Tres caballos fueron encontrados sueltos y con signos evidentes de desnutrición el 23 de septiembre de 2026, alrededor de las 19.40, en el barrio Pilar I, de Bariloche. Después del hallazgo, la Fiscalía formuló cargos contra el individuo que los tenía a su cuidado.
Le atribuyó haber puesto en grave riesgo la vida de los animales al omitir darles alimento en cantidad y calidad suficientes en un período que se ubicó entre febrero y el día en que fueron encontrados.
Los informes veterinarios detallaron las condiciones en las que se encontraba cada ejemplar. La yegua mora, de dos años, presentaba lesiones previas que, sumadas a sus escasas reservas corporales, comprometían seriamente su estado general. El caballo tobiano lobuno, de diez años, tenía un déficit nutricional prolongado y su pronóstico era reservado. El tobiano gateado, de dos años, presentaba un cuadro grave, con pérdida extrema de peso, lesiones traumáticas y alteraciones en la piel.
La investigación se inició en septiembre a partir de una denuncia del director de Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche. Para sustentar la imputación, el fiscal del caso Gerardo Miranda citó el acta de inspección y captura, las fotografías, los informes sobre la evolución de los animales y una evaluación veterinaria que estimó cuánto tiempo llevaban en ese estado. También mencionó un informe del Cuerpo de Investigación Judicial y las patentes secuestradas durante un allanamiento en el domicilio del imputado para verificar la titularidad de los tres caballos.
El hecho fue calificado como maltrato animal, conforme a los artículos 1 y 2, inciso 1, de la Ley Nacional 14.346, y le atribuyó al hombre la autoría en los términos del artículo 45 del Código Penal. El fiscal pidió dos meses de investigación y señaló que la única vía de acuerdo que evaluaría sería un juicio abreviado, de acuerdo a la política criminal fijada por el Ministerio Público. Por ese motivo, solicitó que se prescindiera de la audiencia prevista en el artículo 14 del Código Procesal Penal.
El imputado declaró que los animales se le habían extraviado en julio y que seguían perdidos cuando fueron encontrados en septiembre. El defensor público penal Nelson Vigueras cuestionó la precisión con la que la Fiscalía describió la conducta atribuida y pidió cuatro meses para reunir testimonios sobre el extravío y determinar si los caballos estaban a cargo de su asistido durante el período investigado. También expresó su conformidad con que el caso se discuta en un juicio oral y público.
El juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos y fijó el 11 de marzo de 2027 como plazo para la investigación penal preparatoria. Además, dispuso que el imputado informe cualquier cambio de domicilio o de número de teléfono mientras se resuelve su situación procesal.
