El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, visitó este miércoles la Legislatura bonaerense para detallar los alcances de la Ley Impositiva 2027 con diputados y senadores de distintos bloques políticos que integran las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras. Días atrás había hecho lo mismo el ministro de Economía, Pablo López, con los lineamientos del Presupuesto y de la Ley de Financiamiento que envió el gobierno de Axel Kicillof para el último año de su gestión. El Impuesto Automotor es el que trae la mejor noticia para los contribuyentes.
Según la presentación de ARBA, el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos. Se mantienen los cinco tramos de alícuotas, de entre el 1% y el 4,5%, y el pago seguirá dividido en diez cuotas a partir de marzo. Además, se transferirán a los municipios 242.400 vehículos modelo 2016, que representan unos $53.700 millones de la emisión del año próximo.
El Inmobiliario urbano edificado tendrá una actualización promedio del 30,4%. Los tramos de base imponible se ajustan un 31% y el impuesto tendrá un tope equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, que rondaría ese mismo porcentaje. De acuerdo con ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un aumento anual inferior a $50.000.
Los baldíos tendrán una suba similar, aunque sin tope, mientras que para el Inmobiliario rural el ajuste promedio será del 29,3%. En todos los casos, según el organismo, las partidas quedarán por debajo de la inflación. En tanto, Ingresos Brutos no tendrá cambios en su tabla de alícuotas.
Lo que se modifica son los tramos de facturación, que suben un 31%: según ARBA, eso permitirá que 38.000 pymes accedan a una alícuota más baja. En la Gobernación sostienen que los aumentos “acompañan la inflación” y que no implican una mayor presión tributaria en términos reales. El proyecto suma un plan de pagos para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con foco en las pymes, que ofrece hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación total de multas y recargos.
También habilita la rehabilitación de planes de pago caducos en todos los impuestos, de modo que los contribuyentes puedan saldar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término. “Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, resumió Girard después de la reunión. El funcionario aseguró que “no va a haber aumentos para ningún contribuyente” gracias al tope atado a la inflación.
Sobre la patente, explicó que la baja se debe a la caída en los precios de los vehículos: como no se modifica la tabla, muchos pasarán a una alícuota más baja. Según especificó, eso consolida la reducción de este año, cuando tres de cada cuatro propietarios pagaron menos. El encuentro con los legisladores fue, en sus palabras, “muy ameno y fraternal”.
Precisó que hubo dudas sobre algunos números y ARBA se comprometió a enviar información más detallada. Pero aclaró que, como el proyecto “no plantea un cambio sustancial” respecto de 2026, no hubo “grandes señalamientos”. La advertencia más fuerte llegó cuando habló de la recaudación.
Girard describió un escenario de caída en la industria de más del 10%, en la construcción del 15% y en el comercio mayorista y minorista del 7%, sectores que explican casi el 70% de lo que recauda la Provincia. “No vemos signos de reversión de eso, con lo cual es esperable que el año que viene tengamos una caída fuerte de la recaudación”, anticipó. El plan de pagos vigente, que ya va por su segunda etapa y ofrece una bonificación para quienes paguen de contado, suma más de 91.000 adhesiones entre particulares y empresas.
Para el titular de ARBA, ese número es “un indicador de que la situación es muy compleja”: “Ante la dificultad de cumplir con los impuestos, aparece un plan de pagos con algún beneficio y rápidamente se adhieren”. El paquete económico La Provincia prevé un gasto total de $58,65 billones para el año próximo, frente a recursos estimados en $56,5 billones. La diferencia deja un déficit financiero de $2,15 billones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Geográfico.
Para sus proyecciones, el Ministerio de Economía tomó los parámetros del Presupuesto nacional: una inflación del 18% a diciembre de 2027 y un dólar de $1.848. Como el año pasado, Kicillof volvió a mandar la Ley de Financiamiento por separado del Presupuesto. Así, la Ley de Leyes puede aprobarse con mayoría simple, mientras que el endeudamiento queda sujeto a una votación propia, que exige dos tercios en cada cámara.
En la práctica, el acuerdo político se negocia por el paquete completo. Esta vez, el pedido de autorización para tomar deuda es en pesos equivalentes a USD 1.000 millones, y el Gobierno especificó que se destinará a refinanciar obligaciones existentes y continuar con obras de infraestructura. En ese mismo proyecto apareció la novedad que más ruido hace entre los legisladores.
“Créase para el Ejercicio Fiscal 2027 el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad”, señala el artículo 3. Recibirá el 8% de lo que la Provincia consiga con la emisión de deuda: si coloca el máximo permitido, a los municipios les llegarán en pesos el equivalente a unos USD 80 millones, repartidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de 2026. Una vez que el paquete tome estado parlamentario, se prevé que los mayores reclamos tanto dentro del peronismo como en la oposición giren en torno a las obras que se necesitan en los municipios, pero también sobre la necesidad de recursos para gastos corrientes.
El esquema cambia en dos puntos respecto del fondo que surgió de la negociación con los legisladores en diciembre de 2025, y en esos dos puntos se concentrarán los reclamos. Por un lado, en la Legislatura buscarán que el fondo no sea exclusivo para seguridad, sino de libre disponibilidad, para que cada municipio decida por sí mismo en qué gasta sus recursos. Por otro, cuestionarán que dependa por completo de que la Provincia concrete el endeudamiento: el fondo vigente tiene un piso garantizado, de modo que los distritos cobran aunque no se tome deuda.
Los legisladores pretenderán repetir esa fórmula, con un monto asegurado que les dé a los intendentes previsibilidad para administrar y planificar sus gestiones, ya sea para pagar salarios o para encarar obras de infraestructura. Se prevé que los interlocutores del Ejecutivo con la Legislatura sean los mismos de años anteriores: el diputado provincial Mariano Cascallares, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila.












