Una serie de escuchas telefónicas entreLázaro Báezy Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, el presunto narcotraficante investigado por sus vínculos con el empresario, revela cómo el condenado por corrupción habría continuado impartiendo órdenes desde la cárcel de Ezeiza para administrar y explotar propiedades alcanzadas por medidas judiciales.
Las conversaciones forman parte de una investigación federal por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y maniobras vinculadas al narcotráfico. La Justicia sospecha que Báez mantenía el control de parte de su patrimonio mediante una red de colaboradores, entre ellos Ibáñez y su pareja, Claudia Insaurralde, pese a los embargos y las restricciones sobre sus bienes.
En uno de los diálogos, el empresario deja en claro quién considera que tiene la última palabra en las operaciones: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.
Las grabaciones fueron incorporadas a la investigación que lleva adelante la fiscalía federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según la acusación, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente $390 millones mediante distintas operaciones comerciales y financieras.
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Una de las conversaciones más relevantes se produjo el 5 de octubre, cuando Báez habló con Ibáñez sobre la administración de dos estancias de Santa Cruz: La Entrerriana y Alquinta. Ambos establecimientos figuran entre los bienes identificados por la Justicia para su decomiso en el marco de las investigaciones contra el empresario.
En las comunicaciones, Ibáñez se dirige a Báez como “Tío”, mientras que se refieren a Insaurralde como “Tía”. Durante uno de los intercambios, Báez exige que se respete su decisión sobre las personas encargadas de administrar las propiedades.
“Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo. Yo le había dicho que mandes al que está administrando Entrerriana y que ese designe otro allá”, afirma el empresario.
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Ibáñez le responde que ya tiene dos personas trabajando en esa estancia y le explica cómo les paga. Sin embargo, Báez insiste en que las designaciones deben responder a sus instrucciones.
“Porque la Tía piensa que porque pone gente que ella quiere, después va a hacer lo que ella quiere, ojo con eso”, advierte.
A continuación, ordena que el administrador de La Entrerriana sea trasladado a la otra propiedad y que deje a una persona de confianza en su lugar. “Yo voy a supervisar los dos lados”, remarca.
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En otra conversación del mismo día, el empresario eleva el tono cuando discuten posibles cambios en la administración de los campos.
“No, no me estás entendiendo, porque lo va a hacer, y si no yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”, amenaza Báez.
Las conversaciones son consideradas relevantes para la investigación porque muestran que, pese a encontrarse detenido, el empresario seguía dando instrucciones sobre quién debía administrar los establecimientos y cómo organizar las actividades en su interior.
Las conversaciones con “Budín” sobre el control de las estancias
Las escuchas también registran el grado de confianza que existía entre Báez e Ibáñez, señalado por los investigadores como uno de los posibles responsables de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
En otro intercambio del 5 de octubre, Ibáñez le comunica que tiene preparada una operación relacionada con una de las estancias: “Escuchame, Tío, ya tengo todo, avisame nomás para que el muchacho ponga el gancho y lo manejemos nosotros”.
Báez le pregunta a qué se refiere y su interlocutor aclara que está hablando de Alquinta. El empresario responde: “Ah, sí, sí, bueno, perfecto”.
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La conversación continúa con nuevas indicaciones sobre la intervención de Insaurralde en las operaciones. “Si está desesperada que me llame y me diga qué es lo que necesita”, expresa Báez, antes de cuestionar decisiones que, según sus palabras, podían comprometer a todos los involucrados.
La hipótesis de la fiscalía es que Ibáñez actuaba como uno de los operadores de confianza del empresario, encargado de ejecutar instrucciones y participar en la administración de bienes que estaban bajo la órbita de la Justicia.
Su situación es particularmente relevante porque también aparece investigado en una causa conexa por narcotráfico. Los fiscales buscan establecer cómo se relacionaban ambas estructuras y si existieron conexiones entre sus operaciones económicas.
“El dueño de la historia acá soy yo”: la discusión por los alquileres
Otra de las comunicaciones incorporadas al expediente corresponde al 8 de octubre y está relacionada con el alquiler de inmuebles utilizados por empresas vinculadas a servicios médicos en Río Gallegos.
En la conversación participa un interlocutor identificado como “Tato”, quien menciona una negociación contractual que involucraba a las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa.
Báez interviene para aclarar que Insaurralde ya tenía instrucciones precisas sobre cómo debía resolverse el conflicto: “Acá hay una sola parte, hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara”.
Luego presiona para alcanzar un acuerdo y advierte que, de lo contrario, está dispuesto a terminar el contrato.
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“Hace diez años se vienen haciendo los pícaros”, se queja durante el intercambio.
El empresario también menciona la participación de un contador que trabajaba con ambas partes y cuestiona negociaciones realizadas sin su autorización.
“Acá aprovecharon una oportunidad, empezamos con el problema de Sturtz y después el resto se desvirtuó, porque hicieron participar a otra persona con la cual arreglaron y no tenía nada que ver conmigo. El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, afirma.
Para los investigadores, esta clase de conversaciones aporta elementos sobre la presunta continuidad del manejo comercial de propiedades bajo medidas cautelares, incluso mientras Báez cumplía su condena.
El presunto circuito millonario bajo investigación
Las escuchas forman parte de una causa que se profundizó a partir de las investigaciones sobre una presunta organización narcotraficante que operaba en Santa Cruz.
Tal como informó TN, los investigadores sospechan que una banda transportaba cocaína mediante camiones de una empresa y utilizaba distintos puntos de distribución, entre ellos un lavadero.
Uno de los hombres señalados en esa estructura es Cristian Ibáñez, alias “Budín”, quien también aparece en la investigación patrimonial como un supuesto colaborador cercano de Báez.
El expediente incluye movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones, que la fiscalía vincula con las operaciones de la organización investigada. Entre los bienes bajo análisis figuran estancias, inmuebles destinados a alquileres comerciales, vehículos y propiedades relacionadas con el entramado empresarial de Báez.
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La investigación derivó en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, además de detenciones y secuestros de documentación, vehículos, armas y estupefacientes.
Entre los detenidos se encuentran Ibáñez e Insaurralde, la pareja del empresario, quien tenía facultades para intervenir en la administración de sus propiedades.
La Justicia también dispuso una inspección de la celda de Báez en el penal de Ezeiza para buscar documentación, teléfonos y otros elementos que permitieran reconstruir las operaciones bajo sospecha. Después del procedimiento, el empresario quedó incomunicado.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. Ahora, los investigadores intentan determinar si, incluso desde su lugar de detención, continuó dirigiendo una estructura destinada a explotar bienes alcanzados por embargos y medidas de decomiso.
