El Gobierno acelera las negociaciones para destrabar el proyecto de ley sobre la causa Malvinas.
El Gobierno nacional se muestra optimista respecto a la posibilidad de conseguir una resolución favorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco del reclamo presentado contra el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
En la Casa Rosada transmiten plena confianza en los argumentos jurídicos presentados y aseguran que mantendrán firme la ofensiva legal sin importar cuál sea el resultado final de las audiencias que se llevarán a cabo en Hamburgo.
El planteo oficial se concentra específicamente en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Ejecutivo advierten que la proximidad de estas operaciones petroleras justifica una intervención urgente para proteger los derechos soberanos de la Argentina sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marino.
La defensa del país en esta instancia internacional estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, junto a destacados especialistas y funcionarios de distintas áreas ministeriales.
En cuanto a los tiempos procesales, los voceros oficiales admiten que el Tribunal del Mar suele demorar varias semanas en dictar sus resoluciones. Las audiencias previstas permitirán exponer las posturas antes de conocer el pronunciamiento definitivo de los magistrados.
Los antecedentes históricos, como el caso de la Fragata ARA Libertad en 2012, demuestran que las medidas cautelares pueden resolverse con celeridad. Sin embargo, las autoridades aclaran que no existe un plazo reglamentario estricto para la actual controversia.
Más allá de lo que decida el tribunal en el exterior, el Gobierno aclaró que la estrategia diplomática no se agotará con esta presentación. La intención oficial es sostener los reclamos en todos los foros internacionales disponibles.
La ofensiva nacional se completa con un fuerte impulso a herramientas legislativas y administrativas dentro del territorio argentino. Entre las iniciativas destaca el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que actualmente debate el Congreso.
Esta normativa busca brindarle al Estado de sanciones mucho más duras y efectivas contra las compañías infractoras. Las penalidades alcanzarán también a todos los proveedores extranjeros vinculados con la explotación ilegal en las islas.
En paralelo, la gestión nacional ratificó que continuará financiando proyectos estratégicos en la región austral. La Base Naval Integrada de Ushuaia se consolida como un pilar fundamental para la presencia logística en el Atlántico Sur.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
