido, analizó los cambios propuestos en las políticas migratorias británicas y las tensiones que atraviesa el Gobierno para reformular el sistema, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil.
El debate sobre la inmigración en el Reino Unido atraviesa un momento de fuerte tensión. La propuesta oficial para modificar las condiciones de permanencia en el país contempla distintos requisitos según el perfil económico y profesional de los extranjeros, una diferenciación que despertó críticas tanto en sectores de izquierda como de derecha.
Según explicó Marta Sánchez, periodista y corresponsal en el Reino Unido, el esquema planteaba beneficios para los inmigrantes de mayores ingresos, con propiedades y posiciones económicas acomodadas, mientras que imponía condiciones mucho más exigentes para quienes desempeñan trabajos esenciales. En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, advirtió sobre las dificultades que podría generar la iniciativa para sectores clave del mercado laboral.
Las condiciones de permanencia para los inmigrantes en el Reino Unido
“Si tenés dinero, un inmigrante con dinero, en un perfil muy alto, con propiedades, no hay ningún problema”, señaló Sánchez. En cambio, quienes trabajan como enfermeros, cuidadores de personas mayores y en otras actividades de asistencia enfrentarían mayores dificultades para conseguir la residencia permanente.
La periodista advirtió que una de las alternativas analizadas implicaba extender hasta 15 años el plazo de permanencia requerido para determinados trabajadores, frente a los cinco años que anteriormente permitían acceder a ese derecho. “Lo que produce un problema es qué se va a hacer entonces con estas demandas de puestos que no ocupan los británicos, que es todo el tema del cuidado”, planteó.
Ante las controversias, la ministra responsable deberá reformular la iniciativa para contemplar las necesidades del mercado laboral y las discusiones políticas y sociales que genera la inmigración.
Sánchez también cuestionó algunos de los argumentos habituales contra los migrantes. “Los mitos de que si vienen los migrantes ocupan los puestos de los ingleses, que no es así”, sostuvo. Además, rechazó la idea de que los extranjeros representan necesariamente una carga para el sistema de bienestar británico.
“Los que vienen así lo que quieren es trabajar, es trabajar legalmente para poder tener después un estatus de permanencia”, explicó.
El trabajo de cuidados y las dificultades para conseguir la ciudadanía
Otro de los puntos centrales del debate es la necesidad de trabajadores extranjeros para atender a personas mayores. Sánchez explicó que existen residencias con departamentos independientes, espacios comunes y atención médica permanente, aunque aclaró que estos servicios no están suficientemente extendidos.
“No se ha invertido en esto”, afirmó, y contrastó esa situación con el incremento de los recursos destinados al armamento. En ese contexto, muchas familias recurren a trabajadores extranjeros para cuidar a sus adultos mayores. La corresponsal consideró que debería facilitarse la regularización de quienes desempeñan esas tareas, incluso cuando inicialmente ingresaron o trabajan en condiciones irregulares.
“Se les debería dar también la ventaja de poder regularizar la situación a través de sus empleadores, que también pongan en blanco”, sostuvo.
La periodista también describió cómo se endurecieron los requisitos para quienes llevan años trabajando legalmente en el Reino Unido. Según relató, cuando llegó al país existían alternativas para obtener la ciudadanía mediante el matrimonio o después de cinco años de trabajo legal. Sin embargo, esas condiciones cambiaron y los costos también aumentaron considerablemente.
“Ahora, para hacerte ciudadano hay que pagar como 3.000 libras, que es un disparate”, señaló Sánchez, quien consideró que las condiciones para los inmigrantes “se han empeorado muchísimo”.
Finalmente, advirtió que el desafío del Gobierno británico será encontrar un equilibrio entre las necesidades laborales del país, las políticas migratorias europeas y las exigencias de control fronterizo. “La cuestión es encontrar un buen balance”, concluyó, al remarcar que incluso dentro del propio Gobierno existen diferencias sobre cómo avanzar con una reforma que todavía permanece bajo discusión.
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