La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó nuevas medidas de prueba ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La causa se originó a partir de una denuncia contra Javier Milei.
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó nuevas medidas de prueba para determinar si el Gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos.
El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N° 5, que interviene en las actuaciones preliminares. La investigación busca establecer si existió una colaboración de funcionarios nacionales y, en ese caso, quiénes participaron y qué recursos del Estado fueron utilizados.
Entre los aspectos que se pretende esclarecer figura la eventual utilización de vehículos oficiales, personal de seguridad, viáticos u otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño y a su familia durante el traslado.
Hasta el momento, no hay funcionarios imputados en esta investigación. El objetivo de las medidas es determinar si los hechos denunciados pueden constituir un delito y si existió una intervención irregular de integrantes del Poder Ejecutivo.
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Las denuncias contra Milei y funcionarios del Gobierno
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei por presunto encubrimiento y otras irregularidades vinculadas con la salida de Bolsonaro de Brasil.
Posteriormente, Solano amplió su presentación para incluir al asesor presidencial Santiago Caputo, a Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá, y al asesor de la Secretaría General de ese organismo, Orlando Ignacio Palacios.
En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón presentó otra denuncia para que se investigara la posible responsabilidad de funcionarios argentinos en el episodio. Las presentaciones plantean la necesidad de esclarecer si existió coordinación entre distintas áreas del Gobierno para facilitar el traslado del dirigente brasileño, así como determinar si hubo utilización indebida de recursos públicos o incumplimiento de obligaciones por parte de funcionarios.
Entre las hipótesis mencionadas en las denuncias aparecen posibles delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Sin embargo, esas figuras forman parte de los planteos de los denunciantes y no constituyen delitos acreditados.
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Las medidas para reconstruir el recorrido de Bolsonaro
La presentación de Ochoa se suma a las medidas preliminares que había dispuesto Capuchetti para reconstruir los movimientos de Flávio Bolsonaro y su familia durante su paso por la Argentina. La magistrada ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana.
También solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar qué controles se realizaron, si existían alertas o comunicaciones de autoridades brasileñas y si algún organismo argentino había recibido información sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente.
Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. La familia atravesó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones. Según informó Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.
Horas después, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly que partió desde Puerto Iguazú durante la madrugada del 28 de octubre. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos. El desplazamiento quedó bajo investigación luego de que se conociera que el dirigente brasileño tenía restricciones judiciales para abandonar su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y otras maniobras financieras.
CS
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