El juez federal Tomás Rodríguez Ponte, aseguró que los intercambios entre empleadas, asesoras y personal de sistemas integrarían un presunto mecanismo de obstrucción que derivó en el procesamiento del financista Ariel Vallejo.
La Justicia detectó una serie de comunicaciones que habrían buscado desmantelar registros informáticos y físicos de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), antes de los allanamientos. Los intercambios, que involucran a empleadas, asesoras y personal de sistemas, forman parte de un presunto mecanismo de obstrucción investigado en la causa.
Las primeras alertas internas surgieron días antes de los operativos. El 28 de noviembre, luego de una denuncia de ARCA por presunto lavado de activos, Micaela Sánchez, señalada en el expediente como responsable de custodiar las llaves de las cajas fuertes y los equipos, consultó a una empleada si ocurría «algo raro». La respuesta fue que trabajaban «solo blanco» y que el resto permanecía resguardado.
Los chats que encendieron las alarmas
Sin embargo, los intercambios se intensificaron durante la madrugada del allanamiento. A la 1:33, Daniela Sánchez, secretaria personal de Vallejo, pidió retirar temprano las ganancias acumuladas. Media hora después, Susana Hoffman, asesora en normativa del Banco Central, solicitó al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas. Hoffman declaró posteriormente que el pedido apuntaba a eliminar aplicaciones personales no permitidas, como WhatsApp o Instagram. No obstante, el juzgado cuestionó que esa tarea debiera realizarse en plena madrugada. A las 2:57, Daniela Sánchez envió otra instrucción a un colaborador: «borrar todas las cámaras».
Las sospechas no se limitaron a los registros digitales. El expediente también describe movimientos de efectivo en sucursales como Adrogué Chico y Banfield, donde se habría retirado el dinero acumulado y dejado únicamente pequeños montos, identificados en los mensajes como «puchitos».
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Las maniobras investigadas continuaron después de los primeros procedimientos. El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, señalado como portavalor de la firma, habría coordinado el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa. Un día después, Nahiara Gamarra, otra de las secretarias de Vallejo, le pidió al técnico informático que «limpiara bien» su equipo y le indicó expresamente: «borrá todo, sí».
En sus descargos, las imputadas y los colaboradores rechazaron las acusaciones. Las secretarias y la cajera sostuvieron que no tenían injerencia en las decisiones financieras u operativas de la firma, mientras que Cervín aseguró que desconocía que el traslado de los vehículos pudiera interpretarse como una maniobra de obstrucción judicial.
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El trasfondo de la investigación
El trasfondo de la causa apunta al funcionamiento del Grupo Sur Finanzas, que incluía operaciones de compraventa de divisas, préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP. La fiscalía y el juzgado sospechan que la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia comercializó dólares en el mercado paralelo con terceros no autorizados y registró ingresos por $4.040.114.708 en 2022, frente a ventas declaradas por $2.440.801.851.
La Justicia considera que esas operaciones podrían constituir el delito precedente de maniobras de lavado de activos, mientras que Vallejo negó la existencia de una red de comercialización ilegal y defendió la legitimidad de sus operaciones durante el cepo cambiario. El financista cumple prisión domiciliaria y el juez aguarda un informe técnico de la DaJuDeCo para determinar los flujos contables y los préstamos y patrocinios que vincularon a la financiera con distintos clubes de fútbol.
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