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    Destituyen a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora por retener más de $117 millones del Estado

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    Destituyen a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora por retener más de 7 millones del Estado

    El Ministerio de Justicia removió de su cargo a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora, al concluir que no transfirió al Estado los remanentes de recaudación que le correspondían. El perjuicio fiscal quedó fijado en $117.246.510,53, sin contar los intereses que se acumulen hasta que el dinero se recupere. La sanción recayó sobre Marta Elena Castañón, titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.

    Así lo dispuso la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La deuda superó los $117 millones Según el expediente, Castañón no depositó a favor de la Administración Central los fondos remanentes de las liquidaciones de emolumentos. Se trata de la parte de los aranceles que cobran los registros por cada trámite y que, por norma, pertenece al Estado Nacional desde el momento mismo del cobro.

    Agosto de 2024 fue el mes con el mayor faltante: $18.994.258,14. En julio de ese año la deuda llegó a $10.365.253,33, mientras que en septiembre de 2024 y en enero de 2025 los montos no transferidos fueron de $10 millones cada uno. A eso se sumaron $7.539.315,27 en octubre, $7.349.674,10 en noviembre y $8.459.372,65 en diciembre, además de $858.587,17 correspondientes a la primera quincena larga de febrero de 2025.

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    En un primer momento, la instrucción sumarial había calculado el daño patrimonial en $73.566.460,66 de capital. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó luego esa cifra al 15 de septiembre de 2026 y, con los intereses y otros componentes de la deuda, la elevó a más de $117 millones. Los argumentos de la encargada y la respuesta del Gobierno En su descargo, la ahora exencargada negó haber querido quedarse con el dinero o desviarlo.

    Atribuyó la falta de depósitos a un desfinanciamiento de los registros a su cargo, se quejó de que las autoridades nunca respondieron sus reclamos -entre ellos, un pedido para saldar la deuda en cuotas- y planteó que otras seccionales atravesaban problemas similares o gozaban de mejores condiciones, como aumentos arancelarios o beneficios impositivos. El Ministerio no aceptó esos argumentos. Explicó que lo que recauda un registro se divide en dos: por un lado, los emolumentos con los que el encargado cobra su retribución y paga los gastos de funcionamiento; por el otro, los remanentes que deben ir al Estado.

    Las dificultades económicas de una oficina no habilitan a usar fondos públicos para tapar sus desequilibrios, sostuvo la cartera, que recordó que esos costos forman parte del riesgo que asume cada titular. Tampoco prosperó la idea de que se trataba de un caso generalizado. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, sobre unas 1.400 seccionales en todo el país, solo 14 registran deudas, y 10 de ellas ya están bajo sumario.

    El organismo aclaró además que los registros a cargo de interventores propios tienen otra estructura de gastos, sobre todo en alquileres y mobiliario, por lo que no pueden compararse con los que manejan titulares externos. La sanción y las vías para apelar La remoción se fundamentó en el incumplimiento de la obligación de depositar los remanentes dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. La resolución instruyó a las áreas competentes a impulsar las acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, con los intereses calculados al momento del cobro.

    La vía administrativa sigue abierta: Castañón podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles desde la notificación, o uno jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

    Fuente: ambito-nacional — ver publicación original.

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