El tablero de las economías regionales casi no cambió de color en septiembre porque de las 19 actividades que la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) sigue mes a mes, cinco quedaron en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica gracias a una recomposición de su rentabilidad. El índice general se mantuvo igual que en agosto.
En el Semáforo de las Economías Regionales, en rojo siguen la yerba mate, el arroz, el vino y el mosto; el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces. En amarillo quedaron el tabaco, las peras y manzanas, las aves, los porcinos, el maní y las hortalizas. El verde, en cambio, sigue reservado a las cadenas que miran a la exportación o al mercado de carnes, como los bovinos, ovinos, granos, miel y papa.
La ganadería bovina y la ovina ya llevan 19 y 20 meses seguidos con luz verde. El semáforo se elabora desde febrero de 2018 y, en todo ese tiempo, la vitivinicultura estuvo en rojo en siete de cada diez meses, es decir, el 73% del período. Le siguen el arroz, con el 67%, y la lechería, con el 65%.
La racha actual también es elocuente porque el vino no sale de la zona crítica desde enero de 2023, lo que suma 45 meses consecutivos. La yerba mate entró en abril de 2024 y acumula 30. El arroz, desde julio de 2024, ya lleva 27.
El índice general atravesó su peor tramo entre mediados de 2022 y fines de 2024. Desde comienzos de este año se estabilizó en la franja de precaución, pero esa calma promedio esconde que las mismas producciones siguen hundidas mes tras mes. En el caso de la yerba y el vino, la caída ya no puede leerse como un mal año ni como un golpe climático.
Es un deterioro estructural en el que el eslabón primario se queda con una porción cada vez menor de lo que paga el consumidor. Se vende más y el productor cobra menos La paradoja yerbatera aparece con claridad en los números porque el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año, un 8% más que hace doce meses. Las exportaciones crecieron un 10% y llegaron a u$s132 millones, mientras que las importaciones bajaron un 7%.
Aun así, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, exactamente lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual del 33,4%, ese precio congelado equivale a una pérdida real del 25%. Además, quedó un 48% por debajo del promedio de los últimos cinco años.
La participación del productor en el precio final cayó al 16%, cuando su promedio histórico es del 21%. La superficie se mantiene estable, en unas 231.000 hectáreas, pero la producción bajó un 5%, hasta 842 mil toneladas. En la chacra misionera esas cifras se traducen en cuentas que no cierran y un relevamiento hecho a mediados de año sobre la estructura de costos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) calculó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70.
Mientras tanto, los secaderos pagaban entre $240 y $300, según la zona y el comprador, y hacia el final de la zafra hubo operaciones de apenas $170. Jorge Skripczuk, dirigente del sector y referente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero , hizo la comparación con 2023. Ese año, el kilo puesto en secadero valía $210, la cosecha costaba $15.000 por tonelada y el gasoil, $380 el litro.
Hoy la hoja ronda los $250 o $300, la cosecha trepó a $79.000 por tonelada y el gasoil supera los $2.300. Sobre el INYM, dijo que «tuvo aciertos y errores pero funcionaba» y que ahora los productores «estamos a la deriva». El conflicto de fondo es la desregulación debido a que el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 le quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima.
En abril, su directorio rechazó incluso establecer un valor de referencia. Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que el organismo debe dedicarse a la calidad y la promoción, y que la apertura dio resultados en producción, exportaciones y precio al consumidor. En Misiones la lectura es otra y según el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, la economía yerbatera de la provincia perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.
Repartida entre unos 12.500 productores, la cifra equivale a cerca de $115 millones por establecimiento. La provincia había impulsado un precio de referencia de $700 por kilo pero no logró que tuviera fuerza obligatoria. Algunas entidades de productores, además, se quejaron de que ni siquiera las convocaron a esa negociación.
En septiembre, los colonos organizaron un tractorazo desde Andresito hacia Puerto Iguazú, en donde el presidente Javier Milei cerraba una convención empresaria, para entregarle un petitorio. Reclamaron que el INYM recupere sus herramientas de regulación. En el interior de la provincia ya hay chacras en venta o abandonadas.
Muchos colonos apenas mantienen los yerbales a la espera de una mejora y la mano de obra para la tarefa cruza a Brasil, donde la jornada se paga mejor. Tres años con el mismo precio El caso vitivinícola combina los problemas de precios rezagados y un mercado que se achicó. El productor recibe $331 por litro de vino, en septiembre subió un 14% y en un año apenas un 8%, muy por detrás de la inflación, y sigue un 54% por debajo del promedio de cinco años.
Su participación en el precio final bajó al 18%, contra un promedio histórico del 23%, se señaló. La vendimia 2026 cerró en 18,4 millones de quintales, un 8% menos que la anterior, sobre unas 196.000 hectáreas. El consumo interno sigue en retroceso porque cayó a 15,7 litros por habitante por año, un 2% menos.
Las exportaciones bajaron un 9%, hasta USS891 millones y las importaciones subieron un 8%. En Mendoza, la uva común se paga entre $220 y $230 por kilo desde agosto, mientras que el costo de producirla ya supera los $400. Según la Asociación de Viñateros de Mendoza, el precio está prácticamente congelado desde hace tres años y todavía hay productores que no terminaron de cobrar la uva que entregaron en febrero.
Su presidente, Eduardo Córdoba, advirtió que el sector está «en el umbral de un proceso terminal de muchos productores» y recordó que una finca que se pierde difícilmente vuelve a producir. De cara a la cosecha 2027, la entidad le pidió al gobierno provincial créditos con tasas subsidiadas para pequeños y medianos productores, alivio impositivo y planes de pago para las deudas de luz y agua de riego. También planteó firmar contratos de compraventa de uva y armar una mesa de concertación de precios, con la provincia como garante y con costos de referencia del INTA.
A eso se suma el clima porque las heladas tempranas y las lluvias que lavan los tratamientos anticipan pérdidas, mientras el fenómeno de El Niño genera dudas sobre la calidad de la próxima uva. En San Juan el cuadro es todavía más crudo debido a que las dos mosteras que concentran la compra fijaron la uva común en torno a $200 por kilo, el mismo valor de hace dos años, con pagos en cuotas hasta enero de 2027, sin intereses ni actualización. En algunos casos, la uva para bodega se pagó apenas $140.
Según estimaciones del sector, al menos uno de cada cinco parrales quedó sin cosechar porque a muchos productores les costaba más levantar la uva que dejarla en la planta. La pasa, que era una vía de escape, también se derrumbó porque su precio internacional bajó de u$s1,70 a u$s0,80 en pocos meses. «No le veo salida. Esto es una desaparición forzosa de productores a gran escala», resumió Eduardo Sánchez, viñatero sanjuanino.
Ya en el arranque de la vendimia, Alfredo Olivera, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, había anticipado: «Cada uno va a tratar de salvarse como pueda. Algunos sobrevivirán y otros no podrán hacerlo». Por eso los productores mendocinos y sanjuaninos empezaron a coordinar posiciones.
Buscan fijar valores de referencia comunes y presionar en conjunto en los acuerdos por el mosto y la pasa, las dos herramientas que todavía pueden sacar vino del mercado y sostener el precio de la uva. La yerba y el vino son los casos más visibles pero no los únicos. El arroz y la leche también encadenan años en la zona crítica.
La mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces, que pesan sobre todo en el NEA, completan un mapa en el que las economías del interior quedan rezagadas frente a las cadenas exportadoras de la región pampeana.
