Diez días bastaron para que las mismas personas que presentaron una denuncia formal contra Ueno Bank terminaran detenidas por la misma investigación que impulsaron.
La cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) —cinco funcionarios que el pasado 3 de noviembre acudieron al Ministerio Público con más de 200 páginas de cargos contra la entidad colapsada— enfrenta hoy acusaciones de encubrimiento, omisión de controles y connivencia con el desastre financiero que congeló más de un millón de cuentas.
El Banco Central sabía desde diciembre de 2025 y no actuó
El expediente fiscal que sustentó las órdenes de detención es terminante: los directivos del BCP conocían el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y no adoptaron medidas.
En febrero de este año, el cuerpo colegiado ya había recibido alertas sobre el incumplimiento del plan de factibilidad, la modificación irregular de fideicomisos y operaciones con empresas vinculadas al Grupo Vázquez por aproximadamente USD 140 millones. Pese a ello, la entidad continuó captando depósitos del público.
La crisis se precipitó en la madrugada del 3 de noviembre, cuando el Directorio del BCP resolvió por unanimidad el cierre de Ueno Bank tras verificar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50%. La medida dejó a más de un millón de cuentahabientes en vilo.
Las autoridades salieron a prometer la devolución de depósitos hasta el tope legal de 75 salarios mínimos —equivalentes a G. 228.300.000— a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con un plazo máximo de 15 días.
El presidente del BCP mintió al Senado, según la Fiscalía
Carlos Carvallo Spalding, quien presidía el Banco Central de Paraguay, renunció el mismo día del colapso. Días después, su vivienda en el barrio Madame Lynch fue allanada. La Fiscalía lo acusa de haber mentido al Senado y de haber permitido que Ueno Bank continuara captando ahorros pese a las advertencias internas.
Los cargos en su contra incluyen lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada.
Holger Insfrán, superintendente de Bancos, fue detenido el 12 de noviembre tras el allanamiento de su domicilio en el barrio Santa Librada, donde se incautaron unas 500 fojas de documentos. Se le imputa haber omitido medidas cautelares y retrasado la comunicación formal al Directorio sobre la concentración crediticia de Ueno Bank con empresas vinculadas.
Dos miembros del Directorio, capturados en simultáneo
Liana Caballero, con 18 años de trayectoria en la institución y brevemente presidenta interina del BCP tras la salida de Carvallo, fue detenida esta mañana en un allanamiento a su domicilio en Asunción. En forma simultánea, Miguel Mora —otro miembro titular que también ejerció la presidencia interina durante la crisis— fue aprehendido en su residencia de Luque.
Marco Aurelio González, ex procurador general de la República y miembro del Directorio hasta el 4 de noviembre, presentó su renuncia apenas un día después del colapso. No estaba en su domicilio cuando llegaron los allanamientos de esta mañana, pero se entregó horas más tarde en la Comisaría Primera metropolitana. Quedó a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Un dato significativo: antes de su detención, González había advertido públicamente sobre las filtraciones del informe confidencial que el BCP remitió al Senado y alertado sobre posibles consecuencias penales para los responsables de esas filtraciones.
El juicio político a Peña cerró 10 días de terremoto institucional
El derrumbe no se limitó al sistema financiero. El 6 de noviembre, el Congreso Nacional destituyó al ahora expresidente Santiago Peña mediante juicio político, en una decisión directamente vinculada a la crisis de Ueno Bank.
Horas después de abandonar el cargo, Peña fue detenido y actualmente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, investigado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias.
La fotografía que el 3 de noviembre retrató a los directivos del Banco Central de Paraguay entregando su denuncia ante el fiscal general Emiliano Rolón Fernández resume, en 10 días, la magnitud de la crisis: quienes señalaron el fraude terminaron siendo señalados por él.
