Integrantes de la delegación de Argentina posan en la sala principal del Tribunal Internacional del Derecho de Mar este miércoles en Hamburgo, Alemania.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó el sábado 28 de noviembre como fecha para leer su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina con el objetivo de suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas. El anuncio lo realizó el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.
La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre sobre los plazos. El cuerpo de jueces contará con 17 días para deliberar tras la finalización de los alegatos orales.
La segunda ronda de la jornada del miércoles expuso los argumentos más técnicos del debate. La disputa se concentra en tres preguntas de fondo que el Tribunal deberá resolver: su competencia para intervenir, la existencia de un daño real e inminente alegado por la Argentina y si el tiempo alcanza para que el Tribunal Arbitral del Anexo VII actúe antes del inicio de las perforaciones.
En las conclusiones finales, Mario Oyarzábal, agente de la Argentina ante el organismo internacional, sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: suspender toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura en la cuenca norte de las Malvinas vinculada a Sea Lion, abstenerse de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos, cesar de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la Convemar —la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— y no otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Oyarzábal enfatizó la postura argentina frente a la estrategia británica: «El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización».
A través del profesor Marcelo Kohen, la Argentina sostuvo que el Tribunal no necesita expedirse sobre la soberanía de las Malvinas para dictar medidas provisionales, sino que basta con que los derechos invocados por Buenos Aires sean plausibles bajo la Convemar. Kohen enumeró siete hechos no refutados por la contraparte, entre los que destaca que las islas continúan en la lista de territorios no autónomos de la ONU y la existencia de resoluciones de la Asamblea General que instan a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización.
La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido sosteniendo la tesis contraria. Argumentó que el reclamo argentino sobre la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero solo tiene sentido si la Argentina acepta su soberanía sobre las islas, lo que convertiría el planteo en un reclamo territorial. Sander cuestionó también que la solicitud para que el Reino Unido cese de impedir el cumplimiento de obligaciones medioambientales carece de correlato procesal: «Si Argentina alega que el Reino Unido incumple sus propias obligaciones de la Parte XII, debe decirlo con claridad».
El punto de tensión central enfrenta dos lecturas: la Argentina afirma que invocar la soberanía explica el contexto del litigio y no su objeto. El Reino Unido asegura que la distinción es artificiosa porque los argumentos de Buenos Aires dependen de ser aceptado como el Estado ribereño.
El asesor Nico Schrijver, de la defensa argentina, presentó cuatro fuentes de riesgo acumulativo respecto a la fase de explotación: una duración del proyecto de hasta 30 años y 11.000 días de operación, la instalación de 26 pozos con 60 kilómetros de líneas de flujo submarinas y un buque de producción anclado, la dificultad de respuesta ante derrames en condiciones meteorológicas extremas y la falta de experiencia del operador Navitas Petroleum en campos en producción. Schrijver citó datos del propio operador que indican una probabilidad superior al 90% de que un derrame mayor alcance aguas internacionales, con residuos a hasta 220 kilómetros al norte del campo.
El abogado británico Guglielmo Verdirame contrapuso la declaración de impacto ambiental del proyecto, calificando el riesgo de pérdida catastrófica del buque como «muy improbable» y sin precedentes en dos décadas de operaciones globales. Estimó además la probabilidad de un reventón durante la perforación en uno cada 20.834 pozos. Verdirame defendió las pérdidas económicas estimadas en US$1.000 millones para Rockhopper Exploration, respaldadas en US$865 millones de capital recaudado según la declaración del director ejecutivo Samuel Moody.
El tribunal deberá resolver el estándar del artículo 290 de la Convemar: si evalúa la gravedad del daño en caso de ocurrir o su probabilidad de ocurrencia.
Respecto a los plazos, la discusión se centró en si el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convemar estará en condiciones de intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha prevista para el inicio de las perforaciones. La defensa argentina expuso una cronología sobre seis casos históricos donde los procesos demoraron entre 3,8 y nueve meses, lo que situaría la operatividad del tribunal arbitral apenas 15 días antes del inicio de los trabajos.
Michael Wood, por la parte británica, objetó la comparación al señalar que en ninguno de esos antecedentes existía una solicitud urgente de medidas provisionales pendiente desde el primer día de constitución del cuerpo. Citó el caso Arctic Sunrise para ejemplificar celeridad en la actuación arbitral.
En el cierre de las exposiciones argentinas, Schrijver advirtió a los jueces sobre la urgencia de la resolución: «Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será».
Por su parte, la agente del Reino Unido ante el TIDM, Sally Langridge, solicitó rechazar la totalidad de las medidas provisionales. Resumió la postura de Londres sosteniendo que el reclamo presupone la calidad de Estado ribereño, que no se acreditó urgencia ni un derecho plausible bajo la Convemar, y que las eventuales pérdidas económicas impactarían sobre los isleños y las empresas inversoras.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
